Intentando descifrar nuestra particular característica de robo público, su singularidad, si es que la tiene, escuché de un experimento llevado a cabo por el legendario periodista y permanente defensor del estado de derecho, Juan Bolívar Díaz. Quiso precisar la magnitud de la impunidad, y precisándola, me permitió llegar a la “marca país” del robo publico criollo, la tipicidad del mismo.
Agudo ejercicio el que realizó Juan Bolívar al darse cuenta que, si bien es verdad que la corrupción es endémica en Latinoamérica, cada país- exceptuando los de gobiernos totalitarios- tiene su lista de políticos imputados y encarcelados; ahora mayor, con el salpicón escatológico de Odebrecht. Pensó primero en Perú, donde guarda prisión hasta un expresidente, se detuvo en los detenidos de Colombia y Panamá, y terminó en Brasil con docenas de ex funcionarios cumpliendo condena.
Ante esa realidad penal de nuestros vecinos, el director de “Uno+ Uno”, presumiendo una impunidad absoluta, ejecutó una verificación tan sencilla como inteligente: preguntó a un importante funcionario de prisiones por el número de presos por corrupción encerrados en nuestras cárceles. El resultado, hasta ese momento sin verificación oficial, era previsible: ninguno. Ese “ninguno” es ahora oficial, comprobable, científico. Es privativo del desfalco publico dominicano, su “marca país”.
En efecto, esa fortaleza anti jurídica, edificada desde siempre por la clase política, y a la que el PLD convirtió en inexpugnable, es única en el hemisferio (sólo África se le acerca). Ninguna nación garantiza inmunidad a sus políticos como esta. Pero ahora bombardean la fortaleza, no les quedara otro remedio que el de abrir portones y entregar ladrones. No pueden permitirse el lujo de una revuelta ciudadana, ni de izar descaradamente ante el mundo bandera pirata. Odebrecht y las marchas verdes no dejan otra salida.
Sin embargo, nadie es tan ingenuo para suponer que con esos presitos de segunda que vienen de camino se inicia el fin de la impunidad. Imposible. Ese fin debe tener un punto de partida drástico e ineludible. De lo contrario, luego del odebrechtazo volverá a iniciarse el robo sin castigo. Es imprescindible, esencial, comenzar con una fumigación y barrida de la gerontocracia contaminada, asentada en la dirigencia de cada partido. Un saneamiento democrático.
Sin una cauterización copulativa general, la excrecencia volverá a mostrarse, pues “loro viejo no aprende hablar”, y “perro huevero, aunque le quemen el hocico”. Y esa higienización esta en las manos de esa gente joven que por fin se asoma, levantándonos el optimismo perdido. Líderes políticos y comunitarios nuevos, de estreno. Sin compromisos ni inconductas pasadas. Juventud preparada intelectual y moralmente para asumir una renovación eficiente del quehacer político.
Resulta esperanzador escuchar a jóvenes como Faride Raful, Jose Ignacio Paliza, Wellington Arnaud, Luis Miguel De camps, Matias Bosch, Bartolomé Pujals, entre otros, que, junto a organizadores de marchas verdes, participación ciudadana y brillantes columnistas y analistas políticos de nueva generación, se han colocado al frente de la batalla que busca cambiar la política dominicana! Qué gusto da escucharles y leerles!
Si Juan Bolívar Díaz comprobó con un ejercicio investigativo la drasticidad de nuestra impunidad, el movimiento verde y esos prometedores dirigentes y políticos que se están mostrando, hacen pensar que, después de todo, encontraremos una forma de acabarla. Eso sí, ahora, cayéndonos porquería desde Brasil, es el momento de iniciar la limpieza general requerida. Y de hacer de cada marcha verde una fervorosa exigencia para que podamos borrar esa “marca país” de impunidad que nos degrada.