Justicia y bien común

Independencia de poderes vs ética

Por Juan Tómas Taveras

El estado social y democrático de derecho es la concesión más moderna de un Estado organizado y democrático, dando la razón de poder y soberanía a las mayorías, al pueblo; sin embargo, en nuestro caso solo es un texto plasmado en el artículo 7 de nuestra Constitución y tomado como letra muerta. De igual manera en el artículo 4 citado más adelante, se establece la separación de poderes del Estado, como principio de control y contrapeso entre justicia, gobierno y congreso, el mismo tampoco se cumple.

La mayoría de los dominicanos que está en política y aspira a un cargo público, lo hace con el único interés de enriquecerse y aprovechar los recursos públicos sin importar su responsabilidad de dar un servicio de calidad o llenar los resultados esperados por el pueblo, como parte de sus necesidades básicas. Las cuales les corresponde satisfacer como funcionarios, porque es para lo que se les paga y para lo cual fueron elegidos o designados.

Además, ven esta aspiración como el más alto de los éxitos sin importarle que traicionen el juramento ético y ni evaluar resultados.

La ambición y el hedonismo están tan arraigados en el pensamiento de nuestra sociedad, que aquél que no aprovecha el ser servidor público para enriquecerse ilícitamente o apoderarse de los bienes del estado es considerado un ingenuo o pendejo y es criticado o discriminado por ello; lo que denota que nuestra sociedad está más esperanzada en favorecerse de lo ajeno a través de la corrupción que del trabajo honesto, aun le perjudique y lo esperan como su momento de gloria.

Se reconoce que los peledeístas son muy organizados para robar y no les gusta boronear, de ahí el famoso dicho de “Come solo”, porque muchos quisieran, que aun sea de lo que le roban a ellos, les toque su dádiva.

Todos tenemos el derecho a buscar riquezas, a trabajar por el lucro, pero el problema de los dominicanos es que lo hacemos perjudicando a las colectividades o masas, en desmedro del erario, recursos que deberían suplir los servicios públicos básicos con calidad.

Los Estados y sus sociedades se organizan basados en una Constitución y leyes que conforman su estado de derecho, visualizado en el interés de la población en general, que busca facilitar vivir en armonía, con calidad de vida, y por consiguiente satisfacer los derechos y libertades.

La Constitución Dominicana dispone en su Artículo 4: “Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.”

Un mandato ignorado y violado, pues nuestros jueces y congresistas son empleados del Presidente que dirige el poder ejecutivo, pero en este período excepcionalmente se disputa con un poder fáctico, Leonel Fernández.

Este rezago en alcanzar la democracia, herencia de las dictaduras y gobiernos con poderes monárquicos, nos convierte en estado fallido, anómico y con débil institucionalidad.

Locke, Montesquieu y Rousseau, en sus escritos del siglo XVII y XVIII, influenciaron el constitucionalismo liberal que dio fortaleza al parlamento inglés frente a la monarquía, la revolución francesa y la independencia norteamericana. Sus estudios defienden la separación de poderes como principio político, según el cual las funciones legislativa o parlamentaria, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas y ser independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales.

De tal manera que cada uno de los poderes disponga de los medios de control y fiscalización sobre los demás, con el objetivo de evitar el abuso de poder por alguno de ellos y garantizar un ejercicio público resguardado por la ética.

Hoy nuestro estado está viviendo la peor crisis institucional, lo que nos está llevando a poner en riesgo nuestro futuro como sociedad, alejándonos cada vez más de concluir el sueño de nuestros héroes fundadores.

Parecería ser que el individualismo está arropando cada habitante dominicano sin importarle la orientación de colectividad de vivir bajo un estado social y democrático de derecho.

Nuestro erario está en manos de los políticos, quienes para agenciar sus puestos no practican requisito alguno sin tomar en cuenta la meritocracia, ni tienen obligación de rendición de cuentas y con ausencia total de vocación patriótica.

Los partidos y sus dirigentes políticos, en su mayoría, se han convertido en prostíbulos y prostitutos, que para nada respetan los intereses de las bases o colectivo de sus miembros ni cumplen sus propios reglamentos, y mucho menos las leyes de la República; cada acción, cada puesto tiene su precio.

Muchos gobernantes y estudiosos del crimen organizado han coincidido en que se perdió la guerra contra el narcotráfico y proponen la legalización de las drogas. Los medios de comunicación protagonizan la maldad y a los malos. Los políticos y funcionarios corruptos son los guías, administradores de los bienes públicos y quienes deciden nuestro destino como nación.

El bien no tiene reconocimiento en nuestra sociedad, esta situación nos está arrebatando la ilusión de un mañana mejor.

Además de tener un Estado sin independencia de poderes, tampoco contamos con la fiscalización de los poderes fácticos que deben servir de contrapeso en el orden social.

Una gran parte de: Las iglesias, los medios de comunicación, las empresas, intelectuales y los grupos de poder en general se suman a los fines siniestros dando la espalda en la ayuda para garantizar un ejercicio público escudado por la ética y el estado de derechos.

Frecuentemente escuchamos el lamento de la mayoría de los ciudadanos con sensibilidad humana y honestidad, quienes muestran su desesperanza, gritan la famosa frase “esto se jodió” y que ya no vale la pena continuar luchando.

Por estas y otras razones cada vez se nos hace más difícil seguir adelante y reclamar nuestros derechos; así como exigir justicia social y que se cumplan las demandadas de la ciudadanía.

Sin lugar a dudas la corrupción y la impunidad han apagado la luz de la esperanza de aquellos que creemos y defendemos los principios éticos y patrióticos.

Es urgente despertar como sociedad y pensar en colectivo para detener este derrotero. Se hace imperativo recuperar los principios trinitarios y reivindicar nuestros héroes que dieron sus vidas por la libertad y la democracia plena.

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