Llegará un tiempo en el que, a pesar de los discursos equívocos y enardecidos de los “patriotas nacionalistas”, tendremos que poner orden en la casa en acuerdo con nuestras propias leyes y los tratados y convenios internacionales.
Hoy en día, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno de República Dominicana no puede seguir confundiéndonos mezclando nacionalidad, migración, regularización y soberanía.
Nadie puede negar que, según el artículo 18 de la constitución en vigor de 2015, los descendientes de parejas constituidas por un dominicano y un extranjero (independientemente de cual sea la nacionalidad del progenitor extranjero), son dominicanos. Textualmente, este artículo de la Constitución precisa que “son dominicanas y dominicanos los hijos e hijas de madre o padre dominicanos”.
Sin embargo, a pesar de este mandato constitucional, según la Segunda Encuesta Nacional de Migrantes ENI 2017, los hijos e hijas nacidos en suelo dominicano de matrimonios o uniones entre dominicanos/as con haitianos/as, tienen más dificultades que los descendientes de otras parejas mixtas en hacer reconocer sus derechos a la nacionalidad dominicana.
Provenientes de los sectores más vulnerables de la población, inclusive desde su nacimiento en los hospitales públicos, los niños y niñas de estas familias en que uno de los padres es haitiano ven sus derechos tronchados.
Lo cierto es que el derecho indiscutible a la nacionalidad dominicana que tienen los hijos de parejas mixtas sigue siendo obstaculizado, al impedirse a menudo su registro civil por parte de las oficialías responsables de hacerlo efectivo.
La práctica que se está ejecutando de manera habitual es que la entrega del certificado de nacido vivo se base únicamente en la nacionalidad de la madre parturienta, conduciendo esta situación a que hijos e hijas de padres dominicanos sean inscriptos de manera errónea en el llamado libro de extranjería en vez de serlo, como correspondería legalmente, en el registro civil dominicano.
Además, si bien hay una sola Junta Central Electoral, investigaciones recientes demuestran que -todavía- las distintas oficialías se rigen por su propio librito y solicitan a los usuarios documentaciones diferentes.
De este modo, un niño nacido en la Maternidad La Altagracia, que depende de la Oficialía de la calle Doctor Delgado, no tendrá el mismo estatus que su hermana nacida en La Victoria.
De manera sorprendente, en un país definido constitucionalmente como laico, se requiere también la entrega de un certificado de nuevo bautizado otorgado únicamente por la Iglesia Católica, única iglesia reconocida por el Estado en esta materia.
La complejidad, el alto costo para familias de escasos recursos y la arbitrariedad de procesos que dejan una parte de la decisión a la subjetividad, hacen que estos puedan durar años, llegando al punto que más de 28,000 niños dominicanos se encuentran todavía hoy en día en situación de indocumentación y alto riesgo de apatridia, solamente por esta razón.
El documental Libertad, realizado por Tatiana Fernández Geara, con el apoyo de OBMICA y la Unión Europea, es un testimonio fidedigno, desgarrador y a la vez esperanzador sobre la situacion que viven estas familias. (1)
Esperanzador, porque manos amigas de instituciones como OBMICA, MUDHA y ASCALA ayudan a familias a transitar por este viacrucis y les permite obtener el acta de nacimiento LIBERADORA.
Estas instituciones dan seguimiento a casos en bateyes de Santo Domingo para evitar la indocumentación de niños y niñas dominicanos y ayudar a parejas mixtas en el proceso de corrección del registro erróneo en el libro de extranjería.
En la película todo está dicho con palabras muy sencillas que encierran el dolor de una juventud sin esperanzas de poder estudiar hasta el encuentro con manos amigas.
Habla de la tensión que la indocumentación provoca en el seno de la misma familia. “Me voy a mudar porque la abuela quiere reconocer a mi hija para dotarla de documentos, pero es mi hija…”.
Nos da un retrato del bullying en las escuelas por no tener documentos y del miedo de nunca poder proseguir estudios universitarios: “se burlan de mi; me tratan de congosa”. “Te deja odio adentro”.
Duele ver jóvenes que ven sus aspiraciones y capacidades desvanecerse por no poder estudiar, condenados injustamente al chiripeo de por vida. “Tengo la sangre de mi papá y la sangre de mi mamá, pero me siento más dominicano; no se nada de allá, nunca he ido…”
“Desde el 2010 que busco mis papeles. No pude entrar en el quinto. Mi mamá se mudó al campo para que yo pueda ir a la escuela, allí me devolvieron a tercer grado; hasta ahora no me los han conseguido… Lo dejé de nuevoen el primero”. A este joven le encantan las matemáticas, sueña con ser contable y chiripea: “trabajaría hasta en la construcción para asegurar el peso para mis hermanos”.
Uno sufre con los protagonistas en sus luchas de años para conseguir sus derechos a la nacionalidad, con la pérdida de sus documentos en la Oficialía, con los absurdos de una administración anticuada y no unificada, por la resolución 012-2007 de la Junta Central Electoral, por la famosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, por los incumplimientos de la ley 169-14, o por el dinero de la comida que se han gastado en vano tantos hijos de parejas mixtas para tratar de conseguir el acta milagrosa.
Podemos poner orden en la casa y engrandecernos garantizando sus derechos a estas familias de parejas mixtas con la ayuda de la Junta Central Electoral, los ministerios de Salud Pública y de Educación, así como los ayuntamientos y organizaciones que trabajan con derechos humanos, género, niñez y familia.
Entre todos se deben de buscar soluciones integrales para la reparación definitiva del daño causado, por una cuestión de justicia social y de resarcimiento moral, que les permita a estos dominicanos y dominicanas retomar sus vidas conforme al derecho y recuperar lo que es suyo, lo que se les ha privado durante años.
No podemos seguir dejando que nos tergiversen la lucha por la nacionalidad de los niños y niñas de parejas mixtas nacidos en suelo dominicano con el mito de la unificación y fusión de la isla. El tema de la nacionalidad de cualquier hijo o hija de madre o padre dominicano es cuestión de justicia y de derecho, no de caridad.