El candidato que salga nuevo presidente de la República para el período 2020-2024, tendrá una agenda política, jurídica y económica con poco margen para inventar o intento de continuar con el mismo modelo económico de Leonel-Danilo. En mi caso, deseo y aspiro que nuestro candidato Luis Abinader sea el favorecido por el voto popular, y es muy posible que sea el próximo presidente de la nación. El pueblo está cansado de la continuidad del PLD y aspira a un cambio de política y a un cambio generacional.
En el 2020 el país entrará en un nuevo proceso de ajustes en las políticas públicas y tendrá que realizar profundas modificaciones al modelo de crecimiento económico basado en déficit fiscales financiados con endeudamiento público, mejorar los servicios sociales e implementar una política de aumento de la producción nacional y las exportaciones. También un ajuste social es necesario, con aumentos de salarios, mejoría en la seguridad social y el costo de la vida. Será indispensable cambiar la viabilidad fiscal de la economía, mediante una reforma fiscal integral, por el lado de los ingresos y los gastos.
A mi juicio, una de las primeras prioridades debe ser la realización de modificaciones en el sistema judicial que garanticen la independencia de la Justicia de las presiones políticas, que concluyen en impunidad, privilegios y malas influencias. La agenda jurídica debe tener la prioridad de luchar contra la corrupción y la impunidad y debe tener el objetivo concreto de tener una Justicia independiente y financieramente autónoma.
Esto requiere modificar la base jurídica del Colegio Nacional de la Magistratura, para sacar como miembro-presidente al presidente de la República. Igualmente, la designación del Procurador de la República debe ser hecha por el Colegio de la Magistratura, igual que los Fiscales, no por el presidente del país, sino es su subalterno político. Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y otros, el presidente del país no es miembro el Colegio de la Magistratura, que es libre, independiente y formada por jueces, políticos y académicos.
La política social debe ser modificada y actualizada totalmente, para que sea fuente de servicio y bienestar, y no instrumento de clientelismo político, dependencias y manipulación de la pobreza. Creo que el llamado Gabinete Social debe ser trasladado de la vice presidencia, y del Palacio, porque entonces siempre estará viciado de favoritismo y de la política. En ningún país la vicepresidencia maneja recursos por RD$ 28,000 millones al año, a través de otorgar diferentes tarjetas de asistencialismo, apoyado por organismos internacionales como el BIB, Banco Mundial y otros. Eso es política. Esas entidades no deberían financiar programas tan politizados y de clientelismo.
Eliminando tres ministerios e institutos y centros y/o fusionándolos, se puede crear un Instituto de Desarrollo Social, que incluya todos los programas de asistencia social de manera apolítica, más profesional y con una burocracia técnica especializada. De esta manera se sacan y trasladan los programas sociales de la vicepresidencia y se convierte en una institución autónoma con un Consejo Directivo mixto con miembros especialistas, para que la política no incida en el tratamiento de las tarjetas a los beneficiarios.
Respecto a los programas sociales de las tarjetas las mismas deben ser auditadas para determinar bien cuántas realmente van dirigidas a los pobres, y no a los compañeritos políticos del PLD. Hay que cambiar un poco su filosofía para crear incentivos y crearles empleos a los tarjetahabientes, para que no dependan indefinidamente de los subsidios sociales, sino que sea un programa transitorio hacia el empleo, la superación personal y el bienestar. Hay programas de asistencia que se duplican y planes no muy claros, todo lo que requiere de investigación, reformas y real transparencia pública.
La agenda de la política económica está determinada por dos motivos u objetivos: una, la realidad económica actual, y dos, por la necesidad de cambios y nuevas metas económicas y sociales, de aumento de la producción y las exportaciones, la creación de empleos y la mejoría en los salarios mínimos públicos y privados. Es esencial que la nueva política económica y el crecimiento beneficien a más personas, para disminuir la pobreza y reducir la desigualdad social a través de un desarrollo equitativo.
La primera prioridad es la reforma fiscal integral y el cambio de modelo de crecimiento con deuda y déficit presupuestarios permanentes. Esto es inviable y una bomba de tiempo. Algunos cambios deben ser inmediatos, otros más graduales. La reforma fiscal la debe realizar el gobierno en consulta con sectores interesados, pero no debe ser un pacto nacional por consenso. Eso solo dilataría tres años o más la reforma. El gobierno tendrá el mandato de actuar rápido e implementar reformas estructurales en diversos sectores.
Por el lado de los ingresos tributarios se deben revisar aspectos del código tributario y leyes especiales, en aras de aumentar las recaudaciones y beneficiar la producción y los servicios privados. El combate a la evasión impositiva debe mantenerse, quizás con mayor equidad, e igualdad de persecución de la evasión de políticos, altos empresarios, militares y a la delincuencia organizada y narcos.
Los incentivos fiscales deben prevalecer, son fundamentales para el aumento de la producción, el turismo y zonas francas. Sí se pueden racionalizar, disminuir en casos-sectores y buscar mayor recaudación de por lo menos RD$ 30,000 millones en el primer año. El nivel de recaudación potencial del llamado sacrificio fiscal es muy poco, porque los incentivos van dirigidos al consumo de la canasta básica, al turismo, zonas francas, combustibles, generadores eléctricos, exportaciones y viviendas. Personalmente creo en la política desarrollista de incentivos fiscales selectivos y regulados, para aumentar la producción, las exportaciones y el empleo.
Hay que eliminar el déficit fiscal que ronda en RD$ 76,000 millones cada año, a la mitad el primer año presupuestario, mediante una combinación de aumentos de ingresos tributarios, y reducción de gastos superfluos y botellas y reorganización gubernamental. El nivel de inversión pública se debe mantener entre 3-4 % del PIB, para sostener el apoyo al crecimiento. Pero el verdadero crecimiento debe provenir del sector privado nacional y la inversión extranjera. La tarea del gobierno es sanearse y mantener la estabilidad.
Para el segundo año el presupuesto nacional debe estar equilibrado. La eliminación del déficit presupuestario es la única forma de disminuir la dependencia y los montos requeridos de nueva deuda pública. Se requiere implementar un programa fiscal de cuatro años para cambiar sin traumas el modelo fiscal dependiente de la deuda.
Por el lado del gasto, es necesario implementar un programa de reducción y fusiones de institutos, centros, ministerios y agencias innecesarias que se duplican en funciones con las labores de los ministerios. Se puede reducir mediante una reforma del aparato burocrático del Estado entre el 10 % al 20 % del gasto presupuestario, sin caer en políticas de austeridad o de reducción del crecimiento. De todas formas el 85 % del crecimiento depende del sector privado, no del público.
La política monetaria y cambiara deberá mantenerse, con ligeros cambios de énfasis y dirección. Pero la alta prioridad de la estabilidad macroeconómica se mantiene con una moderada política monetaria y crediticia que beneficie al desarrollo del sector privado productivo. La política de bajas tasas de interés debe mantenerse, porque es la adecuada, así como la política de tasas de interés. La meta monetaria-inflación es la prudente. Considero necesario introducir parte del viejo sistema de encaje legal selectivo para orientar más el crédito bancario hacia la producción, vivienda, exportaciones y servicios.
Un gran tema será la reforma del déficit cuasi-fiscal y el alto inventario de certificados emitidos por el Banco Central, que ya han pasado los límites prudentes y se han convertido en una deuda pública en crescendo. Se lleva más de un año preparando una nueva Ley de Capitalización del Banco Central a 50 años, pero se desconoce la modalidad de sanear dicho déficit, y la deuda global. Se requiere de un estudio profundo y transparencia del nuevo proyecto de ley, porque poco o nada se conoce. Cualquier plan que se aplique debe coordinarse con el FMI, por ser una medida muy sensible. Pero sin duda, la solución del déficit cuasi fiscal y la deuda emitida es parte de la agenda.
También será necesario reformular al banco de exportación Bandex y modificar su ley orgánica, para hacerlo un banco mixto y de segundo piso. Igualmente hay que reformar a Pro-Industria, para que junto con Bandex tenga un rol determinante en fomentar la producción exportable y los créditos de pre y post embarque. Sin financiamiento de mediano y largo plazo de desarrollo, no se podrá aumentar la producción exportable. Los programas de Mipymes deben continuar y ser ampliados, pues son muy necesarios para el crédito a la mediana y micro empresa.
La política monetaria y el Banco Central deben apoyar más a las nuevas figuras financieras de los Puestos de Bolsas, Fondos Mutuos, Fondos de Inversiones, Fondos de Inversiones Inmobiliarios, las SAFI´s, las Fiducias, y la canalización de créditos e inversiones de la AFP´s. Se ha progresado bastante, pero queda mucho por definir y mejorar para la consolidación y mejor provecho de estos nuevos instrumentos de canalización del ahorro interno hacia las inversiones productivas creadoras de empleos. Hay demasiada intermediación en tesorería, pero falta más en créditos e inversiones.
Estos son a grandes líneas algunos de los principales temas de la agenda 2020-2024. Quedan las propuestas sectoriales para la industria, zonas francas, turismo, energía, combustibles, agricultura, viviendas y construcciones. Pero este artículo aspira a despertar interés en la necesidad de nuevas reformas a partir del 2020, en particular la reforma fiscal integral y el cambio de modelo económico.