El informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Política Social: Capacidades y derechos, en uno de sus párrafos expresa lo siguiente: "El desarrollo humano debería ser una cuestión de derechos, no de poder. El Estado de derecho es débil y defectuoso, muchas leyes no se cumplen y no pasa nada, la violación de leyes no son justiciables y además existen pocos mecanismos institucionales de rendición de cuentas".
Es el imperio de la ley, no el de la fuerza, el que debe predominar para alcanzar un verdadero Estado de derecho. Si las autoridades no hacen cumplir las leyes no se puede pregonar que existe seguridad jurídica.
La justicia dominicana sigue atemorizada por una elite política y empresarial que busca impunidades y complicidades de toda índole. Transformar esa realidad es una cuestión de voluntad política.
Si la ciudadanía no tiene garantía de que se cumplan las leyes, el Estado de derecho se convierte en inexistente y pasa de manera inmediata a reinar el "sálvese quien pueda".
El 83% de la población dominicana considera que la justicia funciona mal, según un estudio elaborado por FINJUS y Participación Ciudadana en el año 2007. Y es que si bien la justicia dominicana ha avanzado, todavía el limitado acceso, el alto costo, la impunidad y la lentitud siguen estando latentes.
Ya tiene más de 1 año de proclamada la constitución dominicana y todavía no tenemos Tribunal Constitucional ni Electoral. El fortalecimiento institucional depende de instituciones como éstas, aunque importa poco crearlas si los nuevos actores judiciales siguen comprometidos con esa clase dominante.
Lograr una justicia institucional y garante de los derechos humanos es una tarea pendiente para transformar el sistema de justicia dominicano. Sin una justicia independiente no hay progreso posible, ni mejor país para todos.