De nuevo se arma una cortina de humo que nubla el significado de la libertad de expresión. Lo que es un simple ejercicio de las cláusulas de salida de un contrato voluntario, se convierte en un atentado del poder político o económico a la libertad de expresión. Lo penoso es que la denuncia proviene de los mismos periodistas que firmaron un contrato donde la cancelación del programa de opinión era una opción de ambas partes. Ellos no podían amarrarse de por vida a producir para esa empresa su espacio de comentarios, por más tentadora que fuera la oferta económica. Tampoco pretender que por la condición de periodistas críticos del gobierno, los dueños del canal pierdan el derecho de usar su propiedad privada como mejor lo entiendan.
Lo que se negocia y acuerda en contratos de programas de análisis político y económico por radio o televisión, independientemente de si son críticos o lisonjeros del gobierno, son condiciones para la salida: plazo para el preaviso y penalidades a la parte que ejerza la opción, entre otros donde raras veces creo se explican los motivos. Un contrato es acuerdo libre de voluntades que no limita las posibilidades de actuar a una métrica como, en este caso, audiencia y facturación. 
Un dueño de una emisora puede sacar un programa popular y comercialmente rentable por cualquier razón o motivo que tiene la libertad de compartir o no con los demás. Es su propiedad privada y el derecho a usarla como consideren, de la que también disfrutan los periodistas que hoy se presentan como víctimas. Noten que los dueños no pueden impedir que se muden de canal o emisora a nadie que tenga un programa bien pegado con el público y empresas anunciantes. Estos tampoco tienen que dar explicaciones. Ambas partes deben limitarse a cumplir con lo acordado y acudir a los tribunales para presentar demandas sobre violaciones contractuales. En un juicio de esa naturaleza se hará objeción a cualquier intento de ganar simpatías señalando despido como violación al derecho a la libertad de expresión. Es un ¡ha lugar! automático.
¿Puede un tercero influenciar a un dueño de emisora para que saque un programa del aire o a un grupo de periodistas para mudarse a otra emisora? Siempre y cuando no utilice violencia física o una amenaza creíble de ejercerla, un tercero puede inducir cambios en cualquier relación contractual. ¿Hay alguien preso por ser causante de un divorcio? ¿Qué era criticable en los contratos que llegó a modificar El Padrino?
Don Vito Corleone trató de lograr un acuerdo libre y pacífico de voluntades cuando quiso ayudar a su ahijado a salir de un contrato con una firma disquera, cuando éste iniciaba su carrera artística. También para convencer a un productor de cine que lo adversaba, para que le consiguiera un papel importante en una película. Nada que criticar al Don cuando ofrece una suma razonable, que compensa en el presente la pérdida de ingresos futuros por ventas discos, o una contrapartida en servicios para resolución situaciones laborales que puedan poner en peligro la filmación. Bienvenidas todas las críticas cuando al recibir sendas negativas a sus propuestas, inicia violencia física contra disquero y cineasta: pistola en la nuca, firmar liberación; despertar con cabeza de pura sangre preferido, aceptar de actor al que la novia le quitó.
¿Amenazó “el poder” la vida de los dueños del canal o con una bomba a las instalaciones si no cancelaba el programa de los dos críticos periodistas? No lo creo. El poder empresarial nunca ha estado en eso. El gobierno hace tiempo que abandonó ese recurso de utilizar violencia para silenciar voces disidentes en la opinión pública. Mueva el dial o cambie canales y verá claramente cuál es su estrategia: enfrentar a críticos con lisonjeros en variedad de estilos. Encontrará programas exclusivos para loas a las acciones públicas y contestar a los críticos o aquellos donde los hay neutros, adversarios y adeptos en amena y anárquica concurrencia donde se opina de todo. Y la publicidad gubernamental, aunque obviamente se infiere favorece más a los cercanos, es notoria en muchos medios y programas que son faros de críticas constructivas y hasta de otros con franca orientación política opositora.
¿Es una amenaza de retirar publicidad empresarial o gubernamental de un medio si no se cancela a un programa o periodista, un atentado a la libertad de expresión? No. Ahí no se está recurriendo a violencia física. Con una funda de papeletas, se está influenciando la escala de valores del propietario para que prefiera mayor beneficio económico sacrificando grados de libertad con que permite se expresen los periodistas en su medio. Una empresa privada puede poner eso como condición para poner publicidad. Si no sacas a fulano de ese espacio, te suspendo los anuncios. También puede amenazar con parar las compras a cualquier suplidor que ponga comerciales en un medio donde se siente están afectando sus intereses. Te saco mis certificados del banco, si sigues poniendo patrocinio en esa sección económica de los sábados y a ti no te compro una copiadora más, si aparece su foto en los recuadros al pie donde ponen anuncios.
Amenazas con rugidos como esas fueron efectivas con la modificación de los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas y al cigarrillo, que trajeron las reformas de los años 90. Los afectados no criticaron a esos empresarios como violadores a la libertad de expresión. Entendían que organizar un boycott o poner medios y periodistas en su lista negra de vinculados comerciales, era su derecho a libre asociación y a la libre empresa. Con resignación se buscó espacios en otros medios menos mercantiles o cobardes y la foto de la copiadora se sustituyó por recuadro en blanco con “Anunciarse aquí”. Es que al no solicitar apoyo de sicarios para teñir con sangre sus deseos, nada había que objetar al uso discrecional que hacían de su dinero para promoción, aunque fuese en maniobras semimafiosas como las que nunca se mencionan en alabanzas públicas a legado de abolengo felino.
¿Cuándo el gobierno usa su presupuesto de publicidad para esos fines atenta contra la libertad de expresión? Para empezar, la libertad de expresión ni por asomo se concibió para ser ejercida en un ambiente donde el gasto por publicidad gubernamental se asignara de manera equitativa a todo el que quisiera exponer una idea u opinión. No era eso lo que estaba en la cabeza de los redactores del “Bill of Rights”. El texto de la Primera Enmienda, lo que dice es que las autoridades no podrán establecer ninguna ley o estatuto que obstruya o infrinja el derecho a la libre expresión. Es decir, prohíbe usar vías de hecho del poder político, entrarle a palos a una protesta pacífica, o facultades legislativas para impedir que las personas se expresen con libertad por sus propios medios, expropiar canales de televisión, prohibir importación de papel periódico, autorizar quien puede o no abrir un canal de YouTube. Es eso lo que es violar la libertad de expresión, injerencia violenta del gobierno o personas que impida a los ciudadanos adquirir o contratar medios para expresarse.
Un Zar de la Publicidad Oficial, con poder absoluto para distribuir el gasto presupuestario como cree mejor favorezca los intereses del gobierno y del partido no es peligro alguno. Por más numerosa que sea su legión de acaudalados cortesanos, mientras el gobierno no impida con violencia el libre debate de las ideas siempre habrá espacio para las voces disidentes. Históricamente nunca han faltado en los gobiernos de agresiones más salvajes a los derechos humanos, por eso sostengo que en este aspecto el gobierno debe ser "tolerante hasta que duela".
Me solidarizo con los periodistas afectados por la decisión de un medio de prescindir de sus servicios, por razones humanas en un país complicado para hacer que las cuentas cuadren, pero no caigo en la exageración de elevar la disolución de un contrato privado en un atentado a la libertad de expresión. Ese jarabe no me lo bebo, es despertador que no me levanta y victimología que no me simpatiza.