En Chile ya existe por ley la posibilidad de realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, justificada en las tres causales que se discuten también en República Dominicana: embarazo producto de una violación, inviabilidad de la vida extrauterina de la criatura, o riesgo grave para la mujer embarazada.
El Ministerio de Salud chileno informa que entre septiembre del año pasado y el 16 de julio de 2018, 394 casos se acogieron a la norma. De ese total, 194 por riesgo de vida de la madre, 136 por inviabilidad de la criatura y 64 por violación.
La Ley establece que la mujer tiene derecho a un programa de acompañamiento, en el proceso de discernimiento, y luego de tomar o no la decisión de interrumpir el embarazo. 270 mujeres aceptaron el acompañamiento, mientras 54 no lo eligieron (en 35 casos no se registra información). Un altísimo 83% de las mujeres para las que hay información quisieron ser acompañadas. De ellas, 32 decidieron continuar el embarazo. En ese conjunto, 10 de las mujeres con riesgo para su vida decidieron continuar, 22 lo hicieron contando con inviabilidad fetal y, como es esperable, solo tres víctimas de violación decidieron seguir adelante con el embarazo.
Pero esto no es todo. La ley permite que centros de asistencia médica y funcionarios de salud sean objetores de consciencia. Así, dos centros privados se han declarado objetores, para todas o solo una de las tres causales. Asimismo, 1140 médicos obstetras, 729 anestecistas, 1019 profesionales de asistencia al parto y 1768 paramédicos se contabilizan, en un listado oficial, como profesionales y técnicos que no están disponibles para practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en todas o alguna de las causales.
En 2014 una publicación científica estimaba hasta en 18,000 los abortos voluntarios ilegales en ese país. Con la nueva normativa, 394 mujeres y familias que antes hubiesen tenido que tratarse en la desprotección y la inseguridad, han sido protegidas por la ley y el Estado, incluso bajo un gobierno de derechas, cumpliendo el principal mandato que la sociedad civilizada le establece. Todas tuvieron derecho a ser escuchadas, acompañadas, incluso a cambiar su decisión. Además, centros y profesionales de salud han tenido el derecho de negarse a practicarlo.
Todos somos pro-vida. Nadie aquí es “pro-aborto”. Ninguna mujer ni ninguna pareja llega al embarazo con el fin macabro de “matar al bebé”. Quien así habla no conoce ni valora a las mujeres ni que en República Dominicana es el amor y el esfuerzo lo que hace que una inmensa mayoría de la población, sumida en la pobreza y la desprotección, tenga hijos y los saque adelante.
El papel del Estado no es invocar una moral particular para condenar a una parte de la población, solo por su género y su pobreza, a morir y sufrir deliberada, tiránica e injustamente. La interrupción voluntaria del embarazo no es ilegal en RD, sino que es un privilegio reservado a quienes, merced a su bolsillo y contactos, viajan a hacerlo en Miami o lo practican en una clínica privada, disfrazado de apendicitis. Otro de tantos privilegios que destruyen la vida social.