Se supone que toda pieza legislativa que emane del Congreso tiene que responder a un previo y razonado estudio. Asimismo que tanto la Cámara como el Senado cuentan con consultores en distintas especialidades, cuya función es precisamente asesorar a sus miembros, y a los cuales estos deben someter los proyectos de leyes antes de presentarlos al pleno.
No parece haber ocurrido así en el caso de la pieza aprobada en la Cámara Baja disponiendo la lectura obligatoria de la Biblia en las aulas escolares. De haberlo hecho, cabía suponer que la primera advertencia sería que el mismo es violatorio de la Constitución de la República en el caso de que el proponente lo ignorase.
La Carta Magna es clara en cuanto establece el carácter laico del Estado Dominicano. Y más precisa aún cuando consagra la libertad de cultos para todos los ciudadanos. Pretender la lectura obligada de la biblia en el sistema escolar, es por consiguiente una flagrante violación de ese principio sagrado y fácilmente recurrible ante el Tribunal Constitucional, con segura ganancia de causa.
La filiación religiosa es un hecho personal, voluntario y de libre elección; en modo alguno puede responder a una acción impositiva. Como igual resulta el ser agnóstico o ateo. A nadie se le puede obligar a creer como tampoco a dejar de hacerlo.
En un orden práctico resulta ingenuo pensar además que el simple hecho de leer la Biblia a diario en las aulas es un método adecuado para transmitir valores. ¿Acaso ignora el autor de la pieza el bajísimo, casi vergonzoso, porcentaje de alumnos que no pasan la prueba de lectura comprensiva? Y si no son capaces de comprender y asimilar lecturas sencillas, ¿cómo esperar que lo hagan con un libro de las complejidades de la Biblia, que en no pocos aspectos es interpretativa?
Aparte de su carácter inconstitucional son por consiguiente sobradas las causas por las cuales el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, ha advertido que rechaza la misma y que en modo alguno la pondrá en práctica. Es una decisión en la que toda la razón está de su parte.
Ahora bien. Lo que si resulta evidente, y cada día más es la necesidad de llevar al aula y a la mente de los estudiantes la enseñanza en valores como parte fundamental de su proceso de formación humana y ciudadana, nombre quizás más apropiado que el que se usaba décadas atrás, donde la asignatura de Moral y Cívica, dirigida a esos mismos fines, ocupaba un lugar de importancia en el currículo escolar.
De que ese vacío en el proceso de educación escolar resulta cada vez más ostensible son sobrados los ejemplos, y serán también más funestas las consecuencias en el ya no mediano y mucho menos largo plazo.
El Diario Libre reseña la diversa cantidad de hechos de violencia extrema que tuvieron lugar en liceos y escuelas públicas y sus entornos durante el pasado año, desde una estudiante de once años muerta a causa de la golpiza propinada por otra de catorce, hasta varios menores y adolescentes heridos de arma blanca; niños arrojados por otros desde alturas equivalentes a dos pisos; veintidós que fueron afectados por el lanzamiento de una bomba casera; otros que en turba destrozaron pupitres y materiales escolares.
La lista es mucho más extensa. Y si bien es cierto que esa violencia es reflejo de la que perciben en sus hogares y en el seno de la sociedad como advierten psicólogos y psiquiatras, no excusa el que los responsables de tales hechos que no pueden ser vistos como “una chiquillada” sean debidamente sancionados. Pero es prueba además de que la asignatura “Enseñanza en valores” carece de espacio en las aulas escolares.
Y eso si debe ser un grave motivo de preocupación.