El Concordato con la Santa Sede firmado el 16 de junio de 1954 en la ciudad del Vaticano, es el que le ha permitido a la Iglesia Católica Romana mantener privilegios jurídicos, sociales, políticos  y económicos 54 años después de la caída del régimen de terrorismo estatal impuesto por Rafael Trujillo.

Las causas de su continuación en el siglo XXI son múltiples.  Éstas hilvanan cronológicamente la lucha política dominicana al crear un contrapeso reaccionario en contra de los movimientos por cambios democráticos y de defensa de los derechos humanos en territorio dominicano.  De aquí el mandato curricular en las escuelas públicas que le permite a la Iglesia vertebrar la moral religiosa a través de un eje transversal.  De esta manera asegura el poder de revisar y ocultar la verdadera Historia, anteponiendo una “historia sagrada” a las evidencias documentales alegando conocer lo que dios piensa y quiere con exclusividad y de forma infalible.

La causa inmediata de que el Concordato haya sobrevivido y ampliado el poder de la Iglesia en el siglo XXI, la destaca el mismo historiador de la Iglesia, el Jesuita José Luis Sáez, en su libro, La sumisión bien pagada.  La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961).  El título denota el rol de la iglesia durante los treinta años de dictadura, una sumisión comprada en base a privilegios y financiamiento.  Recordamos que cuando Trujillo llegó al poder encontró a una Iglesia que había sido despojada de su personería jurídica por una corte en La Vega, y con una sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia.  A esto me referí en un artículo anterior, titulado Trujillo, el innegable Benefactor de la Iglesia.

En sus conclusiones, el padre Sáez destaca el oportunismo de la Carta Pastoral de 1960 como un hecho “admirable” que le permitió a la Iglesia permanecer en el país y “salir airosa” de su alianza con el tirano.  Su conclusión describe más que ningún otro historiador, la realidad de la inmoralidad de la institución durante la Era de Trujillo, aunque ésta no fuese su intención.  El sacerdote argumenta que con la llegada del papa Juan XXIII al poder, “…la labor del Episcopado y del nuncio Lino Zanini a partir de 1960 es tanto más admirable.  Incluso, no es aventurado decir, que gracias a esa ruptura del noviazgo con la tiranía, llamémosle así, la Iglesia salió airosa y se evitó de ese modo tener que encaminarse al exilio con el último de los Trujillo” (p. 83).

Con el exilio de la Iglesia, es probable que la democracia dominicana hubiese tenido un camino menos escabroso, sin el golpe de Estado de 1963, sin la ocupación de abril de 1965, sin la vuelta a la dictadura de los doce años de Balaguer y sin el actual neo-Trujillismo del PLD, y los demás partidos que gobernaron desde el 1978.  Las demás iglesias protestantes, que yo conozca, y con la excepción de las Evangélicas del CODUE y sus aliadas pentecostales, no han dado señales de querer imponer a toda la población sus doctrinas y preceptos y de buscar que el Estado las financie.  Razón por la cual, no han constituido un peligro para la democracia.

Después de electo el primer gobierno democrático de Juan Bosch, en febrero de 1963, encontramos la segunda causa que explica la permanencia del Concordato:  el golpe de Estado y el papel jugado por la Iglesia para derrotarlo.  La Constitución de 1963 fue una Constitución Laica, basada en la moral del ilustre Ciudadano de América Eugenio María de Hostos, dominicano por adopción.  La influencia de Hostos en Juan Bosch fue enunciada por él mismo con una metáfora inolvidable.

Se identificó con su nombre y la fecha de su nacimiento, para decir que había nacido de nuevo el día que “descubrió” a Eugenio María de Hostos.  Hostos, el hombre cuyos discípulos sembraron en todo el territorio nacional sus enseñanzas de moral, responsabilidad, civismo, verdad, ciencia, y laicidad es hoy sustituido en las Escuelas públicas por las y los discípulos del Cardenal López Rodríguez, designados a dedo por los obispos, sin ningún tipo de supervisión del Ministerio de Educación.  Acción propia de una teocracia, donde el Estado se arrodilla ante los representantes de divinidades.

Aunque la Iglesia predica que “no se mete en política” de facto es lo que siempre hace.  Desde la caída de Trujillo, la Iglesia apoyó a su Partido, el Social Cristiano que fusionaría más tarde con el Partido Reformista durante los 12 años de la dictadura Balaguerista.  Le aportó a Balaguer un amplio trabajo de base– el 5 de febrero de 1962 se formó el Sindicato Autónomo de Industria Farmacéutica, SADIF, en Santiago, que dio lugar a la  formación de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC).  También se creó el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), órgano educativo de la CASC y de las Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC). Además, la Iglesia inició los Centros de promoción Campesina en cada diócesis con un plan político:  organizar al campesinado para las filas de FEDELAC, y de ahí apoyar al Partido Social Cristiano.

A cambio de los privilegios de Iglesia estatal, la Iglesia dominicana le aportó al Partido Reformista  una plataforma internacional que el Reformista no tenía, y las bases de sus líderes obreros y campesinos entrenados por las instituciones diocesanas.  Así nació el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), de la nueva alianza post-Trujillista de la Iglesia Católica Romana con los sectores dominantes.

Con la alianza de Leonel Fernández como heredero político de Balaguer, la Iglesia garantizó en la década de los noventa, la protección del PLD.  Sus políticos le han pagado con creces los favores recibidos; desde el Congreso, desde la Suprema Corte de Justicia, desde el Ejecutivo, y desde el Tesoro Nacional y el Ministerio de Educación.    Por eso esta alianza política – cementada durante los últimos 70 años del Siglo XX y los 15 del siglo XXI—no la rompe ninguna otra Iglesia; por más justos que sean sus argumentos, mucho menos cuando pretenden violarle a otros sectores de la población los mismo derechos de libertad religiosa que reclaman para sí.

La iglesia de hoy no es la Iglesia sumisa que se postergó ante Trujillo.  Ahora es la Iglesia que demanda y ordena. Leonel Fernández, le ha otorgado privilegios a la Iglesia que van más allá del Concordato, como son los artículos 37 y 55 en la Constitución del 2010.  Por esta razón, el Cardenal no quiere que se cambie la Constitución que dejaría a Leonel fuera del poder por no poder competir con Danilo Medina.  El Episcopado también le teme a una Asamblea Constituyente, formada por personalidades distintas de los legisladores.  Estos últimos, son presas fáciles de los chantajes de las autoridades eclesiásticas por su deseo de eternizarse en el poder. No así las personas elegidas para la Constituyente, que no deben ocupar cargos en partidos políticos.

De aquí que la razón principal para derogar el Concordato no es necesariamente la económica, sino la intromisión de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y su capacidad para imponer sus preceptos a toda la población y trastocar las funciones de los poderes y ministerios del Estado.   Esta capacidad para corromper el orden institucional, es inversamente proporcional a la integridad de los representantes del pueblo para cumplir las funciones para las cuales fueron electos.  Políticos  honestos e íntegros, no se dejarían chantajear de ninguna Iglesia.