“Una agenda de seguridad insensible a las cuestiones de desigualdad nacional estará condenada a entablar una guerra contra los síntomas’’ Bernando Sorj.
Los altos niveles de inseguridad en la República Dominicana son evidentes y no necesitan más víctimas para la comprensión de su realidad, más allá de la percepción del Ministro de Interior y Policía o de las políticas erradas de la persecución a los denominados “perfiles sospechosos”.
El lamentable, triste, doloroso asesinato del dirigente social y juvenil Enmanuel Antonio Muñoz Paulino del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), de Foro Ciudadano y activista de la Campaña Casa Ya, que ha llenado de indignación a sus compañeros de lucha, familiares y amigos, quienes consideraron que “esta muerte es un indicador más de la corrupción, el deterioro de nuestra sociedad y la debilidad en el régimen de consecuencia que vivimos en el país”, cuanta verdad en dicha afirmación, también exigen que se asuma como una prioridad nacional el rediseño de la política de seguridad ciudadana, nuestra sociedad clama justicia y seguridad para todos los ciudadanos.
El tratamiento de temas relacionados con la seguridad, constituye actualmente un espacio novedoso de reflexión académica, para las distintas disciplinas sociales, desde enfoques teóricos y metodológicos, la investigación puede influir en el diseño de políticas públicas para los Estados y las sociedades y para profundizar el debate político sobre la seguridad ciudadana.
Los análisis sobre seguridad nacional o seguridad ciudadana, están dejando de ser un terreno exclusivo destinado a la intervención de estamentos militares, policiales, judiciales o de entidades gubernamentales, para convertirse cada vez más, en una temática donde participan múltiples actores sociales e institucionales.
El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema real, sistémico y estructural, que trasciende el análisis simplista de la percepción y en el caso de la República Dominicana tiene características particulares, que convierte su abordaje en una agenda aún más compleja, si consideramos el débil Estado de derecho, la falta de institucionalidad, los altos niveles de corrupción, la penetración del crimen en las agencias de seguridad y bajo estándar de cumplimiento e implementación de la ley.
La agenda vinculada a la seguridad ciudadana es aun inconclusa y debemos profundizar el debate y las propuestas de políticas públicas de seguridad, no obstante los planes, las reformas legales que hemos aprobado, que no se implementan, no se cumplen y no logran los resultados deseados por la ciudadanía, generándose un círculo vicioso de modificaciones normativas y nuevos procedimientos que no logran reducir la violencia y la criminalidad, todo lo contrario aumenta.
La aplicación de políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana debe ser un proceso integral y coordinado entre diferentes instancias del Estado. La transformación de la Policía Nacional, debe trascender las reformas normativas y apuntalar al impulso de medidas o políticas, que garanticen la seguridad ciudadana y contribuyan a la construcción de un Estado de derecho.
Por cuanto, el proceso de reforma de la Policía Nacional, visto desde una perspectiva diversa, la intervención debe considerar políticas de prevención de la corrupción en la institución policial y de profilaxis de sus filas, poniendo en marcha el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Además, es básico garantizar la profesionalización, ascenso en base al mérito del personal, para que puedan ser bien remunerados sus integrantes, implementando la Carrera Especial de la Función Policial y proveer a los miembros de la institución de salario digno, dieta, completo avituallamiento, un único uniforme, transporte de calidad para sus labores.
Las políticas públicas de seguridad ciudadana y la reforma de la institución policial no puede dejar de lado la revisión de la doctrina de la policía y la adecuación de la misma, separando de las filas policiales el referente militarista, adoptar los roles y funciones de una entidad policial de prevención, comunitaria y de cercanía a la ciudadanía, de manera que pueda recobrar la confianza, perdida durante décadas por sus vínculos con el crimen y violación de derechos humanos.
La sociedad dominicana debe recobrar la seguridad ciudadana, invertir el modelo policial actual, que responde a un método de coerción de control social como instrumento coercitivo del Estado, avanzar en la garantía del sentido de cuerpo de la Policía Nacional, reducir la dispersión y dualidades en las funciones, competencias en las estructuras y los mandos, modificando la estructura territorial Regional, Provincial, Municipal, adecuándola al mando en función de escalafón.