En estos momentos el futuro del sector eléctrico continúa pareciendo incierto. El Gobierno aún no ha dado a conocer los planes definitivos en relación con las empresas distribuidoras estatales y la Central Punta Catalina.
Si las empresas distribuidoras no se privatizan de nuevo el Estado Dominicano tendrá que continuar endeudándose para satisfacer el crecimiento de la demanda, situación que le restaría recursos para invertir en otros proyectos capaces de generar retornos que paguen los préstamos y contribuyan a la recuperación de la economía, o para continuar invirtiendo en ayudas sociales que compensen el impacto de la pandemia.
Debido a la situación sanitaria el Gobierno ha tenido que incurrir en gastos no planificados que se han cubierto con préstamos, lo que ha aumentado la deuda externa acercándola a límites que ponen en riesgo la estabilidad macro económica y social, si no se toman decisiones que hagan innecesario seguir endeudando el país para cubrir los déficits de las empresas distribuidoras. Ante esta realidad, el Gobierno debe evitar la tentación de querer retener la propiedad y administración de las empresas distribuidoras.
En estos momentos sería una decisión sabia retomar y completar la reforma del sector eléctrico. La iniciativa fortalecería la seguridad jurídica, reduciría la carga presupuestaria y le proveería recursos al Gobierno para invertir en sectores prioritarios que aumenten la producción nacional y las exportaciones, además de reducir el crecimiento y el monto de la deuda externa, con el beneficio adicional de mejorar la calidad del gasto público.
Las distribuidoras, bajo la responsabilidad del Sector Privado, en pocos años serían fuentes de ingresos para el Gobierno mediante el pago del impuesto sobre la renta. Para la sociedad representaría una reducción del gasto, pues la mejoría esperada en la calidad del servicio reduciría las inversiones y gastos asociados al uso de los diferentes sistemas de emergencia. La calidad del servicio eléctrico en la zona este, principal destino turístico del país, confirma lo expresado.
Las empresas distribuidoras estatales en manos del sector privado, mejorarían la calidad del servicio en mucho menos tiempo. Por lo tanto, es obvio que conviene al Gobierno procurar alcanzar este objetivo en el menor tiempo posible, mediante la revisión de la normativa vigente y los contratos de concesión, incorporando en el proceso la separación de la administración y operación de las redes de la actividad de comercialización. Esta separación conviene realizarse con posterioridad a la privatización, ya que sería más eficiente y rápida si la llevan a cabo las empresas privadas que resulten ganadoras en el proceso de licitación.
Otro beneficio de separar estas actividades es acelerar la reducción de las pérdidas, para alcanzar en menos tiempo una operación eficiente, lo que se reflejaría en una mejoría significativas de los indicadores técnicos y contables de la industria, lo que facilitaría que la distribución de electricidad en lugar de representar gastos para el Gobierno se convierta en una nueva fuente de ingresos fiscales.
Posponer la decisión puede hacer mas difícil y menos beneficiosa esta gestión en el futuro. Para asegurar el éxito de esta decisión el Gobierno debe acompañar la medida fortaleciendo al Ministerio de Energía y Minas, en su función de rector del sector energético, a la Comisión Nacional de Energía en su papel de generador de políticas, y a la Superintendencia de Electricidad, en su rol de regulador de la industria eléctrica.
Nuestra recomendación se basa en varios criterios técnicos. El primero es que la industria eléctrica responde a la economía de escala. Para sistemas pequeños como los aislados, la integración vertical del negocio, desde la generación hasta la comercialización, es lo recomendable. Pero para sistemas grandes, como el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización es necesaria para lograr maximizar la eficiencia. La razón es sencilla, los cuatro segmentos que conforman la industria eléctrica son muy diferentes entre sí. Por lo tanto, la administración separada contribuye a mejorar la eficiencia global.
Esta misma pregunta podemos hacérnosla para otras industrias, como las de alimentos, medicamentos, entretenimiento, etc. Así como en estas industrias, las actividades que nos permiten usufructuar un producto o servicio, están vinculadas en una cadena de negocios a cargo de diferentes operadores, en la industria eléctrica la eficiencia global requiere la separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, cuando se alcanza el beneficio de la economía de escala.
Hace tiempo que el tamaño del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado lo demanda. Esto fue previsto en la Ley General de Electricidad y su Reglamento de Aplicación. Es tiempo de hacer cumplir esta ley para el beneficio de los usuarios y del país.