El agravamiento de las condiciones de la vida individual o familiar para la gran mayoría presenta la más cruda dimensión económica del impacto del virus. Y es lo que mejor permite entender el debate sobre los fondos de pensiones y los reclamos sobre la autorización para su retiro parcial; pero hay más.
En los fundamentos de la Seguridad Social se concibe hacer obligatorio las cotizaciones o aportes monetarios regulares deducidos del salario previendo las que se consideran como contingencias correspondientes a la incapacidad permanente por enfermedad o la vejez, en el propósito de garantizar ingresos regulares a las personas en esas circunstancias o etapas, de las más vulnerables de la vida.
Ese correcto enfoque pierde reconocimiento y credibilidad cuando se demuestra que se recibiría como máximo la tercera parte del salario mensual.
La proyección de las pensiones son aún más dramáticas al estimar que para la República Dominicana 70 personas de cada 100 reciben salarios mensuales por debajo de 16 mil pesos y peor aún saber que de cada 100 personas que trabajan hasta 54, desde antes de la pandemia, no pertenecen al sistema de pensiones ya que se encuentran en la economía informal desde la cual no se cotiza, pues nunca ha funcionado el Régimen Contributivo-Subsidiado previsto en la Ley 87-01 que crea en Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Esa gran debilidad estructural del sistema de pensiones común a los países de la región y de otras zonas del mundo ha llevado a flexibilizar las posibilidades de retiro parcial para las y los afiliados, entre cuyos argumentos está el poder atender adversidades que se encuentran, para los que aplican, en ese largo camino.
En Chile se aprobó recientemente autorizar el retiro del 10% de los fondos de pensiones y en Perú el 25%. Ya en México antes de la pandemia se podía retirar hasta el 11.5% en caso de pérdida del empleo.
Partiendo de la propiedad que tienen los afiliados sobre sus cuentas individuales, del agravamiento de su situación económica, de los reducidos montos a recibir en su proyección en el tiempo, no es irracional o descabellado que se procuren soluciones diferentes a las concebidas en el enfoque tradicional, de ahí lo que ha sucedido en varios países.
El impacto del virus demanda no solo soluciones específicas sobre los fondos de pensiones, sino su replanteo o rediseño que ha de ser parte de una revisión profunda del rol del Estado como la más alta expresión de organización de la sociedad ante la economía y ante lo más importante, la vida de la mayoría de las personas.