La Comisión Interamericana de Los Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer un informe mediante el cual coloca a la República Dominicana dentro de una lista de países que violan los Derechos Humanos de los haitianos que viven ilegalmente en nuestra media isla. Tal documento ha causado revuelo en el país, en gran parte del Gobierno, el Congreso, Organizaciones no Gubernamentales, y los sectores nacionalistas. Claro, que los grupos defensores de la causa haitiana se sienten victoriosos cada vez que el organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), hace denuncias de violaciones de los Derechos Humanos a los haitianos en la República Dominicana (traidores incluidos).
Y es que sólo no ve quien no quiere ver, que este informe es parte del guión de la obra que se ha concebido hace mucho tiempo en gran parte de la Comunidad Internacional y ONGs que reciben recursos cuantiosos para, a través de mecanismos de presión, lograr que la depauperada masa humana que sale de Haití en busca de vida, se quede en la República Dominicana y no llegue a los territorios de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países poderosos que parecen no darse cuenta que en esta parte de la isla no hay posibilidad material para soportar el aumento del pesado fardo que representa para nuestro país, lo que para ellos es una indeseable inmigración.
El informe de marras no debe sorprendernos conociendo el historial de presión y denuncias marcadamente incisivas contra la República Dominicana hechas ante este organismo, que conjuntamente con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) conforman el llamado Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; teniendo en cuenta cual ha sido el accionar de la OEA y su Secretario General Luís Almagro hacia nuestro país, donde es pesarosamente recordado.
El documento que nos pone en lista negra, sale a la luz luego de que el Ministerio de Interior y Policía informara de los resultados del Plan de Regularización de Extranjeros, aunque se anuncia una nueva prórroga hasta el 21 de junio, y que la embajada de Haití comenzara a entregar documentos de identidad a haitianos residentes en el país. Es una nueva presión que se ejerce sobre la República Dominicana, como lo hacen cada vez que se agota una etapa anterior.
Y el Gobierno cede de inmediato suavizando el proceso y retardando la puesta en ejecución de repatriaciones, mientras la entrada de ilegales por la frontera continúa. Constituyendo esto una gran muestra de debilidad en el ejercicio y defensa de nuestra soberanía. Incluso el propio embajador haitiano en este país ha declarado que su gobierno no está en condiciones de denunciar problemas referentes a algún tipo de maltrato a los inmigrantes haitianos en territorio dominicano.
Tan sesgada es la visión de la OEA, respecto a la situación migratoria dominico-haitiana, que en su informe del 9 de marzo pasado titulado “Flujos de Migrantes en Situación Migratoria Irregular Provenientes de África, Asia y El Caribe, en las Américas” el organismo interamericano no se refiere a la oleada migratoria de haitianos hacia República Dominicana, tanto en tránsito como punto de destino. Se establece que Brasil es el destino principal recibiendo unos 43, 871 haitianos en los 4 años anteriores. Sin embargo, se obvia mencionar los millones que han ingresado sin ningún tipo de obstáculo a este país y se nos hace lucir sólo como país de tránsito.
Teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos funge como Ministerio Público ante la Corte IDH, es de esperar que esta última conozca el referido informe de la primera, correspondiéndole pronunciarse al respecto. No obstante es bueno recordar que nuestro ingreso a la corte ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia TC 0256-14 del Tribunal Constitucional que argumentó que mediante el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte de febrero de 1999, que suscribiera el entonces Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna se violaron los artículos 37, 46, y 55 de la Constitución vigente a tal fecha, cuales tienen sus correspondientes artículos en la actual; y que se refieren mayormente a la obligatoriedad de someter a la aprobación del Congreso Nacional la celebración y firma de tratados o convenciones internacionales, sin la cual no tendrán validez.
El Gobierno Dominicano debe, de una vez por todas, dejar de ser espectador en la obra montada por la OEA y su organismos, conjuntamente con parte de la Comunidad Internacional; y pasar a ser actor de principalía en la defensa de la dominicanidad y nuestra soberanía como Estado, que es lo que está en juego.