“La educación debe plasmar dentro de
nosotros no el ser humano tal y como la naturaleza ha creado,
sino como la sociedad quiere que sea”.
(Emilio Durkheim).

Paulo Freire nos decía con mucha propiedad que “Educar es creer en el cambio”. Cuando queremos construir aprendizaje no lo encontramos, porque realmente no hay educación, no existen experiencias verdaderas de la elite política, porque no hay educación sin aprendizaje; esa añosa, no por lo biológico sino por lo social cultural, en la deseducación, de los gobernantes, de los últimos tiempos, hacen que la institucionalidad esté en la desnudez de las penurias en la sociedad dominicana.

La política es relaciones de poder, sí; sin embargo, en una democracia, esas relaciones están determinadas por límites, por reglas, que trazan los caminos del encuentro, de las diferencias y de la necesaria cohabitación. Cada uno de los actores políticos y sociales reconoce a sus interlocutores, en una dinámica de interactuación del desarrollo, porque no hay subordinación. Hay, sencillamente, el espejo de la sociedad que queremos construir.

El desconocimiento de la institucionalidad se dibuja en la estrategia de suma cero, donde ésta queda relegada, para producirse la inobservancia que genera la imposición del más fuerte, del que tiene más poder. Los ciudadanos, entonces, no sabemos a qué atenernos ni siquiera los que están en el poder, en la franja de “minoría”. Las relaciones de poder, en la democracia, descansan, como leitmotiv, en las instituciones, que constituyen las normativas que las sociedades se crean para satisfacer sus necesidades. Se construye así, el espacio a través del cual debemos manejarnos. Crean el cuadro de acción y de expectativas que podemos esperar.

Para Bruce y Cohen, en su libro de Sociología, una institución “es un sistema de pautas sociales relativamente permanente que formulan ciertas conductas sancionadas y unificadas, con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad”. El poder viene dado en función del manejo de las instituciones y por vía de la institucionalidad, que es el relieve de la legitimidad y de la confianza, que se derivan por la eficiencia y eficacia, en el manejo de ellas. Las instituciones producen el contenido de lo que hay que hacer y se espera de cada uno de nosotros. Su asunción, en como ellas se expresan en su armazón conceptual, nos dan el corpus de la convivencia lo más armónica posible, nos recrean en la Gobernanza.

En la sociedad dominicana, la naturaleza y la distribución del poder no se decanta como espacio de una democracia donde impera un Estado de Derecho. Tenemos, a lo sumo, un autoritarismo con el blasón y el espejo de una democracia formal. El autoritarismo se yergue sobre nuestra democracia famélica de manera medular por la pésima anemia de la institucionalidad. Hay, por decirlo así, una anomia institucional en el cuerpo social de cada uno de los tejidos que nos adornan como sociedad. Esto implica, que hay un desbalance, un abismo, una arritmia entre la sociedad política y una parte significativa de la sociedad civil.

Las instituciones elaboran el cuerpo categorial en el que hemos de accionar. Ello, produce automáticamente, los límites del poder. A través del poder, que es la capacidad para conseguir los individuos y los grupos sus objetivos y promover sus intereses, como lo aborda Anthony Giddens; impulsamos nuestra agenda, para hacer eco con Michael Foucault, para quien el poder se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos de la “interacción social y en todas las instituciones, y ejercido por cada uno de nosotros”.

Más que democracia, en función de las instituciones que tenemos y su no aplicación, lo que hay en la sociedad dominicana es lo que se denomina un autoritarismo blando, que se da allí donde un partido único o hegemónico controla con firmeza, con engaño, con manipulación, con desinformación, con el fake news y la postverdad, todas o la mayoría de las instituciones. Para Giddens, la democracia “es el sistema político que puede garantizar mejor la igualdad política, proteger las libertades, defender el bien común, responder a las necesidades de los ciudadanos, alentar el propio desarrollo moral y facilitar una toma de decisiones eficiente que tenga en cuenta los intereses de todos”.

Entre las instituciones del Estado tenemos: Gobierno, Administración, Instituciones Armadas, Asambleas representativas y el Poder Judicial. Aquí es formal, no real. El Poder Ejecutivo doblega a los demás. Lo que importa no es, necesariamente, si tenemos las instituciones, sino, si respetamos a los demás poderes y cada uno juega su rol, independientemente, de la militancia partidaria. Las instituciones están por encima de las personas. La calidad de la democracia se mide en gran medida, por el respeto a las instituciones, por la legitimidad de las mismas. Las instituciones son el soporte fiel de la democracia. Allí donde ellas prevalecen por encima de los individuos, no importando su jerarquía. Ellas son las que uniforman a los individuos en los territorios públicos; igualan a los seres humanos, allí donde hay una necesidad, un conflicto y una decisión publica.

Es lo que acabamos de ver, con lo que se ha denominado los Papeles de Faride Raful, cuando quiso que la Cámara de Diputados aprobara una Resolución, para crear una Comisión que investigara todo lo relativo a los pagos a Joao Santana y Mónica Moura. En una sociedad con una democracia de mediana intensidad, más decente, esos papeles, habrían constituido un tsunami, un ciclón en la escala de 5. La respuesta de varios diputados fue tan ríspida, con tanta grosería, tosco, descarado que a veces, no creía que fueran seres humanos, personas.

Es tan borrascoso esos pagos a Polis Caribe y Cine Art que lo menos que debió hacer la Cámara de Diputados era crear una Comisión, para cumplir con uno de los roles del Congreso, como lo es: legislar y fiscalizar, como reza el Artículo 93 de la Constitución; como un puente de poder y contrapoder. Hasta ahora, alrededor de RD$1,400 millones de pesos en pagos a dos empresas, de dos personas presas en Brasil por todos los delitos de corrupción. Todavía, después de los apresamientos el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaria Administrativa de la Presidencia, seguían con relaciones con las referidas empresas. No aparecen los concursos, no aparecen los informes anuales, que ese mal llamado Ministerio Administrativo de la Presidencia, debió remitir al Congreso. No sabemos si hay algún decreto para declarar de emergencia toda esa publicidad y/o, se violó, nuevamente, la Ley de Compras y Contrataciones 340-06.

¡Lo que si sabemos, una vez más y los Papeles de Faride lo resaltan, es la ausencia de institucionalidad y de confianza en nuestra sociedad, y el uso del poder inadecuado de la elite política, que nos ha llevado a esta degradación. No se trata de buscar, como sociedad, en alguien en quien confiar, sino de empujar por el fortalecimiento de las instituciones!