El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) se opuso, en un comunicado hecho público el 5 de mayo del año en curso, a la iniciativa de utilizar los fondos de los pensionistas para ayudarlos (con sus propios ahorros) a enfrentar la crisis sanitaria.
Resulta razonable el argumento bancentraliano, enfatizando que la cancelación anticipada de las inversiones de las AFP en títulos de Hacienda y el BCRD implicaría una pérdida del bienestar futuro de los trabajadores retirados. La reducción de los ahorros de los trabajadores es preocupación válida; pero igualmente legítimo es el reclamo de la pírrica tasa de reemplazo del 23% de su último salario, lo que sin duda empeora su situación de pobreza, mientras que las AFP se ganan el 30% de beneficios anuales provenientes de los mismos aportes de los trabajadores.
Además, la cancelación anticipada de esos títulos con el propósito de “ayudar” a los trabajadores produciría un exceso de dinero en circulación, lo que aumentaría la tasa de inflación que es la preocupación fundamental de la autoridad monetaria según la Ley Monetaria y Financiera 183-02. El BCRD arriba a esta conclusión porque supone que la economía dominicana está produciendo a plena capacidad (es decir, en pleno empleo) y que un aumento de la demanda produciría inflación.
Es de conocimiento público que la economía dominicana se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico por motivos de la pandemia; es decir que la misma se sitúa lejos del pleno empleo. Esto ha sido reconocido no solamente por el propio BCRD que proyecta que el PIB se contraerá en 0.9% para el 2020 y el toque de credibilidad se lo otorga el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta una contracción de la economía dominicana, para el mismo año, de 1.5%. Por lo tanto, la presión inflacionaria por demanda que argumenta el BCRD no es consistente analíticamente.
Ahora bien, la inflación podría producirse por otro mecanismo diferente al monetario en las presentes circunstancias de recesión económica. En efecto, la liberación de los fondos de pensiones aumenta la demanda. El aumento de demanda podría satisfacerse mediante la producción interna o a través de mercado externo o sea mediante importaciones.
La producción interna está en recesión producto de las políticas para evitar el contagio. Por tanto, por el momento, pareciera más probable que el aumento de la demanda se satisfaga a través de las importaciones. Entonces, el aumento de las importaciones presionaría la oferta de dólares en el mercado cambiario y terminaría depreciando el tipo de cambio. La depreciación aumenta los costos de las importaciones y este aumento se trasladaría a los precios de venta.
Además, debido al deterioro de las condiciones económicas y las perspectivas negativas de la economía mundial y doméstica que aumentan la incertidumbre de los agentes económicos, éstos podrían reaccionar resguardando sus ahorros a través del cambio de la denominación de la moneda. La demanda de importaciones, así como el resguardo del ahorro aumentan la demanda de dólares, siendo responsables de la tendencia a la devaluación que actualmente muestra el tipo de cambio.
Cabe aclarar que la advertencia inflacionaria del BCRD es una posibilidad de la teoría económica convencional, la cual no podría ser reproducida por la actual situación de recesión de la economía dominicana. Esa interpretación de la inflación sólo se produciría si la economía se encontrara en una situación de pleno empleo, lo cual no ocurre en estos momentos. Este argumento le permite al BCRD obviar su verdadera preocupación que radica en la carrera devaluatoria que exhibe el tipo de cambio. El compromiso de la autoridad reguladora del sistema financiero con la política fiscal es limitar la devaluación y mantener bajo control el costo del financiamiento externo al gobierno, considerando el incremento en moneda nacional del servicio de la deuda pública externa. Tanto el servicio de la deuda externa como el resto del gasto público tienen un efecto positivo limitado sobre la demanda global medido a través del impulso fiscal (menor al 2%), lo que ayuda poco a revertir la tendencia recesiva de la economía mediante el esfuerzo fiscal.
La situación del mercado cambiario sería más delicada ya que tanto el FMI como el Banco Mundial (BM) proyectan que para el 2020 las remesas, la inversión extranjera directa y las exportaciones se contraerían, resultando en una caída de la entrada de divisas al país y debilitando las reservas internacionales netas (RIN) del BCRD. Anticipándose a este resultado el BCRD solicitó US$650 millones al FMI para fortalecer sus reservas internacionales. Pero como señala el propio FMI esta tarea ya tiene varios años en ejecución y su objetivo no se alcanza por las constantes intervenciones de las autoridades monetarias en el mercado cambiario.
Esta situación del mercado cambiario ha sido advertida por el FMI sus Artículos IV correspondientes a los últimos tres años (2018-2020), reiterando al BCRD que tiene insuficiencia de RIN y que debe seguir acumulando reservas internacionales. Según el FMI, los países emergentes que pretenden mantener un sistema de tipo de cambio fijo, deben acumular amplias reservas internacionales netas para atender las necesidades del mercado cambiario. Pero, el BCRD aún se mantiene por debajo de esa meta.
De acuerdo a la métrica del FMI los países miembros deben tener un nivel de RIN equivalente al 30% de los medios de pagos (medidos por M3), el 20% para cubrir los pasivos de mediano y largo plazo y el 10% de las potenciales pérdidas de ingresos por exportaciones. La cobertura del BCRD de sus RIN, equivale al 63% y 68% para el 2017 y 2019 y el rango recomendado por el FMI, para estos países, oscila entre 100-150% (Ver FMI Artículo IV, página 45, 2019).
Para la presente administración del BCRD es imposible cumplir con esta meta de las RIN si el método de adquisición de divisas es la acumulación de deuda. Para el 2019, la deuda ascendió a más US$11,000 millones y un déficit operacional que supera los RD$45,000 millones, en el cual incide mayoritariamente el pago de intereses de la deuda de los certificados del BCRD con el sistema financiero.
Estos desequilibrios del BCRD no deberían mantenerse por más tiempo, aunque su costo sea cubierto por el Gobierno Central, de acuerdo a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, ya que limita el bienestar de las familias dominicanas que pagan con impuestos el costo de las decisiones de política monetaria.
Igualmente, según el comunicado del BCRD, la cancelación anticipada de los títulos de Hacienda y el Banco Central provocaría una reducción del precio de los mismos y habría una tendencia al alza de la tasa de interés; con lo cual se produciría un efecto riqueza negativo (pérdida de capital) para los tenedores de esos títulos en el sector privado financiero, lo que eventualmente provocaría un aumento de su tasa de interés y esto frenaría la superación del estado de recesión. Resulta curioso que el BCRD mantuviera elevadas tasas de interés durante todo el período de expansión dominicana (lo que es correcto cuando la economía está cerca del pleno empleo) y que ahora durante la recesión, se preocupe por las altas tasas de interés, cuando ha cuidado con esmero la estructura monopólica del mercado financiero. Justamente ahora, se trata de que quien pagaría esas elevadas tasas de interés sería la propia entidad reguladora.
Al final de la jornada, uno se pregunta de qué sirve haber sido la economía de mayor crecimiento económico en la región sin haber construido la protección macroeconómica necesaria para enfrentar las variaciones del ciclo económico. La economía dominicana creció ampliando sus desequilibrios. El gobierno tiene una deuda pública que ⎯bien contada⎯ supera el 60% del PIB, un ahorro inferior a la inversión, déficit del sector público que supera el 6% del PIB y un déficit en la cuenta corriente cercano al 3% del PIB. Por eso, las políticas económicas implementadas para enfrentar la pandemia han sido posible gracias al endeudamiento y al empeoramiento de los desequilibrios, es decir no han resultado de la ejecución de una prudente política fiscal y una consistente política monetaria, sino todo lo contrario, de comprometer el bienestar de los dominicanos.