En este periodo electoral, conviene identificar las principales necesidades de inversión pública del sector turístico. Frente a lo que otros sectores requerirán en el próximo cuatrienio, y más particularmente el eléctrico, el de agua y el agrícola, podría pensarse que el turístico no tiene gran prioridad. Sin embargo, dada la limitada capacidad de crecimiento de otros sectores, en el futuro cercano esa prioridad cobra más relevancia. A seguidas se citan las 10 grandes inversiones que un nuevo gobierno debería acometer para fortalecer nuestra competitividad turística.
La mas inmediata prioridad debe ser el desarrollo turístico en Pedernales. Esto así porque de ello depende no solo el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de esa provincia, sino también de toda la región sur, la mas pobre del país. Ahora que ya existe un plan maestro que cuenta con la aprobación oficial y de la comunidad ambientalista, el nuevo gobierno debe destinar los US$100-150 millones que requerirán las obras de infraestructura básica sin las cuales será muy difícil encontrar inversionistas que se aventuren a explotar el “turismo ecológico”. Los competidores de ese mercado en Centroamérica, Venezuela y Colombia son formidables.
En la región del este se requiere acometer una gran obra de desarrollo urbano para el Distrito Municipal Verón-Punta Cana. El objetivo de dicho proyecto no es solo acabar con la arrabalización y embellecer los entornos de las vías de comunicación, sino también ordenar el crecimiento del galopante desarrollo regional. Para ello urge elaborar un Plan de Ordenamiento Provincial y acordar con los hoteleros una formula para recabar los US$150 millones que se requerirán. El establecimiento de peajes y de un impuesto por habitación ocupada han sido contemplados en el pasado. Una alternativa sería la duplicación del costo de la tarjeta de turista a su debido tiempo.
El otro renglón de inversión en esa región con alta prioridad tiene que ver con el agotamiento del acuífero. Ya se ha comprobado que la consecuencia comprobable es la intrusión salina a unos 14 kms de la costa y el impacto negativo sobre los suelos agrícolas. El INDHRI alertó en el 2011 sobre la necesidad de que, frente a la insuficiencia previsible de las fuentes de agua superficiales, se abrazara la desalinización. Con el crecimiento de la planta hotelera en más de un 50% en los próximos cinco años, esa necesidad se torna mas acuciante. Se deberán propiciar proyectos público-privados que adopten las menos costosas nuevas tecnologías que ya existen para ello.
En la capital lo que más urge es el centro de convenciones. Ya se sabe que deberá ser una obra estatal porque estos centros no son inversiones rentables para el sector privado, aunque su gerencia si pueda ser privada. La mejor ubicación seria, según una consultora alemana que hizo el mejor estudio en el 2008, el punto donde esta el Hospital Reid Cabral. Pero también podría pensarse en 64,500 mts2 del antiguo Hotel Santo Domingo, si el estado hace un cambalache con sus propietarios con el Hotel Jaragua. En el pasado la Asociacion de Hoteles de Santo Domingo propuso un impuesto de US$2 por habitación ocupada para financiar esta obra que generaría muchos nuevos empleos y divisas para el Gran Santo Domingo.
El complemento al centro de convenciones sería el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela para evitar que los cruceros que atraquen en Sans Souci sufran daños. Una gigantesca planta de tratamiento de aguas residuales contribuirá a ello, pero se requerirá de la regulación estricta para evitar que los ríos sigan siendo vertederos y focos de contaminación. La tarea requiere de mucho tiempo y deberá hacerse por fases, empezando con mallas metálicas que atajen los guijarros, troncos y otra basura antes de llegar a la desembocadura. El flujo de cruceros resultantes podrá gravarse para financiar los costos de tan demandante proyecto, pero otros proyectos estatales como el de Domingo Savio deberán contribuir al saneamiento. Además, la Coalición Rio deberá apurar el paso. El costo es alto y el proyecto engorroso, pero el aumento en el flujo de cruceros lo justifica.
En el ámbito municipal se requiere intervenir por lo menos media docena de “municipios turísticos” para embellecer y remodelar sus respectivos entornos. Con ese propósito se deberá orquestar una licitación pública para que arquitectos nacionales propongan los diseños correspondientes. Las obras requeridas podrán adjudicarse a patronatos o fideicomisos público-privados en que participen los ayuntamientos, las asociaciones locales de desarrollo y las asociaciones hoteleras. Los municipios blancos incluyen a Boca Chica, Sosua, Miches, Gaspar Hernandez, Cabarete, Najayo-Palenque y Samaná y los fondos para financiar las obras provendrían de la venta de la veintena de hoteles estatales que serian subastados al mejor postor.
De similar impacto sobre la diversificación y mejora del producto turístico dominicano sería un proyecto de rescate y puesta en valor del patrimonio histórico. Los almanaques anuales de ICOMOS sobre el patrimonio en peligro nos alertan sobre las ruinas y edificios que requieren conservación porque califican como patrimonio histórico, pero a eso habría que añadirle otros sitios de similar importancia. Muchos de estos son atractivos que atraerían visitas de nacionales y extranjeros y merecen ponerse en valor viabilizando esa visitación. Por la desidia que sobre este asunto han exhibido las agencias estatales responsables sería deseable que se concibiera un proyecto nacional con financiamiento del BID.
Respecto a vías de comunicación sobresalen como prioritarias, además de las que requiera el proyecto de Pedernales, el empalme que uniría a Sabana de la Mar con la Autopista Juan Pablo II que conecta a Santo Domingo con Samaná y la carretera de 113 kms Luperón-Montecristi. (Ya terminadas estarían las carreteras que unen a Santiago con Sosua, Puerto Plata y Luperón.) El mencionado empalme permitiría un flujo vehicular desde Macao y Miches hacia Samaná, mientras la carretera viabilizaría el flujo desde Puerto Plata y Maimón hacia Montecristi, y de ahí a Dajabón (34.8 kms). La reciente carretera que une a Dajabón con Cabo Haitiano en Haiti tiene 66.2 kms.
En materia aeroportuaria se requerirá ampliar dos aeródromos en puntos opuestos del territorio. Tanto el de Cabo Rojo como el de Montecristi tendrán que convertirse en aeropuertos capaces de recibir aviones grandes. La prioridad de las obras viene dada por la necesidad de detonar el desarrollo turístico en esas zonas lastradas por la pobreza. Es seguro que la de Cabo Rojo sea parte del proyecto de Pedernales y, por tanto, es previsible que cuente con apoyo financiero estatal. La de Montecristi deberá seguir a la de Cabo Rojo si se espera explotar más intensamente el turismo en la región del noroeste más allá de los ocasionales Fly Ins que acuden anualmente a ella.
El teleférico del Pico Duarte es una obra que nadie ha contemplado excepto quien esto escribe. Pero la obra respondería a la recomendación del sabio francés Jacques Attali de abrir un centro ecoturístico en el corazón del país. Los ambientalistas no se opondrían al teleférico, pero posiblemente rechazarían una carretera y un desenfrenado desarrollo inmobiliario y/o hotelero. La gran ventaja seria que nos convertiría en el único destino turístico del Caribe que ofrecería playa y esquí de nieve durante todo el año.
La anterior decena de inversiones, a un costo de aproximadamente US$1,000 millones, consolidaría nuestro producto turístico. Pero frente al esperado desarrollo del sector conviene que vayamos pensando en otras inversiones (tales como un tren turístico en la costa norte, un parque de diversiones en la Isla Catalina, un centro cultural en Punta Cana y hoteles dominico-haitianos). Nuestro producto turístico deberá desarrollarse y evolucionar a medida que nos convirtamos en la meca vacacional obligada de las Americas y el turismo pase a ser el pilar fundamental de nuestra vida económica.