Cuando en marzo de 2011 la señora Rita Maestre hoy concejala del Ayuntamiento de Madrid ocupó junto a un grupo de manifestantes una de las capillas de la Universidad Complutense, la reacciones de quienes practican la fe católica no se hicieron esperar. La protesta de las activistas en contra de la “intromisión” de la Iglesia en las instituciones públicas provocó una evidente ofensa hacia los derechos religiosos por la indignación que suponía la desnudez de esas mujeres en templo santo y el menosprecio ante lo que el catolicismo concibe como el debido respeto al altar y la importancia que refiere su significado. De manera que una vez llevado este caso ante los tribunales de primera instancia, la justicia española bien procedió a imponer condena a las activistas tomando como causa el hecho de que la manifestación se hiciera con consciencia plena del lugar en el que se encontraban, lo que constituía displicencia hacia los sentimientos religiosos.
Ante este desenlace el Centro Jurídico español de extrema derecha, Tomás Moro, como uno de los querellantes por la protesta realizada, dijo: “ésta sentencia servirá para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar al que piensa o siente diferente”. Y de todo este relato, precisamente ese es el mensaje del que necesitamos hacer eco en nuestro país.
Ante la recién aprobación por parte de los Senadores dominicanos de un Código Penal que —entre cosas— reitera la aprobación de la penalización del aborto en todos los supuestos, comprobamos nueva vez que la violencia de género no sólo es visible con agresiones físicas, si no que se encuentra también disfrazada en letras y palabras y aún peor se manifiesta legalmente; tal como es el caso de negarle a la mujer el derecho a decidir abortar: (i) en caso de grave peligro para la vida de la embarazada o para su salud; (ii) cuando el embrión o feto presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida; o (iii) cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.
Si en el Estado existen reglas como existen en las iglesias, recordemos que las manifestantes de la capilla de la Complutense no fueron condenadas por el hecho de protestar pacíficamente, si no por de un modo u otro querer imponer su pensar “conscientes de lugar donde estaban”. Así como muchos dominicanos desearíamos que algunos congresistas se percaten del lugar donde vivimos, que es un Estado signatario de la Convención de Belem do Pará; un Estado que se comprometió a cumplir la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un Estado donde el 13% de las muertes maternas son causadas por abortos clandestinos, y un Estado por demás: de Derecho.
El Estado Dominicano por disposición constitucional garantiza los derechos fundamentales de todos, y resulta ser que el Estado también es casa de los que están a favor del aborto en algunos supuestos. Y es que no resulta ser constitucional castigar penalmente en todos los supuestos la interrupción del embarazo sin que exista una previa ponderación de situaciones en la que se analicen otros derechos igualmente protegidos y que, de denegarlos, generan detrimento en los derechos que asisten a la mujer gestante. Sin embargo el juego de la democracia legislativa ha hablado, por lo que esperemos sea el Poder Ejecutivo quien observe nueva vez esta preocupante situación así como se eleven cada vez más, voces que defendamos esta causa de la que parecería que las mujeres dominicanas seguiremos siendo víctimas de condena por la justicia divina del hombre in saecula saeculorum.