Un gran gesto del Almirante Pared Pérez, Ministro de las Fuerzas Armadas, fue un punto  positivo  en los últimos retiros militares. Reunió a quienes iban a ser retirados para informarles personalmente la disposición que les dejaba fuera de sus instituciones.

Trató de mitigar el trauma que suelen causar los retiros cuando provocan profundos daños emocionales si son productos de abusos o  retaliaciones (política o personal) y los responsables evitan ver la cara a los afectados, quienes se enteran cuando la disposición se publica en los medios.

Esta acción engrandeció al caballeroso Ministro de las Fuerzas Armadas, pero el proceso fue afectado por los factores políticos de siempre. En los últimos retiros militares, como en otras ocasiones, fue preponderante ese ingrediente para seleccionar quien es pensionado o permanece activo.

Una nueva Ley Orgánica para los cuerpos armados está a punto de ser aprobada y con ella se pretende regular ascensos y retiros acogiéndose a una estricta norma que pondría fin al desorden  que por décadas ha existido en la organización militar donde los retiros se producen antojadizamente y los ascensos, sin una evaluación apropiada del desempeño profesional, siguiendo un escalafón o las vías reglamentadas institucionalmente por la antigüedad en el servicio.

Ahora no quedó claro si los retiros se hicieron de acuerdo a la Ley vigente o la que está en proceso de aprobación. Al parecer, esta indefinición en el momento escoger a quienes serían pensionados, les permitió cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo y al Ministerio para seleccionarlos, motivando también algunas notables contradicciones en estos retiros, especialmente en la selección de los oficiales afectadosy la fecha en que se realizaron.

Expresar que los retiros se hacen apegados a la Ley Orgánica, es el cliché de siempre que no puede ocultar algunos detalles contradictorios que se produjeron. ¿Si existe una vigente y otra en proceso de aprobación, cuál de las dos Leyes se aplicó?

No pudo ser la última porque se hicieron ascensos el 7 de Septiembre y ésta establece que solo se hagan los 27 de Febrero, además, aún no ha sido promulgada, sin embargo, se dijo que los 38 generales retirados eran parte de la cantidad que debe retirarse en 6 años para cumplir con la reducción contemplada en esa nueva Ley.

Tanto por la fecha de los retiros como por el uso discreto de las facultades constitucionales que han utilizado siempre los presidentes para retirar oficiales a destiempo por cualquier capricho, se podría asumir que se utilizó la Ley Orgánica vigente (LO. 873 del 8 de Agosto de 1978).

La propuesta Ley Orgánica, equilibraría el número de generales proporcionalmente a la nómina de cada institución, por lo cual sería necesario el retiro de aproximadamente las tres cuartas partes de la cantidad actual de Generales lo que se haría gradualmente durante unos 6 años hasta quedar en una proporción de 1 General por cada mil soldados.

La nueva ley establece el retiro forzosoa los 40 años de servicio, voluntarioa partir de los 25 y obligatorio a los 10 años en el rango. Varios de los retirados no aplican en esta condición, pero muchos de los no retirados sobrepasan la obligatoriedad que establece esta Ley.

Al parecer, para retirar a los más jóvenes se tomó en cuenta el espíritu de la Ley que aún no ha sido promulgada y para retener a generales de 40 años en el servicio, sin funciones, que fueron Ministros de las FFAA y Jefes de instituciones, el sustento sería la Ley Organiza que aún se haya vigente y la facultad discrecional que siempre utiliza el Presidente de la República.

En fin, se hizo un “mangú” con ambas leyes para proteger a un grupo selecto de Generales que políticamente parecen intocables. Aunque en algunos casos la Ley se aplicaría correctamente, la maniobra permitió al gobierno dejar activos a generales que fueron Ministros de las Fuerzas Armadas o Jefes de Instituciones, para los cuales, la nueva ley establece el retiro obligatorio. Puso en retiro algunos de ellos, pero los más antiguos “se salvaron” porque son muy cercanos y forman parte del círculo de poder del ex Presidente Leonel Fernández.

Con la nueva Ley Orgánica, el gobierno enfrenta la encrucijada de si la aplica al pie de la letra y pensiona sin miramientos a todo General que según ella califique para el retiro o mantiene activo un grupo de generales protegidos por el liderazgo político del PLD.