Hay estudios científicos e investigaciones que, por su diseño, metodología y personal, carecen de validez. El informe presentado por la comisión encargada de investigar la contratación de Punta Catalina está dentro de esa categoría: comienza y termina con descalificación es alarmantes. Veamos.
1. Fue el presidente Danilo Medina quien firmó el decreto 6-17, designando a la comisión para investigar el proceso de licitación y asignación de las obras de Punta Catalina. Con ello violó la constitución y ejecutó lo impensable: un sospechoso, firmante y promotor de un proyecto, escogiendo a quienes deciden la validez del mismo ¡Extraordinario!
2. Conociéndose las vinculaciones económicas, empresariales y políticas, tanto con el gobierno como con empresas relacionadas a la multinacional brasileña de algunos de los notables (gigantes de la ferretería, accionistas de la banca, servidores y asalariados del poder, y devotos de una iglesia católica subsidiada) la credibilidad del proceso queda manchada por intereses creados.
3. A saber, ningún comisionado ha sido investigador; de ahí el realce de unos interrogatorios sobre otros, y que pasaran por alto pistas de imprescindible seguimiento. Ahora bien, en lo que sí tienen sobrada experiencia es en negociaciones mercantiles y políticas, particularmente quien preside el conjunto: un legendario negociador de perfil borgiano, protagonista de mucha de la picaresca empresarial, política y eclesiástica, de este país.
4. Desdeñando atendibles objeciones y minimizando las probables relaciones de “FTI Consulting” con la constructora brasileña Odebrecht y sus filiales, impusieron el peritaje de esa consultora, de cuyo presidente, Frank Holder, el periodista y escritor canadiense, Alek Boyd, escribió hace tres años lo siguiente: “…En el 2000 , Holder fue encontrado culpable de falsedad y fraude. También acusado de extorsión por el Gobernador de la provincias de Entre Ríos, Jorge Busti. En el 2001, Holder produce un informe de inteligencia acerca de dos congresistas argentinos (la consultora surge en Argentina), que fue considerado por el juez Raúl Sánchez como sin fundamento, comisionado y pagado por el banquero Raúl Moneta con el único objetivo de vilificar…” El autor dice mucho más acerca del oscuro historial del director de la firma consultora.
Sin importarles alborotar la suspicacia, fue el experticio de “FTI Consulting”, la del antiguo agente de la CIA, quien llevó la voz cantante en la beatificación de Punta Catalina. ¡Más respeto, por Dios!
5. Recibido el informe – bajo una apabullante propaganda mediática a favor de la futura planta de carbón – la presidencia, en boca de su consultor jurídico, exculpa el proyecto y ordena su continuación. Saben muy bien el ministro y quienes lo flanquearon, que las conclusiones de una comisión ni son vinculantes ni tiene valor jurídico. Sin embargo, el palacio actuó como tribunal ordinario evacuando una sentencia exculpatoria. Alucinante, diría un español.
Es al ministerio público que corresponde la obligación de validar, investigar, contrastar y decidir, sobre ese informe. Ni la presidencia ni ningún otro organismo tienen esa potestad. Nuevamente se violenta la institucionalidad del país para cubrir un engaño.
Ahora, terminada la solemne entrega, declarado libre de culpa el proyecto, y satisfechos sus beneficiarios, queda sobre la mesa un documento vertido por una comisión recusable, vinculada al poder, y sustentado técnicamente por una consultora con antecedentes penales. Asombra la ambigüedad de sus conclusiones y el acomodo de sus cálculos financieros.
Quedará para la historia un informe a todas luces prejuiciado en favor de Punta Catalina y de Danilo Medina. Un informe para no creerse, chanchullero, que solo podrá entenderse a través de los intereses creados, más poderosos que el prestigio.