La gestión de Hotoniel Bonilla se ha caracterizado por la negligencia y el fracaso, ó ¿quizás el éxito, la eficiencia en la función de garantizar la impunidad?

En noviembre del año pasado un grupo de ciudadanos/as preocupados por la inexistencia de una lucha anticorrupción real en el país, decidimos tomar cartas en el asunto y proceder a evaluar los puntos nodales donde más se dan estos actos nivel estatal, el fin era que con esto analizado, tomáramos acción ciudadana, iniciando una cruzada seria, que aporte al adecentamiento y presión a lo poco sano que queda en el estado, para que enfrente este flagelo.

Entendiendo que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos/as los/as ciudadanos/as, que consiste en mas que denunciar actos de esta naturaleza, sino que va mas allá, como indica la constitución, que tenemos el compromiso de que el estado funcione en su garantía de satisfacer los derechos de la población.

Al hacer ese diagnostico pudimos toparnos con la realidad de deliberadas y graves disfuncionalidades en el Estado, una de ellas y quizás la más grave, es que las auditorias de la Cámara de Cuentas no están siendo procesadas por la DPCA, es por ello acudimos ante la máxima figura del poder ejecutivo, el ciudadano Leonel Fernández, mediante una petición de interés público, ya que él tiene bajo su responsabilidad parte del ministerio público y la encargo de velar de que se cumplan la constitución y las leyes. Fuimos para que el jefe de gobierno, ante estas faltas graves, empezara a corregir lo que está mal y aplicara la ley de función pública, la constitución de la Republica Dominicana y la convenciones de Naciones unidas y Interamericana de Lucha contra la corrupción, tomando como una de las medidas sancionar al director nacional de persecución de la corrupción, Hotoniel Bonilla, por este haber incurrido en violaciones flagrantes en perjuicio de la población, al no cumplir con las ordenanzas de la legislación nacional e internacional en materia de anticorrupción y el decreto que crea la DPCA.

Como lo establecen los parámetros legales, el presidente tenía unos 15 días para respondernos, cosa que no hizo, violando él también con lo estipulado en la constitución en materia de petición de interés público de parte de los ciudadanos, no obstante a eso, decidimos otorgar más tiempo del que la ley ordena al primer empleado del país para que nos respondiera y pasado ya un poco más de un mes, convencidos que el ciudadano presidente estaba determinado a no contestarnos, decidimos a ejercer una vez más  nuestros derechos ciudadanos apelando esta vez a un tribunal, para que mediante una acción de aparo, tres jueces de la republica ordenaran al presidente cumplir con lo que le manda la ley y la constitución.

Es en la espera de que el tribunal superior administrativo fijara una citación para la audiencia sobre la acción de amparo, cuando el Señor Hotoniel Bonilla se despacha el 30 de diciembre acusando a los ex jueces de la suprema corte de Justicia Jorge Subero Isa y Eglis Esmurdoc de tener una estructura que impedía que los casos de corrupción se conocieran en los tribunales y que este esperaba que removieran a los jueces de la suprema corte de justicia para empezar a cumplir con un trabajo que durante casi ocho años no hizo.

Fue entonces al oír las declaraciones de este procurador general adjunto, cuando decidimos darle un nuevo compas de espera,  para que constituidas las salas de la nueva suprema corte, este procediera a depositar las demandas y acusaciones de casos de corrupción, que en palabras textuales de Hotoniel estaba listas de depositar.

Se nos agoto la paciencia y decidimos notificarle vía acto de alguacil que en un día franco (tres días laborables) para que cumpliera con las funciones que la ley le obligaba como director de la DPCA, después de transcurrido este plazo, procedimos ante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia para que esta nos certificara si la DPCA o algún otro organismo del estado había depositado cualquier acusación en algún tribunal de la republica sobre algún hecho de corrupción, la respuesta de la suprema fue que no se habían registrado ninguna acusación de parte del ministerio publico sobre actos de corrupción administrativa.

Agotado este paso, procedimos a notificarle al presidente de la Republica a que compareciera en el Tribunal Superior Administrativo y que afrontara responsablemente, dando la cara ante el proceso, como es de esperarse de un primer mandatario, ante una demanda ciudadana busca preservar el derechos básico de una población, usando ordenanzas establecidas en la carta magna, para que se protejan los fondos que todos  aportamos en impuesto; ante esto, la respuesta del presidente fue la irresponsabilidad de no presentarse en el tribunal, enviando dos abogados, los cuales ni siquiera estaban preparados para defender el caso y el conocimiento del amparo fue pospuesto para el 1 de marzo del 2012.

En estos días pasados nos enteramos que el único caso que el señor Hotoniel Bonilla llevo a los tribunales, una demanda contra los señores José Enrique Lois Malkún, César Apolinar Veloz de la Rosa, Félix Calvo Peralta y Manuel Rubio Cristóforis fue declarado extinguido, ya que el ministerio publico bajo la tutela de la DPCA, solo se dedicaba a provocar incidentes a fin de que el fondo de la demanda sobre ese caso no fuera conocido, lo que produjo una sentencia que desestimaba esa demanda.

Según algunos juristas a los cuales tuve la frescura de preguntar sobre el caso, solo me decían que una demanda mal instrumentada y carente de pruebas, solo basada en rumores de carácter político no podía prosperar en ningún tribunal que se respetara, y de que allí venia la creación de incidentes por parte del ministerio publico a fin de que el expediente fuera archivado en el tribunal, cosa que no sucedió y porque fue declarando una causa extinguida.

Esta es una muestra mínima del fiasco que representa la lucha anticorrupción en Republica Dominicana donde se crean instrumentos, se aprueban leyes y se reconocen derechos ciudadanos en papeles, solo para dar la apariencia de que se enfrenta este flagelo, pero la verdad, esto no es más que la mejor prueba del delito y la cortina de humo usada por la nueva dictadura  y sus ladrones, a fin de garantizar impunidad.

Hoy más que nunca la sociedad dominicana le urge una campaña seria anticorrupción desde la ciudadanía, a fin de que instrumentos como la DPCA, no estén manos de politiqueros baratos a servicio de los ladrones de turno, un ministerio publico realmente independiente, como es natural en cualquier sociedad democráticamente sana.