Es justo celebrar que el gobierno decidiera escuchar el clamor de los campesinos de El Seibo que marcharon a pie hasta Santo Domingo hace dos semanas buscando la justicia que les ha sido negada sistemáticamente en los últimos años, al punto de haber sido desalojados de predios que cultivaban hace décadas, aunque nunca tuvieran en sus manos un título de propiedad.
|Celebremos que alguien se conmovió en el Palacio Nacional y el ministro administrativo de la Presidencia inició un diálogo con representantes de toda una comunidad de cientos de familias de San Francisco Vicentillo y La Culebra, municipio de El Seibo que disputan unas 20 mil tareas con un terrateniente de la zona, con poderes tan altos que el año pasado auspició la destrucción de las casas, sembradíos y bienes de tantos agricultores.
Un informe oficial indica que el ministro José Ramón Peralta dedicó el martes más de una hora a escuchar los reclamos “creando las bases para una posible solución a la problemática” y que el gobierno tratará de hacerlo en el marco de la ley y de la dignidad de las personas involucradas.
Fue lo que debieron hacer las autoridades antes que decenas de esos campesinos vinieran a acampar en las inmediaciones del Palacio Nacional, clamando porque el presidente Danilo Medina cumpliera la promesa que les habría hecho el 10 de junio del año pasado, cuando visitó la zona, de que una comisión trabajaría para la titulación definitiva de los predios en conflicto. El reclamo ha ganado amplio apoyo de la comunidad seibana, incluyendo a sacerdotes y pastores.
La negligencia frente a un problema social que motiva amplia solidaridad humana permitió el desalojo ejecutado el 6 de septiembre del 2018, que ha dejado en brutal desamparo a tantas familias que no tienen otro medio de sustento.
Pero abriguemos ahora optimismo de que se hará justicia a estas familias, que enarbolan el decreto 486 emitido en 1975 por el presidente Joaquín Balaguer, donde declara de utilidad pública al menos una parte de los terrenos donde ellos se habían asentado, que según su parecer eran comuneros, pero que reclama el cubanoamericano Pedro Guillermo Varona, quien aduce títulos de propiedad sobre gran parte del área, lo que avala la Asociación de Hacendados. .
Es inconcebible que las autoridades del Instituto Agrario Dominicano no hayan precisado públicamente la situación legal y social de los terrenos, guardando silencio durante tanto tiempo, al igual que el presunto propietario.
Es lamentable que esperaran que los campesinos peregrinos de El Seibo ganaran tanta solidaridad y simpatías en la opinión pública para buscar una solución humana y digna, que en cualquier caso tiene que implicar el amparo público. Alguien tiene que verificar el origen de la presencia de los campesinos en los terrenos y de los reclamos del terrateniente. Y si éste tiene razón sobre parte de esos terrenos, como se ha alegado, que el Estado le ofrezca la compensación que corresponda, dando siempre prioridad a los campesinos. Seguramente el costo será menor que lo que cobran en un solo día la corrupción y la malversación de los fondos públicos, tan ampliamente documentado por el reciente informe de Oxfam.
El Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria ha implorado por una solución justa y humana al conflicto, en este año en que se conmemora medio siglo de una carta pastoral de Monseñor Juan Félix Pepén, quien fuera un ilustre y sensible primer obispo de Higuey, donde abogaba por los derechos de los agricultores de la región, víctimas de la voracidad de los más poderosos.
Basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, monseñor Pepén ratificaba la preocupación por la suerte de los campesinos, “porque quien carece de lo necesario para una vida digna, no está en condiciones de ser un buen cristiano”. Exhortaba a los campesinos a unirse para defender sus derechos, mientras pedía a los gobernantes, legisladores y personas de buena voluntad que se apresuraran al estudio del problema rural dominicano para encontrar soluciones que aseguren el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
Esperemos que el presidente Danilo Medina haga ese esfuerzo, sería una forma de honrar la memoria de su recién fallecido padre, Juan Pablo Medina, a quien èl mismo definió como gran trabajador, de profundas convicciones cristianas, que lo llevó a conocer las necesidades de los campesinos dominicanos.-