Luego de casi 19 años de la promulgación de la ley núm. 87-01, que crea el sistema de seguridad social dominicano, recientemente fue promulgada la ley núm. 13-20, que introduce unas serias modificaciones en el sistema que en alguna medida benefician a los trabajadores, aunque algunos de los vicios del sistema se mantienen intactos. Lo mejor de esta ley es que procura incorporar más trabajadores que por múltiples factores no formaban parte del sistema.
La reciente modificación a ley de seguridad social necesariamente nos pone en perspectiva del presente que queremos para nuestros adultos mayores y el futuro que necesitamos garantizarnos, justamente al inicio de un nuevo decenio y en un punto de inflexión del sistema político, provocado por la pronta y grata salida de la generación del 96 del poder.
La experiencia de Chile respecto al sistema de pensiones fundamentado en la capitalización individual, tomando en cuenta que es un país con mayor institucionalidad y con un salario mínimo superior al dominicano (US$438 frente a US$332.26), no ha probado ser la panacea y necesariamente tiene que llamarnos a la reflexión del sistema de pensiones que también hemos adoptado.
Los millenials que están algo enterado sobre el sistema de pensiones, siguen pensando que este sistema es el mejor, cuasi perfecto; pero estoy seguro que se debe porque aún no nos ha tocado ver a nuestros padres o alguna generación mayor a nosotros comenzar a recibir las futuras y seguras exiguas pensiones que habrán acumulado durante su capitalización individual.
Una parte de la clase media de tercera edad tiene evidentes ventajas frente a quienes reciben menos ingresos durante su vida productiva, pudiendo vivir dignamente de la renta de sus ahorros e inversiones, siendo las pensiones algo secundario. Pero el sistema de pensiones, como parte de la red de protección y garantía de la vida digna de los adultos mayores, no debe tener como bisagra esa realidad, que es la minoritaria en nuestra población.
Dura realidad será la que enfrentarán los adultos mayores que solamente tengan el ingreso de la pensión capitalizada y el favor de sus familiares, si los tienen. Y a esto se le suma la timidez del Estado en ampliar y garantizar la cobertura del seguro de salud básico a los envejecientes, es decir, justamente cuando más se necesita cuidado y protección por parte del sistema sanitario, los adultos mayores quedan abandonados.
El artículo 57 de la Constitución establece la obligación y el compromiso estatal de garantizar los servicios de una seguridad social integral a las personas envejecientes. Este compromiso y derecho fundamental de los adultos mayores, necesariamente implica una revisión más profunda del sistema de seguridad social que el país adoptó en el 2001.
Antes que termine esta década tendremos las primeras personas que podrán acceder a las pensiones que han venido capitalizando con las Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs). No hay que llegar a este momento para que chocar con la dura realidad del sistema.
Para iniciar esta discusión tan importante, debemos iniciar con una pregunta necesariamente compleja: ¿el actual sistema de seguridad social verdaderamente garantiza el derecho a la salud de todas las personas por igual y permite prever que cada trabajador obtendrá una pensión digna al momento de su jubilación?
No sé si el sistema de reparto necesariamente sea el mejor, pues como todo lo humano, no es perfecto; pero lo cierto es que nuestro sistema actual no va responder bien cuando esta generación y la de sus padres esté en sus momentos más vulnerables.
Discutir y reformar integralmente el sistema de seguridad social es un imperativo moral, pues, parafraseando a John Rawls, a cada generación debe mantener y fortalecer las ventajas culturales y sociales que han fomentado y creado, así como también garantizar la preservación de aquellas instituciones eminentemente justas para estas y para las futuras generaciones (Rawls, 2005: 285).
La sociedad dominicana debe avocarse a un debate profundo sobre el sistema de seguridad social, ahora y no cuando solo nos queden los lamentos. Garantizar pensiones dignas y lograr un seguro universal de salud debe ser la meta de todo sistema de seguridad social y hacia allá debemos centrar las discusiones en los próximos años.