En esta semana fue publicado un espacio pagado en el que doce organizaciones de sociedad civil han decidido trabajar unidas para impulsar la aprobación de las leyes de partidos políticos, electoral, de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, así como dar seguimiento y acompañar los procesos de selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Cámara de Cuentas y Altas Cortes, en un esfuerzo que persigue contribuir a alcanzar un gran acuerdo político y social.
Esta iniciativa ha levantado de inmediato reacciones muy duras de parte de miembros del PLD, sobre todo de su vocero en el Senado, Adriano Sánchez Roa, quien mandó a estas organizaciones a convertirse en partidos políticos y salir a buscar votos y censuró que pretendan usurpar las funciones que corresponden al Congreso Nacional.
Parecería que el senador Sánchez Roa es de los que entiende que la democracia se agota el día de las elecciones y que la ciudadanía debe aguardar las próximas elecciones para volver a expresarse, siempre a través de las urnas. Desconoce el senador que la democracia no solo es representativa sino también participativa, y que a cada persona le asiste el derecho a expresarse libremente sobre la forma en que nos gobiernan.
El Nacional de Ahora dedicó un editorial a expresar su preocupación por la posibilidad de que esa iniciativa “motorizada por un elevado sentido cívico asumido por un liderazgo fáctico y comunitario que procura una mayor consolidación institucional”, pueda convertirse “en un intento por suplantar las calidades constitucionales de los órganos e instituciones del Estado”. El hecho de que un grupo de ciudadanos, o de entidades de sociedad civil se unan para reclamar que se aprueben las leyes que necesita la sociedad (como la electoral y de partidos políticos), no implica suplantación alguna, pues entonces lo mismo podría decirse de cualquier editorial de cualquier medio que se pronuncie sobre las competencias de cualquier órgano público.
El ejercicio de la libertad de expresión, sea en solitario o a través de grupos organizados, no representa más que el ejercicio de derechos fundamentales, incluyendo el de asociación, que pretende llevar a los congresistas, con mayor efectividad, las opiniones de los representados, para que pueda ser tomada en cuenta, aunque al final la decisión la tienen única y exclusivamente los órganos públicos competentes.
Desde esta columna en que yo me expreso en forma individual, como simple ciudadano, tengo el mismo derecho que cualquier congresista, miembro de partido, editorialista, periodista, comunicador, de expresar mi desacuerdo, por ejemplo, con la repartición que impera entre los partidos a la hora de elegir a los miembros de la JCE, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes, para que los que quieran escuchar que escuchen, pero sabiendo que esas decisiones las tomaran las los órganos públicos competentes. Pero también tengo el derecho de asociarme con otras personas en una entidad de sociedad civil, con fines empresariales, culturales, cívicos, etc., y esas entidades a su vez asociarse para un fin común y en forma colectiva expresar sus opiniones, sea a través de los medios, en sus locales, en clubes deportivos o culturales o de cualquier otro modo.
El temor, usualmente del partido que está en el poder, es que el clamor sea cada vez más fuerte por provenir de la unión de organizaciones con trayectoria en el país y que genere una corriente de opinión pública que haga pagar el costo político de una mala decisión, como sería por ejemplo aprobar una ley de partidos donde las donaciones del sector privado sigan manteniéndose ocultas como hasta ahora, propiciando la infiltración de dinero sucio en las campañas electorales, o la designación de militantes partidarios comprometidos en las altas cortes o en la JCE y Cámara de Cuentas, que van a defender los intereses partidarios y no los intereses del país.
Las críticas expresadas por el senador Sánchez Roa parecerían querer amordazar a las entidades que forma parte de la Iniciativa, bajo el argumento de que no pueden opinar sobre los temas que son competencia del Congreso Nacional. De aceptarse ese argumento, tampoco se podría opinar sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Junta Central Electoral, y en fin sobre los temas de la competencia de de cualquier otro órgano público. Habría que cerrar los medios de comunicación, ponerse un zíper en la boca, una venda en los ojos, tapones en los oídos, y declarar clausurada la democracia en la República Dominicana.
Tomando en cuenta el ruido que ha despertado el comunicado de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, valdría la pena que se lea su contenido para que cada quien se forme una opinión sobre su texto, por lo que la copiamos integra a continuación:
DECLARACIÓN
INICIATIVA POR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Los abajo firmantes anunciamos al país nuestra decisión de crear la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, un espacio que agrupa a entidades del sector privado, de la sociedad civil y las academias, con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática de la República Dominicana.
Esta iniciativa surge con el objetivo de estimular a todos los actores políticos, estatales y sociales a que asuman el compromiso de dotar al país de una institucionalidad sólida que incremente la confianza social en los órganos del sistema democrático, del sistema de partidos y de las instituciones políticas y sociales en sentido general.
En el marco de esta Iniciativa las entidades que la componen se comprometen a realizar todas las sinergias necesarias y a trabajar para el logro de los siguientes objetivos:
- Propiciar la adopción de una nueva Ley de Partidos que garantice que estas agrupaciones asuman el mandato constitucional que les ordena establecer procesos institucionales transparentes y organizados, reglas para la selección de sus autoridades y los candidatos a posiciones electivas, respeto a la democracia interna y el debido proceso, la obligatoriedad de la formación política, ajustarse a sistemas de financiamiento públicos o privados que sean fiscalizados por los órganos competentes y crear mecanismos regulares de rendición de cuentas.
- Impulsar la aprobación de una Ley Electoral que marque las reglas de los proceso electorales de manera clara y garantice que los mismos sean organizados, transparentes, equitativos e inclusivos, regulando los tiempos de duración de las campañas, garantizando la equidad en la colocación de publicidad y estableciendo medidas para evitar el uso ilegal de los recursos del Estado por parte de las agrupaciones políticas y sus candidatos.
- Dar seguimiento permanente y acompañar el proceso de selección de los titulares de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral con la finalidad de garantizar la independencia de estos órganos y por tanto el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
- Exigir, conforme a lo establecido en la Constitución, al Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República que ejerzan su función de control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos. En este sentido es esencial la aprobación de las Leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y la deuda pública.
- Apoyar las iniciativas de las organizaciones sociales para que participen de manera activa y permanente como veedores sociales de las acciones del Estado desde sus comunidades y organizaciones, exigiendo el cumplimiento de su responsabilidad y la prestación de los servicios que le corresponde proveer a la población.
La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática apoya los esfuerzos que se realizan desde diversas instancias de organizaciones ciudadanas para propiciar el fortalecimiento del sistema de justicia y de consecuencias previsto en la Constitución y las leyes, para incrementar la confianza de la ciudadanía en sus decisiones y fortalecer el imperio de la ley, sin distinciones ni privilegios e invita a unificar propósitos en esta dirección.
Esta iniciativa trabajará por un gran acuerdo político y social, que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de derecho como lo manda nuestra Constitución.
Exhortamos a todos los sectores involucrados a impulsar este esfuerzo desde una perspectiva basada en el interés nacional, propiciando un acercamiento plural e inclusivo de todos los temas que tenemos a bien presentar y evitando la partidización de los debates.
La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática se crea a los 9 días del mes de agosto del año 2016 en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, con la participación de las siguientes instituciones:
- Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
- Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
- Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
- Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM-DR)
- Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH)
- Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI)
- Centro Bonó
- Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. 8FINJUS)
- Participación Ciudadana
- Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA)
- Centro Juan XXIII
- Fundación Pro Bono RD, Inc.