A los dominicanos parece encantarnos repetir las mismas historias y actuar como los monos yéndonos siempre por las ramas cuando de resolver nuestros problemas cruciales se trata. No me refiero sólo a los entuertos que abundan tanto en nuestra fauna política. Hablo del recorrido ya añejo que ha sufrido la intención de establecer en el país un marco regulatorio integral en el uso del derecho a la libre expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación.
Se recuerda que no hace mucho tiempo una comisión de especialistas en el tema encabezados por el prestigioso periodistas Rafael Molina Morillo puso en manos del entonces Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, cinco anteproyectos de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación que por encargo del Jefe del Estado preparó una comisión de alto nivel creada con este propósito mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Estos anteproyectos, entendemos, tienen un carácter universal e integrador de todos los sectores que intervienen en su puesta en ejecución. Por ello es de extrañar que ahora la Junta Central Electoral de manera unilateral proponga al Congreso Nacional una modificación a la Ley Electoral que en uno de sus acápites toca el sensible aspecto de la publicidad y el derecho al libre comercio, al colocar limites al régimen tarifario de los distintos medios de comunicación.
Si bien la industria de la comunicación en todas sus variantes ha adolecido de un estatuto regulador que defina su accionar desde los tiempos en que se tocaron las campanas de la libertad, una vez superados los constreñimientos impuestos a su ejercicio durante la dictadura de Trujillo, no es menos cierto que esto se ha debido al síndrome de dispersión habida en tantas voluntades puestas por largo tiempo al servicio de la obtención de un objetivo tan claro y conveniente para todos como es el de alcanzar un ordenamiento y un respeto a las leyes en el uso de los medios de comunicación, similar a como acontece en la mayoría de los países de América Latina y del mundo.
Nuestro parecer es que en este nuevo y riesgoso intento de los directivos de la JCE deben estar involucrados en esas discusiones, además de los representantes de partidos políticos, los periodistas, los propietarios de medios, los anunciantes y los publicistas, porque el proyecto contiene regulaciones que afectan el desenvolvimiento de cada uno de esos sectores dinámicos de la industria de la comunicación.
El vertiginoso desarrollo de la tecnología y sus múltiples aplicaciones para la comunicación instantánea en tiempo real y virtual, ha venido a agravar una preocupación existente primordialmente en las sociedades del tercer mundo, referido al uso de los medios, tanto los tradicionales, prensa, radio y televisión, como los de nueva generación, la Internet y sus múltiples variantes en las redes sociales de facebook, twitter, youtube, linkedIn, no solo referido al sector de las campañas políticas y electorales, sino al ejercicio de la comunicación en su sentido de mayor amplitud.
Lo cierto es que hasta el momento, y a pesar de todas las propuestas que se han sometido, algunas validas, otras descabelladas, no ha sido posible siquiera lograr una verdadera adecuación de la famosa ley 6132 y su reglamento 824 a las exigencias mediáticas del Siglo XXI, con todos sus nuevos paradigmas de Era de la tecnología de la información y sociedad del conocimiento y la comunicación.