Todos los pesos que llegan a las arcas del gobierno por impuestos son idénticos. A la hora de gastarlos no se sabe cuál fue su origen. Una empresa que pagó 50 millones de impuesto sobre la renta no puede alegar que es el padrino de una clínica rural pública vio que se construyó por ese mismo monto. El dinero es fungible.
Cada peso pagado al gobierno como impuesto, si se quiere, está representado proporcionalmente en cada tipo de gasto. Aporta tanto a gastos buenos, inversión pública en infraestructura y pago a enfermeras, como a los malos, nóminas supernumerarias y transferencias a ASFL inoperantes.
Con los impuestos a los contribuyentes se les quita la libre disponibilidad del total de sus ingresos. Una parte del salario y de las utilidades es obligatorio transferirla al gobierno. Parte del ingreso privado también pasa a la administración pública por cargas impositivas que encarecen la compra de bienes y servicios.
Es natural que el sector privado se resista al pago de impuestos, especialmente en aquellos casos donde las tasas que gravan la actividad económica son altas y/o se perciba una mala calidad del gasto público. Hay ocasiones en que lo hace de manera unificada y obliga a reformas tributarias con tasas sustancialmente más bajas y de cobro universal. Esto generalmente ocurre luego de una etapa en que individualmente cada quien busca rescatar, por medios legales o ilegales, parte de la libertad de disposición sobre sus ingresos arrebató el Estado.
Entre los ilegales, por ejemplo, están los de recibir bonificaciones en efectivo a las que no se hacen retenciones, el contrabando, la subvaluación de importaciones y las ventas sin declarar el ITBIS. Por vías legales aisladas el trabajador formal restaura el poder adquisitivo con devoluciones de gastos educativos y tasa cero sobre una proporción del mismo. Las empresas de un sector específico buscan trato especial para que la reinversión de utilidades no sea gravable, se les exonere del pago del ITBIS o se les permita actuar de promotores de nuevas actividades económicas con el dinero debían pagar al fisco.
La creación artificial de actividades económicas por incentivos fiscales ha probado ser fatal. El sistema tributario es un pésimo sustituto del sistema de precios a la hora de asignar recursos en una economía. Son los precios relativos de bienes y servicios los que dan las señales sobre las actividades productivas con más potencial de obtener beneficios para los empresarios y trabajadores. Mientras con más libertad funcionan, mejor se transmite esa información a quienes toman riesgos de invertir capital o adquirir competencias laborales mejor pagadas.
Con estas actividades que dependen de la muleta tributaria, hace décadas era el gobierno que dominaba las noticias para contar las bondades económicas lograba su “sacrificio fiscal”. No hacía mucha fanfarria porque en el fondo sabía que buena parte de las inversiones eran fantasmas, la lucha individual de las empresas para evitar las tasas confiscatorias de un sistema impositivo solicitaban cambiar. Esa reforma llegó, se redujeron las tasas y se desmantelaron varias leyes de incentivo fiscal que calmaron por un tiempo la diversificación empresarial a que daban origen.
Están de vuelta esos tiempos, pero con un ingrediente novedoso. Los promotores de una actividad creada por un incentivo fiscal ahora demuestran con estudios internacionales que gastan de manera más eficiente que el gobierno. Más empleo y dinamismo económico se ha generado por esta vía que dejando al gobierno disponer de ese porcentaje de impuesto sobre la renta exonera la ley.
¿Qué justifica eso? Ignorar que el dinero es fungible. La conveniente idea, para poder dormir tranquilo de noche, de vincular el peso del subsidio fiscal con el gasto improductivo del gobierno. Están subsidiando la actividad en que participo con el dinero que se iban a robar, no el que estaba destinado para un hospital público o un camino vecinal. Por eso es que, sin sonrojo, es posible recibirlos a manos llenas y marchar en protestas populares.