La Constitución dominicana en el artículo 39, acápite 3, dice textualmente: “El Estado debe promover las condiciones jurídicas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”.
En el acápite 4, es más contundente “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;”
Si se fijan, nuestro país, como democracia constitucional, ha establecido el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Ahora bien, le urge establecer un sistema social que funcione en consecuencia. Este sistema deberá entender y aprehender que, para garantizar la erradicación de las desigualdades, es imposible tratar a todo el mundo igual. Como dice Colina Garea, en esos casos (cuando se “pretende” tratar a todo el mundo igual), la igualdad de convierte en la más profunda de las desigualdades.
La Constitución dominicana incluyó el concepto de igualdad real, a fin de incidir en que podamos salirnos de las formalidades de los pronunciamientos y tener la posibilidad de implementar medidas hacia el logro de la equidad y la justicia; dos asuntos fundamentales hacia la verdadera igualdad.
Es urgente lograr lo que se ha nombrado como “igualdad de circunstancias”, o sea, si a las mujeres se les reconoce iguales capacidades, es necesario propiciar las circunstancias para que tengan igual acceso. Si funcionara así, evidentemente en todos los espacios públicos y privados habría muchísimas más mujeres que las que hay actualmente. Más Ministras de Gobierno, más Senadoras, más Diputadas, más Juezas en las “Altas Cortes”, más banqueras en los Consejos de Administración de esas entidades, más presidentas de empresas, en fin, más mujeres. Requisito “sine qua non” hacia la participación igualitaria en posiciones de toma de decisión, que apunten a la transformación del mundo.
La Constitución dominicana, ha avanzado en la protección de los derechos de las mujeres. La pregunta es ¿Qué se está haciendo desde el Estado para superar las desigualdades cotidianas que les afectan? ¿Cuáles son las medidas afirmativas constitucionalmente establecidas que estamos aplicando para superar esta desigualdad y cumplir los preceptos constitucionales?
El numeral 5 del artículo precitado, establece que el Estado tiene el deber de promover y buscar garantizar la representación equilibrada de los hombres y las mujeres en los cargos de elección popular, la administración pública, la justicia y los organismos de control del Estado. Esto va a implicar, necesariamente que menos hombres estarán en estas posiciones. Esto último, me parece es la verdad latente, que marca la oposición a establecer y cumplir las disposiciones existentes de carácter afirmativo; como, por ejemplo, la ley de cuotas. Los hombres se niegan a perder posiciones, y eso no permite lograr el equilibrio necesario. En una práctica tradicionalmente excluyente y lamentablemente tan naturalizada, las mujeres seguimos siendo menos en posiciones de conducción del Estado y del sector privado. La naturalización es tan fuerte, que a quienes insistimos en indicarlo y exigir que no sea así, llega un momento en que “molestamos”.
La Constitución dominicana, tiene lagunas que en su momento deberán ser corregidas y superadas, pero establece con mucha claridad el principio de no discriminación. Y especifica la necesidad de que el Estado tome las medidas necesarias para lograr la equidad y la igualdad. Seria genial que todas las voces que cuando sienten que les conviene exigen el cumplimiento del texto constitucional, tengan la misma fuerza para demandar el espacio de las mujeres. Mitad de la población, (un poco más, realmente), que se ha “ganado” ser tratada con reconocimiento a su dignidad, libertad e igualdad.
Próximamente se convocará el Consejo Nacional de la Magistratura, esperamos que las posiciones que serán escogidas en el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, se hagan con respeto a la paridad de género, que, por proporción poblacional de hombres y mujeres en el país, significará que tendremos muchas juezas. Así debería pasar en todo el Estado. Hay mujeres, y aunque a los hombres nunca les cuestionan si están “preparados” para ocupar una posición, no está demás afirmar que hay mujeres que reúnen todas las condiciones profesionales y académicas para dirigir en el sector público y en el privado.
La igualdad y la justicia, no se logra sin mujeres.