Hemos gastado el equivalente a 20,000 millones de dólares en nuestro sistema educacional durante siete años, es decir el 4% del PIB cada año, pero el propósito no fue construir más escuelas, aulas y sus muebles, aunque se logró. El propósito tampoco fue aumentar los salarios de los maestros, aunque se logró. El propósito tampoco fue el que los alumnos pasaran más tiempo en la escuela, a través de la tanda extendida, para que tuvieran más oportunidad de estudiar y pudieran alimentarse mejor, comiendo en la escuela por cuenta del gobierno y, sobre todo, que sus madres pudiesen trabajar por las tardes, al no tener que cuidar a los niños, pero se logró.

El propósito principal sí fue mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos, pero la publicación de las pruebas Pisa muestra que definitivamente ese propósito básico no se ha logrado. El examen o prueba Pisa se realizó en el 2018 en 79 países, ninguno de los cuales está ubicado en África. En América Latina y el Caribe estuvieron diez de ellos: Argentina, Chile, Uruguay, Trinidad y Tobago, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil y República Dominicana. Entre los 79 países quedamos últimos en matemáticas y ciencias y penúltimos en lectura. En las tres categorías hemos sufrido un gran fracaso. Tomaron el examen 6,000 de nuestros estudiantes de 263 escuelas entre ellas 82% públicas y 18% privadas.

La presidenta de la Asociación de Profesores (ADP) reaccionó diciendo que nuestro país no cuenta con la capacidad para competir en Pisa. Solo le faltó proponer que no tomáramos el examen de nuevo, como avestruz que entierra la cabeza en la arena. Nuestro ministro de educación opinó que el progreso solo se logrará a mediano y largo plazo. ¡Vaya consuelo! Pero Perú, invirtiendo menos del 4%, en pocos años ha sacado mejores notas en ese examen.

La realidad es que el problema principal, pero también el más difícil de resolver, es la calidad de nuestros profesores, quienes no se sienten incentivados para mejorar su enseñanza y mucho menos temen ser penalizados por no hacerlo. El próximo gobierno, si es de la actual oposición, enfrentará tremendo problema frente a este sindicato que es parte del PLD y que, como el mismo PLD, actúa como una corporación. Los salarios de los maestros han aumentado, pero no así la calidad de lo que enseñan. Los centros de enseñanza de nuestros maestros, no han podido abarcar a suficientes maestros. El Instituto Superior de Formación de Docentes Salome Ureña (ISFODOSU), que cuenta con 70 maestros extranjeros, funciona muy bien y de allí salen buenos profesores, pero solo gradúa 1,000 al año, cuando contamos con 100,000 maestros. Ya algunos plantean que importemos profesores venezolanos, cubanos o españoles. Un ejemplo a seguir es el Liceo Científico Dr. Miguel Canela en la provincia Hermanas Mirabal, auspiciado por la sociedad civil y el ministerio de educación, la mitad de cuyos profesores son extranjeros y donde los alumnos salen muy bien educados. En una ocasión, a principios de los años cuarenta del siglo pasado, una tercera parte del profesorado de la UASD eran refugiados republicanos españoles,  probablemente su mejor momento. Los maestros de primaria y secundaria de nuestras escuelas públicas a cada rato hacen que el sindicato se reúna en horas de clase, en vez de fines de semana, lo que evidencia su poco interés por el futuro de los pupilos, algo muy  diferente a la misión de Salomé Ureña, sus compañeras y su mística y pedagogía.

La aplicación del 4% del PIB solo ha servido, hasta ahora, para mejorar la calidad de la vida de los maestros y de los estudiantes y sus madres, lo que implica que hasta ahora ese 4% ha resultado ser un programa de política social, pero no de enseñanza.