Winston Santos, ministro de trabajo y presidente del CNSS, acaba de informar que la implementación de la atención primaria no fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) porque no hay disponibilidad de presupuesto, ya que se requieren entre 600 y 700 millones al mes.
Además, dijo que tampoco se dispone de dinero para elevar el per cápita de más de tres millones de personas afiliadas al Régimen Subsidiado, y reconoció que tampoco se han cumpliendo otros derechos fundamentales, alegando que la seguridad social tiene un carácter gradual, olvidando que la transición legal concluyó hace 8 años.
La realidad es que los grupos privados que han hecho un gran negocio con la salud de los dominicanos (ANDECLIP y el CMD), nuevamente han doblegado al gobierno. La falta de recursos es sólo una excusa, ya que hace meses el gobierno hizo una intensa campaña a favor de la atención primaria.
Esta decisión del CNSS constituyen un balde de agua fría para casi 8 millones de dominicanos. Confirman la inexistencia de un estado de derecho, en donde los recursos públicos no se asignan de acuerdo a las prioridades establecidas por las leyes, sino para acelerar la acumulación originaria y preservar privilegios de grupos económicos protegidos por el Estado.
¿En qué consiste el autoproclamado progreso del país, si un servicio tan fundamental como la promoción y prevención de la salud, no se ha implementado después de 12 años? ¿Cómo es posible que, con un presupuesto que crece anualmente en más de un 10%, se asigne menos del 2% al gasto público en salud?
¿Cómo justificar la falta de recursos para la atención primaria, cuando el gasto de bolsillo más que duplica el presupuesto público para la atención a las personas? ¿No constituye una falta grave que todavía, después de la transición de 10 años que establece la Ley de Seguridad Social, el país no cuente con un verdadero Plan Básico de Salud?
¿Por qué se utilizan los recursos de la atención primaria para cubrir el costo de los servicios médicos por accidentes de tránsito, a pesar de que la Ley 87-01, los excluye taxativamente del Seguro Familiar de Salud? ¿Cómo reducir la mortalidad materna e infantil sin promoción y prevención primaria?
Ni la salud ni la seguridad social forman parte de las prioridades oficiales
12 años después, se argumenta que no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿y qué es lo que se ha hecho? Elevar la cobertura de manera artificial, haciendo recaer sobre el presupuesto familiar el costo del acceso a los servicios médicos esenciales, y asignándole a los afiliados más pobres y vulnerables sólo 220 pesos, apenas la quinta parte de la cápita del contributivo.
Estas incongruencias y violaciones realmente evidencian las prioridades gubernamentales y cómo se dilapidan los recursos públicos. Según un estudio de Oxfam Internacional durante el año fiscal 2019, el gobierno dominicano ha gastado cinco veces más en publicidad y propaganda que en vivienda social.
Mientras la gran mayoría de la población considera que ha crecido la corrupción y la impunidad, una percepción confirmada por los estudios independientes e informaciones del exterior, se nos dice que no existen recursos para sacar al sistema de salud del colapso y la ineficiencia permanente.
El peso del empleo público en la fuerza laboral es 32% mayor que el promedio de 15 países objeto del mismo monitoreo en América Latina, una enorme hipertrofia objetivamente documentada con la existencia de múltiples nóminas, nominillas, cofrecitos y botellas. Es una pena que un presidente que prometió “hacer lo que nunca se ha hecho”, 8 años después concluya “haciendo más de lo mismo”.