La violencia social es característica de las sociedades en desarrollo como la dominicana. Está compuesta por robos, asaltos, violaciones, menores embarazadas, violencia intrafamiliar, prostitución principalmente de menores, etc. Enviar las fuerzas públicas a las calles a enfrentar los efectos no resolverá el problema. Es pertinente atacar las causas representadas por las desigualdades, la pobreza y como centro causal el irrespeto al Estado de Derecho con que se desempeñan las actividades en el país. Para explicar esta conclusión utilizaremos el siguiente esquema:
- La inseguridad jurídica obstaculiza para que un alto porcentaje de la población posea propiedades, trabajo e ingresos y canaliza a pocos para que las tengan en exceso.
- Esa situación origina desigualdades económicas, sociales, regionales y de género.
- Los que no poseen ingresos suficientes, tienen insatisfacciones (desnutrición, falta de agua, desnudez, hacinamiento, insalubridad, oscurantismo, etc.).
- Más del 44 % de la población esta insatisfecha, son los pobres.
- Una parte de esos pobres delinquen para disminuir las insatisfacciones.
- Ese comportamiento delictivo es causado por la inseguridad jurídica debido a que los asaltantes poseen derechos constitucionales que de cumplirse se resolverían las insatisfacciones (seguridad alimentaria, acceso al agua, salud, habitación, propiedad, trabajo, salario justo, educación, etc.).
- Pero resulta que las gestiones gubernamentales no cumplen con estos derechos ciudadanos (inseguridad jurídica) dejando a la improvisación las soluciones de las insatisfacciones.
- La violencia social subirá o bajará en el grado que suban o bajen las insatisfacciones que depende del grado o no en que se cumplan los derechos ciudadanos establecidos en la constitución y las leyes que deberían regir al país.
Se observa en el esquema que la inseguridad jurídica inicia, cierra y reabre el círculo vicioso de las desigualdades y la pobreza con diversas fuentes pero la principal es que los gobiernos aplican un modelo económico priorizando las obras de desplazamiento de personas (metros, elevados, túneles, puentes, carreteras de circunvalación, carreteras suntuarias, innecesarias ampliaciones de avenidas, hasta teleférico, etc.) que son infraestructuras desvinculadas de la producción. Utilizan poca mano de obra y canalizan enormes ingresos a los contratistas generando importantes desigualdades. Estas desigualdades son agravadas porque el alto crecimiento económico proviene de sectores que también son concentradores de ingresos como el turismo, minería y financiero.
Para iniciar un proceso de soluciones a la violencia social este esquema económico requiere ser cambiado por otro que tenga como objetivo esencial la expansión de la producción y el empleo en todo el territorio nacional. El logro de este objetivo demanda a los gobiernos a jerarquizar la construcción de infraestructuras que impulsen los recursos y sectores determinantes del desarrollo que están indicados también en la constitución.
El aspecto económico es importante pero el desarrollo lo trasciende, se define como: “el grado en que se cumplen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales de los ciudadanos establecidos por la constitución”. Este concepto amplio indica que el cumplimiento del Derecho es el factor del desarrollo debido a que el desarrollo significa progreso en el conjunto de acciones de la sociedad y el Derecho es que las regula a todas.
En las investigaciones realizadas por Funded hemos comprobado que la constitución dominicana plantea las soluciones a los problemas del país. Sabiendo ordenar artículos promulga un Proyecto de Nación, debido a que expone:
- Principios de sustentación.
- Objetivos representados por los derechos ciudadanos.
- Instrumentos técnicos para elaborar las acciones.
- Lineamientos relativos a la ejecución.
- Entidades de seguimiento.
El sistema jurídico dominicano con debilidades también tiene fortalezas como lo es el Proyecto de Nación. Este representa un instrumento eficaz de soluciones pero su aplicación requiere que las autoridades acepten los problemas, que posean los conocimientos y fuerte voluntad política para enfrentarlos. Se requiere que las élites comprendan que cumplir con el Estado de Derecho garantiza la ruta hacia el desarrollo y el desarrollo integral es lo que garantiza la gobernabilidad y la paz de los dominicanos.