El debate, por lo general, se apoya en la alegada "justicia" de la causa que se pretende bendecir por la gracia del borrón y cuenta nueva que solo un Presidente puede dar. Personalmente, no tengo ninguna duda de que en los penales dominicanos existen casos de personas con las calificaciones para ser favorecidas. A unos porque la pena que se les impuso en primer lugar no fue justa, es decir, se condenó a un/una inocente. A otros, porque a pesar de su responsabilidad penal, han mostrado a lo largo del cumplimiento de su condena una conducta destacable, con evidente propósito de enmienda y profundo arrepentimiento.

Dicho esto último, confieso con todo respeto, no los prefiero. Resulta que RD es un país de intensas desigualdades y una de las instancias en donde más claramente se pone esto último de manifiesto es precisamente en el acceso al oído del Presidente. El Despacho del Presidente no es una instancia al que las partes (sin importar origen social y/o económico) tienen más o menos garantizado el acceso. Por definición son muy pocos los que pueden llamar la atención del Ejecutivo sobre un caso u otro. Entonces, aunque el Presidente no lo quiera así y sin que esto le reste mérito a las causas de los afortunados que sí pueden llegar al corazón del primer mandatario (el indulto es un acto de humanidad), me inclino por rechazarlo como mecanismo de corrección judicial regular. Desatar de un plumazo, sin desconocer que los tribunales efectivamente se pueden equivocar, el trabajo del aparato judicial es evidentemente un evento muy delicado con implicaciones negativas para el proceso de construcción del sistema de justica al que aspiramos y necesitamos.

En conclusión, para los errores judiciales están las apelaciones a los tribunales superiores. Algunos argumentan que la justicia aquí puede ser muy lenta y no hay duda de que así puede ocurrir. Los tribunales tienen mucha carga de trabajo y los fallos pueden dilatarse meses y hasta años. Sin embargo, como ciudadana, me parece muy claro que lo que conviene es construir una justicia más ágil, de jueces independientes y capacitados antes que distraernos en debates sobre los méritos de un proceso, el del indulto, que no logra desembarazarse de tufos totalitarios.

Por otro lado, para las buenas conductas, el arrepentimiento y los propósitos de enmienda están las libertades condicionales (agotado el 50% de la pena original) y los jueces de ejecución de penas. El trabajo de estos tribunales tendría que ser apoyado, tecnificado y reconocido. Sencillamente la sociedad, en general, tiene mayores garantías de que se ponderarán todas las variables en un tribunal precisamente diseñado para administrar las condiciones de la ejecución de la pena. La oportunidad de indulto, en cambio, está caracterizada por voluntades más que razones y conveniencia.

En fin, como ya dije antes, no me opongo, pero no los prefiero.