El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a designar a los miembros de las Altas Cortes sin tomar en cuenta una serie de recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Coalición por una Justicia Independiente.
Se ha informado que este martes 21 de diciembre el CNM sesionará para llevar a cabo la elección, que se basará en las entrevistas realizadas a los candidatos y en las hojas de vida de cada uno. Nada se ha informado sobre otras fuentes de información a las que pudo tener acceso el CNM para realizar una depuración más cuidadosa de los aspirantes, como por ejemplo el nivel de vida que exhiben los aspirantes en relación con lo que han declarado a la Dirección General de Impuestos Internos.
El CONEP y la Coalición pidieron realizar una preselección con los datos obtenidos hasta ahora, y publicar los nombres de los preseleccionados, a fin de permitir que sobre un número más manejable, la ciudadanía pueda participar informando al CNM sobre las experiencias que cualquier haya podido tener con ellos, o para permitir que los datos de cada uno de los preseleccionados pudiera ser investigado más cuidadosamente, con mayor profundidad. Es mucho más fácil investigar a cincuenta personas que a doscientos ochenta y seis. Tratándose de personas que tendrán en sus manos la suerte de la justicia, todo esfuerzo es necesario.
El viernes pasado el CNM escuchó a los presidentes de Salas de la Suprema Corte de Justicia, quienes presentaron las evaluaciones que hicieron sobre los miembros de sus respectivas salas. Estos informes de inmediato pasaron a ser parte de aquellos datos que no se pueden divulgar. La ciudadanía sí puede enterarse de las evaluaciones de desempeño de todos los jueces del país, pero no de los de la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto es transparencia? No se ofende la dignidad de ningún juez, por más encumbrado que esté, porque se divulgue su evaluación, la cual es obligatoria de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial. De hecho, las evaluaciones de todos los demás jueces figuran en la página en internet de la Suprema Corte de Justicia, como debe ser.
Se anticipa que el acta de la sesión de votación no contendrá datos fundamentales como por ejemplo, quién propuso dentro de las sesiones de votación a los aspirantes finalmente escogidos, o por quien votó cada quién, que son datos que todos tenemos derecho a conocer y que ocultarlos sólo contribuye a dar fuerza a rumores de todo tipo.
Muchos creen que el tema terminará cuando se divulguen los nombres de los escogidos, cuando la realidad es que lo único que ocurre es que se entra en una segunda etapa en lo que respecta al ejercicio del derecho ciudadano a participar. Habrá que revisar los Cv de cada uno de los escogidos, volver a escuchar sus entrevistas, compararlos con otros no escogidos y muy probablemente se abrirán interrogantes de cómo pudo llegar una persona por encima de otra mucho más calificada, y habrá que investigar para llegar a una respuesta.
De seguro ocurrirá que algunas de las personas escogidas llenarán todos los requisitos y recibirán la aprobación general, como ha ocurrido en el pasado, pues son escogidas para que ayuden a legitimar a aquellos que son introducidos con finalidades que no pueden ser reveladas. Esas personas deben ser detectadas para poder darles debido seguimiento, sin importar qué intereses pretendan proteger, si partidarios, empresariales o de cualquier otro sector específico. Nadie debe ir a las Altas Cortes a defender intereses particulares o sectoriales de cualquier naturaleza.
En otras palabras, luego de la elección queda mucho trabajo por hacer.