“Ya nadie jode con eso.” Estas fueron las palabras de Juan, [seudónimo] cuando le preguntamos si no le teme a una posible sanción por desobedecer el impedimento de limpiar vidrios en las vías públicas. (Av. 27 de Febrero esq. Av. Abraham Lincoln, Santo Domingo de Guzmán, D.N.)
La medida adoptada por las autoridades de remover los conocidos limpiavidrios y vendedores ambulantes de las intersecciones principales del polígono central, así como a los parqueadores que se apropian de los espacios públicos, constituyó una conquista en materia de tránsito vehicular. Esto, en razón de los inconmensurables perjuicios que estas prácticas suscitan, agravando la afligida situación en las vías públicas. Además de obstaculizar la locomoción, son sobradas las anécdotas de agresiones a vehículos y personas, por desaprensivos sociales que procuran penalizar a aquellos que se rehúsan a pagar las dadivas requeridas.
Aunque implementaron la prohibición incisivamente durante varios meses, recibiendo un merecido espaldarazo de una sociedad agobiada por las agresiones, hoy en día, el esmero de las autoridades parece haber mermado, y nos reencontramos con avenidas inundadas de estos trabajadores ambulantes. Esta disposición parece haber satisfecho su cometido social y popular, y paulatinamente se eclipsa aquel pronunciamiento de las Autoridades Metropolitana de Transporte (AMET), que tantos aplausos le mereció.
Al igual que ésta, el fracaso de profusas políticas públicas en nuestro país obedece a la falta de continuidad en su implementación, fundamentada en el desinterés y apatía de las autoridades llamadas a ejecutarlas, y cuya inercia pasa desapercibida, sin ningún tipo de sanción, sea de carácter legal, moral o popular; aun siendo esta la función primordial de todo servidor público.
No es preciso realizar un exhaustivo ejercicio mental para encontrar historias recientes de olvidadas políticas estatales. Sería una práctica infecunda enlistarlas todas, cuando el lector que reside en el país tiene conocimiento de primera mano de ellas. Sin embargo, podemos enunciar, de forma ilustrativa, el caso de la construcción de rampas en las aceras para aquellos con limitaciones físicas, o la aplicación de multas a los infractores de las leyes de tránsito, sin distinción de su cargo o de sus influencias. Quizás otra medida de mayor acepción, que hoy parecería relegada, es la adopción y promoción de prácticas austeras en las instituciones públicas.
No obstante las políticas acaecidas, es preciso puntualizar que la administración, aunque no infalible, ha adoptado medidas recientes que ameritan, como muchas otras, ser perpetuadas. Este es el caso de la implementación del Sistema de 911 o la transparencia con la que se han realizado numerosos concursos públicos, particularmente en el sector de educación. En efecto, considerando la amnesia que con frecuencia acosa a nuestros funcionarios, es nuestra obligación, como sociedad, servir de fiscalizador para garantizar la continuidad de estas políticas.
Para afrontar los grandes retos de nuestro país, tales como dirimir las deficiencias en el sistema de salud y educación, o sosegar la inseguridad ciudadana, resulta impostergable la adopción e implementación de políticas públicas capaces de sobrevivir un cuatrienio y/o la transición de un gobierno. Sin embargo, esto parecería ser una pretensión quimérica, en momentos que no podemos mantener a los limpiavidrios apartados de nuestras vías públicas.