Fue asombrosa la intención del embajador de Haití en República Dominicana de minimizar el ataque por una turba al consulado dominicano de Anse-A-Pitre, hecho que no tiene precedentes históricos en nuestra era republicana y en la región latinoamericana.
Ante la gravedad que reviste este hecho, el embajador Fritz Cineas en vez de acusar a la prensa dominicana de maximizar los hechos, debió anunciar que su gobierno iniciaría una rigurosa investigación de lo ocurrido y la subsecuente promesa de que daría la protección necesaria a los consulados dominicanos fronterizos.
Ese sería el comportamiento adecuado según las normas diplomáticas apegadas al derecho internacional moderno. Sin embargo, la actitud asumida por el gobierno de Martelly ha sido frustratoria, alentada por el silencio cómplice de los múltiples organismos multilaterales y ongs que han mostrado una gran preocupación por el tema de la relación entre los dos países.
Opinamos que más que una nota diplomática de protesta, la Cancillería dominicana debe llevar el caso al seno de la Organización de Estados Americanos, que en estos momentos debe exhibir su imparcialidad en el tema haitiano, ante su deteriorada credibilidad. También debe cerrarse temporalmente el consulado dominicano atacado, y proteger los demás consulados dominicanos fronterizos.
Hasta ahora no ha habido respuesta satisfactoria de las autoridades haitianas que han tratado el tema con olímpica irresponsabilidad, ante la exigencia mínima del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), por lo que cabe la duda razonable de que no hay garantía de que esos hechos no vuelvan a ocurrir.
No es necesario recordar que de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, el Gobierno haitiano está obligado a dar seguridad al personal diplomático y consular dominicano acreditado en el país.
También la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, que en su artículo 31 numeral 3 dice lo siguiente: “Con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, el Estado receptor tendrá la obligación especial de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los localesconsulares, con arreglo a las disposiciones de los párrafos anteriores, contra toda intrusión odaño y para evitar que se perturbe la tranquilidad de la oficina consular o se atente contra sudignidad”.
El canciller de la República Dominicana, aseguró que las autoridades dominicanas trabajan “para que una situación como esa no vuelva a repetirse en territorio haitiano respecto a las misiones que tiene en Haití”, sin embargo esas palabras debe decirlas el propio presidente de Haití.
Hasta ahora lo que vemos es un silencio preocupante por parte de las autoridades haitianas. Una actitud que contradice la buena fe que debe existir en las relaciones diplomáticas, principio adaptado por el Sistema Interamericano.