Agenda insular

Inicio de una nueva crisis dominico haitiana

Por Edwin Paraison

La decisión del gobierno dominicano de acatar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desnacionalizando a dominicanos de origen extranjero, abre la crisis de mayor envergadura entre la República Dominicana y Haití, desde las repatriaciones masivas del fallecido presidente Joaquín Balaguer denunciadas en el seno de la ONU por el presidente Jean Bertrand Aristide en 1991.

Es lo que se desprende del comunicado del Ministerio de los Haitianos Viviendo en el Extranjero (MHAVE), al lamentar dicha actuación y comprometerse a “utilizar todos los medios políticos, diplomáticos y jurídicos disponibles afín de llevar a las autoridades dominicanas a reconsiderar su decisión o para limitar sus consecuencias desastrosas”.

Dicho comunicado parece motivado por ciertas expectativas creadas tras intercambios con la parte dominicana que dejaban vislumbrar alguna alternativa de protección del goce a la nacionalidad de los dominicanos miembros de la diáspora haitiana, al afirmar el órgano ministerial que la posición dominicana es contraria a conversaciones sostenidas entre funcionarios diplomáticos de los dos gobiernos.

Es oportuno precisar, para evitar confusión y manipulación, al igual que el Consejo Nacional de los Dominicanos en el exterior (CONDEX) creado en enero del 2008, el MHAVE, creado en octubre del 1994, es el puente entre el país de origen y la diáspora haitiana. Esta última  está formada por los emigrados y sus descendientes hoy nacionales de varios países del mundo. Lo que explica y justifica la participación activa del gobierno haitiano en este asunto. Lo mismo haría el CONDEX, cuyo presidente es el Jefe de Estado, si fueran miembros de la diaspora dominicana que estuvieran en esa situacion.

Ciertamente, el cambio radical del manejo del gobierno dominicano sorprendió a la parte haitiana. Ya que durante las gestiones diplomáticas iniciadas en Puerto Príncipe con la embajada dominicana, sin dejar de subrayar la independencia de los poderes, se dejó ver un distanciamiento del Ejecutivo en relación al fallo del TC. En ese sentido, se planteó la búsqueda de alguna fórmula o mecanismo de solución al impasse.

La misma posición mantuvo la misión diplomática al recibir comisiones de la clase política o de la sociedad civil haitianas en actos de rechazo o de protesta en contra de una sentencia que afecta a más de 210,000 dominicanos de ascendencia haitiana.

El noble gesto del presidente Danilo Medina de presentar excusas a quienes aseguró ser sus compatriotas comprometiéndose a buscar una alternativa humanitaria a su situación, igualmente fue positivamente ponderado en Haití.

No obstante, por el impacto mediático internacional de dicha sentencia y la presión de la opinión pública interna, la cancillería haitiana, además de compartir sus preocupaciones con el gobierno dominicano lo hizo con sus aliados de la región del Caribe y de América del Sur. De ahí, el rechazo que salió del mismo seno del TC con dos votos disidentes se repitió desde varios gobiernos caribeños y el CARICOM.

El mensaje del Primer Ministro de las islas San Vicente y Granadinas, Ralph Gonzalves, no podría ser más claro en una correspondencia al jefe de Estado dominicano: “Con toda seguridad, esta decisión de la corte es inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Es una afrenta a todas las normas internacionales establecidas y a la humanidad elemental, y amenaza con hacer de la República Dominicana un paria regional y mundial”.

El Jefe del gobierno caribeño no se quedó en simples palabras, sino que instruyó a su misión permanente en Washington solicitar una sesión ordinaria al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre la sentencia, fijada para este martes 23 de octubre.

Por su lado, al menos 10 destacadas personalidades dominicanas, juristas, ex y actuales funcionarios, incluida la diputada Minou Tavarez , Presidente de la comisión de asuntos exteriores de la cámara baja, han señalado que el escenario internacional será el lugar donde se debatirá este asunto, previendo una derrota legal de la República Dominicana.

Es preciso añadir que los afectados y quienes los acompañan tienen el derecho de usar todos los medios pacíficos y democráticos para defender sus posiciones sin ser catalogados de traidores a la patria o difamadores.

Hay que recordar, en septiembre del 2005 el Estado dominicano había sido condenado por el caso Yean Boussicot en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el cual cumplió parcialmente una sentencia considerada como vinculante. La misma que hoy viola en varias cláusulas.

De 1991 al 2013, han transcurrido 22 años sin que los dirigentes de ambos países desde la última crisis que enfrió las relaciones bilaterales, respecto a la problemática migratoria, hayan mostrado la voluntad política de abordar con transparencia y objetividad el principal tema de discordia en la agenda dominico haitiana.

Las alianzas electorales y políticas basadas en el anti haitianismo desde 1996 plasmadas en tres mandatos presidenciales han creado profundas contracciones en el accionar dominicano frente a Haití. Constituyen el soporte de una política de estado que se evidencia en la sentencia del TC defendida hoy por el gobierno. Ello, pese a la comprobación de la violación, por la sentencia, de no menos de 15 artículos de la constitución y de los principales instrumentos  internacionales de derechos humanos suscritos por la Republica Dominicana.

Toda vez, la salida humanitaria no ha sido aún descartada. Es evidente que esa conceptualización no corresponde a la realidad de los hechos, por tratarse de un asunto fundamentalmente de derechos humanos. Se asume que es una forma del ejecutivo de evitar enfrentarse directamente a quienes impusieron la aberrante ordenanza  del TC.

Mas, a diferencia de los plazos fijados  para la Junta Central Electoral de entregar un informe de impacto de la aplicación de la sentencia en un mes, en tanto que el Consejo Nacional de Migración tiene 60 días para elaborar el plan de regularización, no se ha determinado hasta ahora en ¿qué tiempo y de qué modo se ejecutara la salida humanitaria?

Es urgente, promover el dialogo interdominicano incluyendo la diaspora haitiana local y dar inicio a las gestiones diplomáticas apropiadas para  concretizar la alternativa “humanitaria” o  cualquier otra que pueda salvar la situación.

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