Los recientes conflictos generados alrededor de la frontera Haiti-Republica Dominicana en la línea Noroeste son el reflejo del manejo irregular del flujo migratorio de haitianos hacia República Dominicana inserto en el mercado laboral.
El problema aparentemente coyuntural fue resuelto gracias a la intervención de Solidaridad Fronteriza dirigida por el sacerdote Regino Martínez, institución que se dedica desde hace muchos años a trabajar en pro de relaciones dominico-haitianas armónicas y fluidas en la línea Noroeste.
Lamentablemente en nuestro país los problemas vinculados a la situación de la población migrante haitiana están bañados de intolerancia, ocultamiento de información y distorsión de la realidad.
El estado dominicano tiene como responsabilidad regularizar la situación de migrantes no solo haitianos, sino de todas las nacionalidades que se encuentran laborando en el país con el establecimiento de normas claras para su permanencia temporal o definitiva en el mismo.
El cumplimiento de estos procesos de regulación migratoria no se produce en forma institucional y transparente sino que se deja a la suerte de redes que se enriquecen del tráfico ilícito de personas hacia nuestro país, entre los cuales se encuentra la población haitiana y otras nacionalidades.
Los beneficios de la “ilegalidad” de poblaciones migrantes de diversos orígenes son cuantiosos, en el caso de la población haitiana que emigra al país las cuotas se extienden más allá de las redes de tráfico hacia los puestos militares de chequeo y grupos de poder.
Estudios realizados por el Servicio Jesuita a Refugiad@s y Migrantes (2001 y 2006) se muestra que el 86% de la población haitiana migrante encuestada aceptaría un permiso temporal y luego retornar a Haití al cabo de su vencimiento, expresando así su disposición a legalizar su situación en el país.
Estos elementos no son visibilizados por la opinión pública sino que por el contrario muchos medios de comunicación y líderes de opinión manejan la migración haitiana como una intención deliberada de ocupación del territorio nacional en la que se acusa a Ong’s y a Solidaridad Fronteriza, específicamente al Padre Regino.
Esta desviación de la problemática haitiana como un asunto de soberanía nacional tiene la intención de ocultar la verdadera realidad del “caos migratorio” como bien se plantea en el Informe de Capacidades y Derechos realizado por la ODH/PNUD/SEEPYD (2010). “Por décadas, los gobiernos y la sociedad dominicana han pretendido que los haitianos solo existen para trabajar arduamente, no para recibir protección laboral ni derechos ciudadanos.
La razón es desviar la culpabilidad, de manera que el gobierno dominicano pueda continuar con una práctica migratoria irregular que asegura a los empresarios una masa laboral empobrecida, carente de derechos laborales y ciudadanos.
Esta formula es perfecta para el empresariado que se beneficia del sistema laboral semiesclavista, así como para los oficiales civiles y militares que reciben comisiones por el trafico ilegal de personas.
Se permite así la migración de haitianos para realizar labores fuertes como mano de obra barata sin ninguna garantía laboral y no se regulariza con derechos su presencia en el territorio dominicano”.
En la opinión pública se muestran difamaciones y tergiversaciones de la labor de Solidaridad Fronteriza liderada por el Padre Regino Martínez quien ha asumido la defensa de los derechos de la población migrante haitiana y que por años se han dedicado a organizar la población migrante para que regularice su situación en el país.
Todo este manejo de la problemática haitiana en forma confusa y cargada de prejuicios tiene un impacto negativo en las relaciones entre la población dominicana y haitiana. Se fomenta la intolerancia en la convivencia cotidiana al interior de nuestro territorio y se deteriora la cohesión social.
Artículo publicado originalmente el diario Hoy