El Ministerio de Educación mantiene un plan para que los centros educativos públicos puedan regresar a clases de manera virtual a inicios de noviembre. Mientras que los centros educativos privados, con capacidad de iniciar clases, comenzaron sus actividades pedagógicas (virtuales o presenciales) en el mes de agosto. Naturalmente, todas las brechas existentes entre ambos tipos de centros y por ende grupos socioeconómicos, ahora serán mayores y más difíciles de cerrar.
Este nuevo hito en la agenda ministerial es lo que ha surgido por el contexto. Se empezó a realizar básicamente sin contar con los equipos, el material y la capacitación necesaria que implica llevar la educación virtual. Ahora bien, objetivamente, ¿será esto lo más efectivo? Aquí es donde entra la incoherencia social que existe en la República Dominicana. Por un lado, queremos proteger a los niños/as en centros educativos y, por ende, los mantenemos cerrados. Pero, por otro lado, las restricciones para otros sectores están cada vez más permisivas. Desde parques (donde juegan niños) hasta restaurantes y plazas comerciales (donde van niños). Entonces, las escuelas, colegios y centros de primera infancia, están cerrados, ¿por qué razón?
Me atrevo a decir que es de conocimiento general que el COVID es serio. Ha destruido familias, colapsado sectores, drenado los hospitales y cambiado los planes de todo el mundo, literalmente. Es triste, penoso y lamentable. Existen vacunas prometedoras que supuestamente van a salir pronto. Sin embargo, ¿realmente tendremos una garantía de que llegará a tiempo?;¿de qué será efectiva?; ¿de que los niños/as podrán obtener estas vacunas? La respuesta para cada una de estas preguntas es ambigua.
Si los demás sectores que movilizan la economía han abierto aplicando las medidas necesarias, ¿por qué los centros educacionales, no pueden hacerlo? Claramente, utilizando las medidas de seguridad y equipamiento de los centros educativos. Por ejemplo, diversos organismos multilaterales tales como OECD, UNESCO, Banco Mundial han lanzado marcos de reapertura de las clases donde establece que se debe realizar de manera gradual y adaptada al contexto. Obviamente no se pueden abrir los centros como estaban abiertos hasta marzo 2020. Tampoco se pueden abrir todos a la vez ni en todas las regionales educativas. Idealmente, se debe empezar por un mapeo de aquellas regionales educativas donde el COVID está “controlado” o con menos de 50 casos por cada 100 habitantes.
Se debe replantear que si bien existe la opción de educación virtual (cuyo funcionamiento es cuestionable y no sabemos cuál será su comportamiento), las familias tengan la opción de ir presencialmente a clases, con las medidas de seguridad y distanciamiento adecuados. También que el centro educacional cuente con los recursos de bioseguridad necesarios para cada estudiante. Idealmente, también que se hagan pruebas para el COVID dentro de los mismos centros educativos cada cierto tiempo. Claramente, que los demás factores e indicadores educacionales sean adaptados al contexto. Por ejemplo, no dar el mismo peso a cada contenido del currículo, enfocar en bienestar socioemocional, adaptar las evaluaciones y prácticas pedagógicas en el aula a la realidad actual. Para tomar estas decisiones, una buena herramienta sería contar con una opinión de los padres/madres/tutores del estudiante, ver cuántos realmente están en disposición de apoyar el aprendizaje desde casa (que no es lo mismo que ser tutor/madre/padre) vs cuántos prefieren una educación semi-presencial o presencial con las medidas necesarias.
Aunque los esfuerzos se están realizando para rescatar el año escolar en curso, es una incoherencia social que todos los centros educativos permanezcan cerrados, cuando el país está casi completamente abierto en otros sectores. Salvaguardar la salud y la seguridad física, emocional y social de los estudiantes, siempre ha sido y será una prioridad para las escuelas. Además de que es un derecho. Los estudiantes son el pilar central de la educación. Ahora bien, estos tiempos ameritan de mayor cuidado y restricciones para lograr que otro derecho primordial – el derecho a la educación – también sea garantizado. Sobretodo por las repercusiones, en su mayoría negativas, que traerá permanecer con los centros cerrados y tener educación virtual funcionando para algunos y para otros lamentablemente, no. La dificultad en este tipo de decisiones radica en varios factores sanitarios y de salud, también de múltiples recursos limitados, que están condicionados a un virus ilimitado que no tiene fecha de término. Pero, es momento de pensar en la solución a largo plazo para la educación, de la situación que afecta aproximadamente a 3 millones de estudiantes en República Dominicana.