A pesar de las medidas monetarias y financieras adoptadas por el Banco Central (BC) en marzo y julio del presente año para proteger los beneficios de los bancos de la evolución de ciclo económico agudizado particularmente por el COVID-19, los bancos comerciales presentan signos preocupantes. Ya en abril del año en curso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejaba a las autoridades financieras del país (referido más adelante con mayor detalle) la adopción de medidas financieras extraordinarias para balancear efecto financiero sobre los bancos y los deudores.   

El informe de la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings (FR), titulado “Bancos de Centro América y República Dominicana en Medio de la Crisis”, correspondiente al 31 de julio del año en curso reporta algunas consecuencias sobre la banca dominicana. La agencia FR revisó el panorama económico dominicano y aumentó el riesgo país que pasó de estable a negativo para el 2020. Con lo cual la colocación de deuda pública a través de bonos soberanos enfrenta a los inversionistas con un riesgo mayor, manifiesto en el aumento del spread (que es la diferencia entre el rendimiento del bono-RD respecto del rendimiento del bono del Tesoro libre de riesgo de los Estados Unidos).

Este informe de FR llega más lejos y señala que los bancos dominicanos experimentan un “retraso en el reconocimiento de pérdidas por diferimiento de créditos” [sic]; también hace referencia a la sobre estimación de las provisiones, lo que indica una anticipación del empeoramiento de la situación económica del país. Además, señala la caída de las utilidades operativas del sector bancario acompañado de un aumento de los gastos por provisiones de la banca y algo relativamente más peligroso: la dolarización de los depósitos bancarios, sobretodo cuando se han caído los sectores productivos ligados al comercio exterior. Esta situación seguramente significaría una presión mayor sobre las autoridades del BC para mantener fijo el tipo de cambio, pese a la caída del ingreso de divisas (exportaciones, ingresos por turismo, remesas e inversión extranjera directa).   

Este escenario no sólo es preocupante en el sector financiero sino también en las finanzas públicas. Las políticas financieras del Gobierno Central (GC) para enfrentar la pandemia han incrementado bruscamente la deuda pública durante este año.

Durante los primeros meses de este año, el gobierno solicitó un préstamo al FMI por US$650 millones y por US$150.0 millones al Banco Mundial (BM). Como parte de las medidas extraordinarias adoptadas por el BC, se le concedió un préstamo por RD$12,000 millones al GC. Luego, se transfirió al GC parte de la deuda que el BC mantiene con las administradoras de fondos de pensiones por RD$40,000 millones. Por su parte, Hacienda intentó colocar bonos por US$500 millones en los mercados internacionales, pero como esta oferta fue desestimada por el mercado internacional se destinó la colocación al mercado doméstico.

La situación financiera de la economía se agrava todavía más considerando el incremento del déficit fiscal y el consiguiente aumento de la deuda pública por la capitalización del BC. El gobierno llevó al Congreso un presupuesto complementario por RD$150,908.6 millones y se espera que este no sea el último endeudamiento del GC en este año dada la situación actual de pandemia. Aprovechando las mismas circunstancias, el BC logró la aprobación congresual de una nueva ley de capitalización por unos RD$648,064 millones, sólo que esta vez Hacienda será la entidad del GC responsable de la colocación de estos valores y del pago de la deuda al BC y que será administrada por un fideicomiso. No se dispone de información de cuánto sería el costo administrativo de manejar estos fondos, ganancia innecesaria que perjudica al tenedor de esos valores. A partir de la colocación de esos valores en el mercado de deuda, las mismas deberán registrarse en Hacienda como aumento de deuda del GC.

Por consiguiente, la capacidad de recuperación de la economía se pone en peligro por desmesurado aumento de la deuda interna y externa, lo que se evidencia por el incremento significativo del coeficiente deuda-PIB. Según la Dirección General de Crédito Público (DGCP), hasta mayo del 2020, la deuda interna era de US$12,559.3 millones, y para cuando Hacienda termine la colocación de los títulos de deuda para capitalizar al BC, la deuda interna del GC aumentaría en US$13,991.9 millones (RD$811,531.0 millones) equivalente al 16% del PIB del 2019, asumiendo que el déficit fiscal para el 2020 sea del monto sometido en el presupuesto complementario. De manera que al término de este año y cuando finalice la colocación de los bonos de capitalización del BC, la deuda interna se duplicaría y ascendería a US$26,550.6 millones equivalente al 30.2% del PIB.

El panorama de la deuda pública luce angustiante para los agentes económicos, ya que frena el crecimiento futuro en la medida que afecta la estructura tributaria, el presupuesto familiar y el consumo (ahorro). La deuda pública contratada en dólares aumentó en US$800 millones a mayo de este año; con lo cual la deuda externa total sería de US$26,085.3 millones, la que sumada a la deuda interna US$26,550.6 millones ascendería a para una deuda total de US$52,635.9 millones, equivalente al 59.8% del PIB.

Pero, la pesadilla de la deuda no termina con esta corrección; ese monto de deuda pública aún es conservador. Se sabe que Hacienda excluye del registro de la deuda otras instituciones y empresas del sector público dominicano, por lo que podría esperarse que ese monto sea mucho mayor. El cálculo del cociente deuda-PIB con estos ajustes difiere sustancialmente de las cifras oficiales, alcanzando una diferencia de 18.7% del PIB para el final del 2020; es decir que el dato oficial de la DGCP es que la deuda total del sector público no financiero equivale a 41.7% del PIB a mayo del 2020.   

Esta situación advierte de una necesaria renegociación de la deuda pública no solamente para extender plazos y reducir tasas de interés sino también para obtener fondos adicionales que eviten el estancamiento de la economía dominicana, porque no es posible pagar sin sacrificar el bienestar de los dominicanos. En este caso, el gabinete tendría que explorar los casos de renegociaciones exitosas de deuda pública para conseguir las condiciones más favorables para la economía dominicana,

Un ejemplo podría ser el caso argentino, obviamente guardando las distancias. Tal y como ocurrió en el caso argentino, si el próximo ministro de hacienda lograra convencer al FMI de que respalde la oferta-país en el proceso de renegociación de su deuda, la República Dominicana lograría un respiro necesario para continuar adelante.

Argentina contó con la experiencia del ministro de Hacienda Martín Guzmán, economista y exalumno de Joseph Stiglitz. Con una visión crítica de las acciones del FMI en la región latinoamericana, desarrolló una estrategia de renegociación de la deuda externa con el FMI y los bonistas privados, fundamentándose en los errores y sobre-ajustes que el FMI había sometido a Argentina. Al final de la jornada, logró, que el FMI reconociera que la deuda no sólo era impagable, sino que contribuyó con un crédito sustancialmente elevado (US$57,000 millones en septiembre 2018) durante la administración de presidente liberal Macri, aún sabiendo que el país no podía pagar.

Pese a la cláusula de acción colectiva (Collective Action Clause), a los bonistas y al FMI no le quedó otro remedio que no fuera facilitar la renegociación. Argentina renegoció su deuda externa en buenos términos para el país, ampliando las probabilidades de recuperación económica temprana.

Los dominicanos esperan que los problemas de corto plazo sean superados con eficiencia y eficacia, garantizándoles sus libertades y derechos en un contexto de bienestar económico para todos.