El presidente Danilo Medina debería colocar por un buen tiempo debajo de su almohada el proyecto de reforma policial. Y luego echarlo a andar por cada rincón del territorio para someterlo a la prueba del escrutinio público. Tal vez salga una pieza aplatanada de un proceso donde participen también, además de los pensantes perfumados, los siempre excluidos “insolventes de ideas”. Nadie sabe, como dice el pueblo.
Nada tendría que ver esto con bloqueo a la imperiosa necesidad de transformación de la institución responsable del orden público. Mucho menos con miedo a una decisión trascendente y delicada. Es la coyuntura de crisis socioeconómica la que le ordena al mandatario, cautela, avanzar sin apresuramiento. Por su bien.
En lo que agotan esa fase de madurez del proyecto, la autoridad podría, sin embargo, dar golpes efectivos y sostenidos a la delincuencia callejera que ha puesto en jaque la seguridad pública. Porque el problema no es el traje de la Policía, sino la corrupción y los malhechores que en ella se han entronizado hasta hacerle metástasis en muchos de sus órganos. Así que, con un corte fino en algunas de las ramificaciones cancerosas, podría alargar por unos meses la vida del paciente y amortiguar tensiones innecesarias alrededor de una caldera social que hierve a borbotones por lo bajo. El tiempo del gobierno de Medina avanza y urgen resultados concretos.
¿Quién no conoce en barrios y residenciales a los malandrines? ¿Cuántos no se hacen los locos cuando los ven llegar con lo robado y sus ropas ensangrentadas? ¿Quién desconoce a los oficiales y subalternos jefes de redes de atracadores y gatilleros, y su riqueza meteórica pese a que ganan bajos salarios? ¿Quién no sabe de los “peajes” en los suburbios y carreteras? ¿Quién no sabe de las empresas formales e informales que venden objetos robados, y de las familias que los compran?
Si todo el mundo lo sabe, no es tan difícil adoptar algunas medidas concretas que ayuden a aminorar la inseguridad pública, ahora.
Se me ocurre sugerir, por lo pronto, que la autoridad anuncie un pago extra al policía –en servicio o no– por cada delincuente atrapado vivo y con evidencias del delito cometido (sin maltrato). Y, al final, darle un gran premio (una casa, por ejemplo) a quien haya acumulado más logros.
Complemento de esa medida sería vigilar el accionar de oficiales superiores para cancelarlos y someterlos a la justicia ante el primer asomo de boato injustificado. Ninguna razón hay para que un oficial o subalterno sea multimillonario, a menos que esté vinculado al narcotráfico y a las mafias.
Es vital, además, la integración y participación de la gente que sufre el impacto del mal social. Con los niveles de indiferencia e insolidaridad que observo en la población y en la misma justicia, ninguna medida gubernamental será exitosa, llámese como se llame la Policía y sin importar cuán hermosa sea su reforma en el papel. Hay que apoderar al ciudadano y a la ciudadana; hacerle ver que “hoy por ti, mañana por mí”. Reconstruir la confianza es básico.
Y asumir, sobre todo, que la entropía que sufre la institución es hija de la crisis de honestidad desparramada por los cuatro costados de la República Dominicana, comenzando por la familia.
Seamos prácticos y oportunos, si queremos soluciones. Porque, por el camino que vamos con esta cultura del mono y de “masturbaciones intelectuales” que sufrimos, un día amaneceremos con la obsesión de importar nieve para provocar nevadas. Pero sumidos en un caos irreversible.
Ojalá mi voz traspase las gruesas paredes del Palacio.
MIRANDA Y FALCONDO-XTRATA NICKEL
Aunque el esperado informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resulte desfavorable para la explotación de loma Miranda, la imagen del Gobierno saldrá ajada. Quedará en el paladar de mucha gente el amargo sabor de la blandenguería y la dependencia de órdenes externas.
El nivel de empoderamiento de la población era suficiente para que las autoridades de Medio Ambiente alertaran al presidente Medina sobre la necesidad impostergable de asumir el protagonismo de la lucha comunitaria. Sobre todo porque el rechazo se justifica solo con ver los daños ambientales de la minera en el entorno de la provincia Monseñor Nouel, donde opera.
Aparte de la buena intención gubernamental, del prestigio del PNUD y sus técnicos y de los legalismos pregonados, quedaría en el imaginario popular la idea de que las autoridades actuaron de espaldas al interés nacional en tanto la decisión final sería arrancada por la presión de las protestas, no por el cumplimiento del deber de quienes cobran para defender los intereses nacionales. Todo lo contrario a lo sucedido con los casos Barrick-Pueblo Viejo y Bahía de las Águilas.
¡Qué pena!