Fue formulada con un nivel de detalle y de información impresionante. Expuesta con gran despliegue y fundamento. Recibió grandes elogios y concitó apoyos diversificados. Y fue promovida profusamente en los medios de comunicación, como la más importante transformación sanitaria en un siglo.
Todo parecía que, por fin, llegaríamos a la tierra prometida. Pero, de inmediato se movieron, como siempre y con fuerza renovada, los intereses creados que obtienen enormes ganancias a costa de la enfermedad individual y colectiva. Para confundir “aceptaron” su aplicación al régimen Subsidiado.
Se propuso, como una propuesta progresista, su aplicación en el Subsidiado donde está la población pobre del país. Una doble falsedad: 1) más del 80% de los afiliados al Contributivo también son pobres; y 2) tanto la Constitución como la Ley de Seguridad Social proclaman la igualdad de derecho, excluyendo cualquier discriminación.
A pesar del enorme apoyo concitado y de su correcta formulación, la propuesta fue ignorada el 27 de febrero en la Asamblea Nacional. Ese olvido lamentable constituye una posible señal de que, nuevamente, el gobierno ha tenido que subordinar un mandato legal a los intereses mercuriales de las minorías.
Esta omisión presidencial desconoce el Pacto Regional por la Atención Primaria de la Salud, aprobado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el objetivo de alcanzar el derecho universal a la salud, en un esfuerzo colectivo para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030.
Bajo la consigna APS 30-30-30, las naciones de América Latina y el Caribe establecieron planes concretos para eliminar las barreras de acceso a la salud y aumentar en un 30 % el financiamiento del primer nivel de atención para 2030, para ayudar a los países de las Américas a universalizar el derecho a la salud.
Luego de tanto apoyo, resultaría frustrante que el Poder Ejecutivo no impulse el cambio, como establece la Ley 87-01. No sería la primera señal, ya que estudios en curso arrojan resultados muy pobres, y hasta decepcionantes, sobre el funcionamiento de casi 200 centros de atención primaria, luego de una inversión millonaria en su construcción.
El nuevo Pacto es la respuesta inmediata de la OPS a las diez recomendaciones de la Comisión Salud Universal en el Siglo XXI, y constituye un llamado a sus Estados Miembros a acelerar la respuesta regional para lograr la meta de “salud para todas las personas” establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De acuerdo a la OPS, “sin los recursos nunca podremos responder a las diversas necesidades de salud de las personas y comunidades. Sin un primer nivel de atención integral y la participación comunitaria en su gobernanza, nunca podremos cumplir la promesa de la atención primaria, ni alcanzar la salud universal”.
Más recientemente, en un congreso realizado en el país, el presidente del Colegio Americano de Cardiología (ACC), Richard Kovacs, abogó por la aplicación de la atención primaria basada en la prevención para enfrentar la epidemia de enfermedades cardiovasculares que afecta, tanto a los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo.
El atraso sanitario del país se expresa en un bajísimo porcentaje del presupuesto para la salud pública (menos del 2.0%), incluyendo la promoción y la prevención (menos del 5% del gasto). En cambio, los países de la región invierten el 4.2 % de su producto interno bruto (PIB), menos que el mínimo del 6 % recomendado por la OMS, con un 26 % dedicado al primer nivel de atención.
Ojalá que las autoridades saquen del limbo la propuesta de SISALRIL, y el país se encamine hacia la mayor transformación sanitaria en un siglo.