En los tiempos actuales hablar de Seguridad Ciudadana es el “padre nuestro” del día a día, en todos los sectores se vive con el grito al cielo por el auge de la delincuencia. Sin embargo, en el gobierno entienden que la gente ve el problema con unos nuevos lentes de aumento que estos han dado en llamar “percepción”.
Por qué hablar tanto sobre la Seguridad? Pues porque la misma es vital para las personas, en el sentido de que indica presencia de confianza para la vida y la convivencia, así como de certidumbre para un futuro estable y feliz. Porque sugiere ausencia tanto de riesgos como de amenazas, lo que la convierte en una necesidad humana de importancia fundamental, por lo tanto es un derecho de la ciudadanía, y sobre el Estado recae la obligación de proporcionarla. De ahí que se le exija a las autoridades más empeño en la función garantizadora de aquella.
Como necesidad humana, el psicólogo humanista Abraham Maslow (1908 – 1970) la clasificaba en segundo lugar en su famosa pirámide de las necesidades humanas, sólo antecediéndole las necesidades fisiológicas. Con su satisfacción se persigue la creación y mantenimiento de un estado de orden, de estabilidad, y de protección, entre otras. Cuando falta, aparece el temor de las personas a perder el control de su vida y le asalta el miedo a lo desconocido y a la anarquía.
Lo cierto es, que el tema de la Seguridad Ciudadana y la falta de un abordaje por lo menos aceptable por parte de las autoridades gubernamentales, ha adquirido en la República Dominicana ribetes de calamidad. Existe en el país una profusa normativa legal referente a la seguridad ciudadana que al parecer es letra muerta, por la falta de seguimiento y cumplimiento a sus disposiciones.
Además de las disposiciones constitucionales relativas a la seguridad, como ejemplo de lo anterior recordamos que el Decreto N0. 263-05 creaba el Plan de Seguridad Democrática que llevaban a cabo el Ministerio de Interior y Policía, La Procuraduría General de la República, y la Policía Nacional, mediante el cual se ponía en ejecución la cacareada y esperada reforma policial, teniendo en cuenta que la institución del orden juega un papel de principalía en el problema. Existe oscuridad sobre la suerte corrida por esta iniciativa. Lo mismo debemos decir sobre el Decreto N0. 315-06 que creaba el Consejo Nacional de Seguridad para asesorar al Presidente de la República en asuntos relativos a la Seguridad Nacional entre las que se encontraban diseñar acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico humano y de armas; además de servir de soporte en la aplicación del Plan de Seguridad Democrática.
En la República Dominicana no podremos contar con niveles aceptables de seguridad ciudadana:
- mientras el abordaje del flagelo no sea de la mayor preponderancia como establece la Constitución de la República del 2010 en su Artículo N0. 260 que nombra entre los objetivos de alta prioridad nacional “Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes” (porque la criminalidad está conectada de una forma u otra con el crimen internacional);
- mientras en los planes del gobierno (si es que existen) no se consideren como amenazas para la seguridad ciudadana la pobreza, la exclusión y desigualdad social, así como el desequilibrio económico;
- mientras para revertir los miedos, la sensación de desamparo, y aislamiento de las personas, reducción de confianza ciudadana en las relaciones sociales, desconfianza en las instituciones, principalmente en la Policía Nacional, no se tome como premisa que dichos planes deben confluir con los planes de desarrollo y que sólo así estos serán efectivos en la prevención de la violencia y en la reducción de los índices de criminalidad.
En otras palabras, aspiramos a una seguridad integral, proporcionada por el Estado, bajo la regulación de la ley, entendida como derecho de las personas y de la sociedad en su conjunto. Porque sin un entorno de paz y seguridad no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber un ambiente de seguridad y paz. Por lo tanto, las autoridades políticas del país deben asumir la interdependencia y correlación existente entre la Seguridad y el Desarrollo.