“Para la mayoría de nosotros resulta inaceptable perseguir la sostenibilidad ecológica mermando el interés por los aspectos sociales y económicos, al punto de excluir a los seres humanos o aumentar la pobreza”- Gilberto Gallopín, CEPAL, 2003.
La búsqueda de hidrocarburos en el territorio nacional ha sido una constante por lo menos en los últimos ciento cincuenta años de vida republicana. Ya en 1872, el geólogo norteamericano William Gabb había presentado un informe sobre el asunto que iba más allá de lo intuitivo y contenía los primeros elementos de valor científico que luego sirvieron de punto de partida a los esfuerzos exploratorios posteriores.
Tres décadas debieron transcurrir para que el Informe Gabb fuera desempolvado por la empresa Lancaster & Kreider. Pocos saben que ella logró producir unos 50 mil barriles del crudo al interceptar un flujo migratorio, hecho que intensificó “la fiebre del oro negro” en la zona de Azua y también en las regiones norte, este y oeste del país. Luego, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, tuvieron lugar varias iniciativas exploratorias con un importante resultado: cada una de ellas generó información en mayor o menor medida valiosa bajo la forma de mapas, planos, registro de pozos y cintas magnéticas que contenían inestimables secciones de sísmica.
Transcurrió mucho tiempo hasta que en 2006 el asunto se reanimara con el Informe sobre el Potencial de Hidrocarburos, elaborado por un grupo de técnicos y expertos cubanos y dominicanos, con el objetivo de “obtener información suficiente para realizar un análisis más exacto del potencial de hidrocarburos de la República Dominicana”. Los profesionales actuantes hicieron entonces un planteamiento fundamental, a saber:
“Es importante tratar de rescatar los materiales primarios, siendo una tarea de primera prioridad para el futuro. Debemos destacar entonces que los datos, las informaciones y los trabajos e investigaciones, ya sea sobre criterios específicos o generales, relacionados con el potencial exploratorio, son completamente insuficientes para evaluar técnicamente el potencial petrolífero, tanto de las diferentes cuencas como de otros sectores de la República Dominicana”.
Estas y otras conclusiones contundentes del informe fueron retomadas ocho años más tarde (2014) por el Ministerio de Energía y Minas, institución que, con un alto sentido del compromiso de protección de la integridad ambiental de las zonas a intervenir, formuló, perfeccionó e implementa hoy el primer Programa de Exploración y Explotación Hidrocarburífera de República Dominicana.
El alto grado de previsión, la inusual y anómala valoración en nuestro medio del valioso legado histórico dejado por esfuerzos pasados, su solidez y coherencia conceptual, la amplitud de visión y la congregación planificada de las mejores firmas transnacionales y expertos del subsector, nos mueven a calificar este programa como uno de los mejores ejemplos de iniciativa de política de los últimos decenios.
Nada aquí fue improvisado o dictado por el curso espontáneo de los acontecimientos. Por el contrario, se siguió de manera estricta la secuencia lógica de eventos siguiendo las buenas prácticas internacionales, bajo la convicción de que la efectiva protección del patrimonio ambiental no es irreconciliable con la ejecución de proyectos orientados al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.
No lo es cuando se hace respetando la institucionalidad, las regulaciones y el compromiso con las presentes y futuras generaciones de ciudadanos. No hay otra opción a la vista que aprovecharlos bajo esas condiciones, lo cual supone la reflexión técnica permanente en función de conexiones, relaciones y contexto.
Si esperamos un incremento aproximado de 2 millones de personas al 2050 y tomamos en alta consideración los problemas estructurales pendientes de resolver, además de la presión migratoria proveniente del vecino Haití, deberíamos estar pensando más bien en cómo expandir de manera sostenible la producción minera e hidrocarburífera en vez de enarbolar alegremente el discurso de restringirla, como sostienen los fundamentalistas anti mineros.
¿Cómo vamos a apoyar este crecimiento esperado de la población y las innúmeras necesidades forzosamente derivadas de ese hecho invadeable? ¿Será que el bienestar y progreso de los dominicanos no es una causa valiosa?
Si convenimos en que efectivamente es una causa valiosa, entonces, como señala Jeremy Richards, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad de Alberta, Canadá, “…estamos moralmente obligados a considerar el asunto del desarrollo sustentable en todos los aspectos de nuestras vidas”.
En este contexto del pensamiento racional deseamos expresar nuestro apoyo la posición del ministro Isa Conde: “quien se oponga a esto irracionalmente (a la exploración y explotación de hidrocarburos, js) es enemigo de la patria y de los pobres”.
En las próximas entregas veremos en detalle el programa petrolero del MEMRD para arribar finalmente al recuento objetivo de los riesgos ambientales asociados a la exploración petrolera.