El Poder Judicial confronta serios inconvenientes para ofrecer un servicio oportuno, de calidad y confiable, y aunque la actividad de unos pocos jueces corruptos y la politización de otros ha contribuido a ello, no cabe duda de que la falta de recursos económicos es una de las principales razones, afectando en su buen nombre, imagen y dignidad a todos los jueces, sin excepción, lo que les otorga el derecho a reclamar una solución justa al problema.
He leído y escuchado a jueces hablar de que la justicia merece justicia, pero hay que recordar que el que no recibe justicia debe reclamarla. También en estos temas presupuestales aplica el principio de justicia rogada, pues lamentablemente el Poder Ejecutivo y el Congreso no asignarán los fondos que merece la justicia sin el reclamo correspondiente.
Desde la sociedad civil se trata de una vieja lucha, pero no se nos ha escuchado. Es justo, lógico, razonable, correcto, que a esta lucha por un mayor presupuesto para la justicia se sumen los responsables de aplicar justicia, es decir, los jueces y juezas del país, y todo el personal administrativo del Poder Judicial.
Pero el reclamo no puede hacerse por todos los medios pues hay que proteger la dignidad de la función, pero sobre todo se debe proteger a quienes no tienen la culpa de lo que ocurre: los usuarios de los servicios judiciales.
Los método que utilicen los jueces y personal administrativo del Poder Judicial para reclamar que se asigne al Poder Judicial los fondos que la ley ha fijado, no pueden entorpecer el servicio judicial. Y no se requiere llegar a esos extremos, como se demostró con la campaña por el 4% para la educación, a través de métodos que no perjudicaban los servicios educativos ni a la ciudadanía de cualquier forma.
La actividad realizada este lunes 1 de agosto, donde en cada departamento judicial, frente al Palacio de Justicia, se reunieron los jueces con sus togas y birretes a leer un manifiesto reclamando la entrega del 2.66% del presupuesto nacional para el Poder Judicial, y luego se reincorporaron a sus trabajos, me pareció una forma correcta de comenzar una lucha que no debe consumirse en un solo acto si desea tener resultados concretos.
Corresponde ahora a los jueces diseñar métodos novedosos, creativos para hacer llegar su reclamo ante el juez de la opinión pública, para que éste se encargue de juzgar a los responsables de cumplir o incumplir la Ley 194 del 28 de julio de 2004.
Esta ley que regula la Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Legislativo y la Cámara de Cuentas, establece en su artículo 3 que corresponderá al Poder Judicial el 2.66% de los ingresos internos del Estado establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de cada año.
Si examinamos el presupuesto en curso, el total de ingresos ordinarios, excluyendo préstamos, alcanzó los RD$490,298 MM (490 mil millones), de lo que por ley debió corresponderle al Poder Judicial la suma de RD$13,041.9 MM (trece mil millones), pero el Poder Ejecutivo envió al Congreso, que aprobó, un presupuesto para el Poder Judicial de RD$6,022 millones (seis mil millones), lo que implica una reducción de más de la mitad de lo que le corresponde por ley. Para ser especifico se le redujo la suma de RD$7,000 MM (siete mil millones).
El procedimiento que establece la Ley 194/04 señala que el Poder Judicial remite su presupuesto a la Dirección General de Presupuesto, para ser incluido en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que es enviado cada año al Congreso. La Ley señala que los porcentajes establecidos en la misma no podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo, “salvo que las estimaciones y situación económica del país determinen una merma o disminución de los ingresos, en cuyo caso la entrega de las partidas presupuestarias correspondientes serán proporcionales a la de los ingresos estimados.” Este texto ha sido violado consuetudinariamente por el Poder Ejecutivo desde el año 2004.
Al final de la cadena es la población la que se perjudica con la falta de un presupuesto adecuado para el Poder Judicial, pues recibe un servicio ineficiente, con pobre acceso, pero también los jueces, que como seres humanos tienen limitaciones que no pueden superar por escasez de personal, de equipos y tecnología, de capacitación, de espacio físico y de tantas otras necesidades que requieren recursos económicos, además de sacrificio, vocación y entrega.
Esos seres humanos que les ha tocado la enorme responsabilidad de impartir justicia, son los primeros interesados en que existan las condiciones necesarias que hagan posible su trabajo y no debe limitarse su derecho a reclamar que se haga justicia a la Justicia.