Estuve como facilitador del módulo de crédito público en un diplomado de Hacienda Pública que coordina el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPGEFI, para colaboradores de las áreas financieras del Sector Público.  Participaron empleados de entidades recaudadoras, ayuntamientos y otras dependencias de ministerios y del sector descentralizado localizadas en la Región Sur. 

El Centro está al día con el uso de nuevas tecnologías en educación. A su portal pude subir una colección de artículos publicados en este medio sobre deuda pública y datos actualizados de reportes diseño con la información disponible en el sitio web Dirección General de Crédito Público.  Incluí como material reportajes digitales de una serie lleva un diario se concentra en destacar lo grande que está el muchacho hace unos añitos apenas gateaba, con el mismo asombro antiguo del pariente que vivía lejos y al sobrino no veía en fotos porque éstas se revelaban sin copias y para colocar en el álbum familiar.   

Los participantes tomaron antes de iniciar el curso un “Diagnóstico de Entrada”, con preguntas para tener idea del conocimiento o información con que llegan a la facilitación.  Al finalizar los dos encuentros sabatinos, en Baní, usaron la plataforma en línea para completar una prueba permite comparar el aprovechamiento del módulo.  Antes del cierre hice “encuesta a boca de urna” solicitando voluntarios para comentar esta noticia hipotética: “Se aprueba iniciativa congresistas para interpelar al Director General de Crédito Público, con la finalidad explicar las causas han llevado la deuda pública y el pago de intereses a un nivel preocupante con relación al Producto Interno Bruto y a los gastos del gobierno.”.  Aquí un resumen de sus conclusiones.

La interpelación no tiene asidero formal ni de fondo, pero el funcionario es casi seguro que asista corrigiendo el vicio de forma al solicitar ir acompañado de los miembros del Consejo de Deuda Pública. En ese organismo actúa como Secretario Ejecutivo y son sus miembros el Ministro de Hacienda, el Gobernador del Banco Central y el Ministro de Economía y Planificación.   La Ley de Crédito Público establece entre las funciones de este consejo: Proponer al Poder Ejecutivo el nivel máximo de endeudamiento interno y externo que el Estado podrá contraer en el siguiente ejercicio fiscal, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos”.

El Consejo de Deuda, en consecuencia, no es como una de las tantas estructuras el Congreso conoce el día aprueba sus leyes y de ahí pasan a tener existencia anodina. No es, por ejemplo, como la de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una que de vez en cuando recuerda estar viva cuando llama la atención a merenguero urbano se pasa de procaz.  Esta de Deuda Pública, que es presidida por el Ministro de Hacienda, se hace presente en ese proyecto de presupuesto, el más importante de los recibidos por los congresistas año tras año.  Es ahí donde pueden ver cosas tan relevantes como la propuesta de fondos para el Poder Legislativo y lo consignado en obras públicas y asistencia social para la provincia que representa cada legislador.  Es uno que no se pueden dar el lujo de ignorar.

La responsabilidad de estudiar, discutir, modificar y aprobar el proyecto de presupuesto, la Constitución se la otorga al Congreso Nacional en la misma sección donde le da poder para interpelar funcionarios o invitarlos a dilucidar temas de interés.  Les toca a los congresistas “Votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo” y “Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes.”   Sobre los ingresos presentados en ese proyecto también tienen atribuciones de proponer cambios a la asamblea, porque son ellos quienes pueden Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión.” 

¿Y qué dice la Constitución debe contener este proyecto que llega a los legisladores vía el Poder Ejecutivo?: “contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”.

Para los participantes de este módulo de crédito público, ha quedado claro que en una hipotética interpelación al Consejo de Deuda Pública los congresistas no estarán pidiendo explicación sobre una demanda de paternidad a la que son extraños.  Ahí se estaría ante un parecido tan grande con la criatura que aplicaría eso de “¿…y sería que el taita la iba a negar?” Interpelar es un proceso sin sentido porque es en una legislatura donde todos los años ellos aprueban presupuestos que, cuando son deficitarios, incluyen un plan de financiamiento para conseguir los fondos con préstamos o emisiones de bonos internamente o en el exterior.

En conclusión, lo principal es debatir los gastos y los ingresos contempla el presupuesto.  La deuda busca acomodarla crédito público de la mejor manera posible al resultado neto de esas dos variables.  Primordial entonces es tomar posiciones sobre la dimensión administrativa del gobierno, de la magnitud del plan de obras públicas, de la cobertura de los servicios públicos sociales, de los subsidios para actividades lucrativas, de las exenciones tributarias y otros temas claves que impactan el resultado ingresos-gastos de las finanzas públicas.  Los participantes del módulo reconocen en el resultado del representante prefieren llevar al congreso, la complejidad de consensuar esas discusiones.  Para las provincias donde residen seguirán prefiriendo votar por un congresista con un plan busque aumentar el gasto social y obras públicas en las provincias donde residen.  Claro, con un poco menos de entusiasmo ahora que reconocen la responsabilidad que les corresponde en los temas presupuestarios y de endeudamiento público.

En ese mismo sentido, me animó recibir un correo de un participante que me comenta sobre la división por presidentes de la contratación de deuda realizada por el diario mostré de ejemplo a la clase.  En su opinión es más acertado sacar la parte alícuota con la base de datos histórica sobre las aprobaciones y rechazos de los congresistas en la discusión final del presupuesto.  Buena idea y prometí ponerme en eso.