Se ha escrito y hablado mucho acerca de la criminalidad que afecta al país, cuyos componentes son el resultado de décadas de descuido en la infraestructura social y económica para combatirlo.
El nivel de violencia que tenemos actualmente no es por "generación espontánea" (de manera súbita y sin ninguna explicación). Si examinamos la inversión social en la infraestructura para hacer del país un lugar seguro en la última década, no alcanza el uno por ciento del PIB.
Uno de los estudios que revela esta penosa realidad es el estudio realizado recientemente por la organización cívica Participación Ciudadana, que reveló el estado actual de los destacamentos policiales del Corredor Duarte.
Algunos de los resultados de dicho estudio producen pavor: solo un 36 por ciento de ellos dispone de computadoras para recibir denuncias y el 75 por ciento de los agentes patrulla a pie.
Ante esta realidad a la que se suma la baja inversión en el área social por parte del Estado, nos preguntamos cómo es posible luchar contra el auge de la criminalidad si no contamos con las estructuras básicas para hacerlo.
Se habla poco de la inercia de la inversión estatal socioeconómica para la seguridad ciudadana. La falta de ella nos está cobrando factura y si no enfrentamos el problema lamentablemente la sociedad dominicana tocará fondo.
Policías mal pagados, destacamentos sin instalaciones básicas, falta de inversión social es un "cóctel que explota" en nuestras manos con resultados evidentes en las noticias desgarradoras que vemos por los medios de comunicación.
El problema de la escasa inversión en la infraestructura socio económica para combatir el crimen es algo muy serio. Debería ser tema principal de agenda en los pactos políticos de los partidos.
Voluntad política, determinación, planificación e inversión son las palabras determinantes para que la seguridad ciudadana sea un hecho y tengamos un país seguro.