Generalmente, la politización de ciertos temas que no tienen ese carácter, se entiende como una aberración. Partes interesadas manipulan esa “politización” para descalificar o restar fuerza moral  a una acusación o tema que le afecte.

Por ejemplo, es frecuente que una acusación de corrupción “se contamine” y se le trate de restar validez cuando la hace un político de oposición o si se hace durante una campaña electoral. También se observa la ligereza con la cual, funcionarios y gente señalados por irregularidades, se refugian en el argumento de que se trata de una “persecución  política”. No se trata solamente de recursos utilizados por las distintas banderías políticas, en varias ocasiones en los tribunales han sido postergados los fallos sobre ciertos casos a la espera que pasen los procesos electorales con el supuesto de evitar la contaminación política de un juicio. Hasta la Suprema Corte de Justicia se ha sentido cohibida para “no politizar” un expediente (Esto aconteció con el caso Sun Land).

Es inevitable que de un hecho condenable se deriven perjuicios que afectan a unos, mientras otros los podrían capitalizar políticamente en su beneficio. Pero es obvio que los afectados serían los culpables, y el efecto sería la consecuencia de sus hechos.

¿Qué mejor oportunidad la de una campaña electoral para conocer a fondo un expediente de corrupción en contra de un político con aspiraciones? Es la forma para descubrir un farsante encubierto. No importa quién presente un expediente, una justicia sana puede evitar que la sociedad  elija equivocadamente alguien que se ofrece impoluto tras una candidatura engañosa. La transparencia de la acción judicial, también podría descubrir a quien calumnia inventando una acusación.

Habría que separar casos en los cuales no procede la politización, pero la mayoría de veces que este argumento se esgrime es un pretexto para evadir responsabilidad o para buscar impunidad.

El caso específico de la Barrick Gold, debe ser politizado.  Cuando se firmó el contrato con esta empresa minera, el Presidente de la República, Leonel Fernández, era a la vez Presidente del PLD e instruyó a sus legisladores para que lo aprobaran sin discusión. Él lo había sometido al Congreso después de ser preparado en el Poder Ejecutivo, o sea, bajo su responsabilidad como Presidente de la República. Más que inaceptable como lo calificó Danilo Medina, es un contrato redactado en condiciones indignas e infames para los dominicanos. Parece haber sido hecho por enemigos de nuestros intereses y no por quien era nada menos que el Presidente de la República.

En la aprobación de ese contrato hay otro gran responsable político. El presidente del partido opositor que controlaba el Congreso en ese momento y dio las instrucciones a sus legisladores para que, en un perverso contubernio, lo aprobaran como fue redactado por el Poder Ejecutivo. Se trata de Miguel Vargas Maldonado, Presidente del PRD.

Los congresistas que aprobaron el contrato, arrastran también su cuota de responsabilidad, sin embargo, ellos obedecieron la directrices recibidas de sus respectivas organizaciones, además,  tienen ahora la oportunidad de redimir su acción encausando la renegociación del contrato. Es una actitud que la mayoría ya asumió públicamente.

El caso de la Barrick Gold, debe ser politizado porque Leonel Fernández Reina y Miguel Vargas Maldonado, siguen teniendo aspiraciones presidenciales y ambos hicieron mucho daño a la nación al ponerse de acuerdo para que se firmara el acuerdo que entrega en una forma tan vil la reserva de oro más valiosa hasta ahora conocida en América y la cual tenemos aquí en la República Dominicana.

Entre todas las desventajas que nuestros técnicos ya han repetido en demasía, se puede resaltar que los “negociadores” entreguistas dominicanos se prestaron a aceptar la modificación de un acuerdo previo (el de Placer Dome), equitativo para el Estado dominicano, para aprobar otro que solo es ventajoso para la empresa concesionaria. Entre otras infamias, el contrato permite a la minera operar sin supervisión por lo que le es posible abultar la inversión que hace sin ningún control y no entregar beneficios hasta recuperarla. La imperativa revisión del contrato compromete al país en un problema jurídico de carácter internacional y difícil solución, que pone en riesgo, tanto la entrega miserable de un valioso recurso natural que no se recupera, como la seguridad de la inversión extranjera.

Con una legión de medios complacientes encubriendo este crimen contra la patria, sus principales responsables hacen vida política, inmutables, y hasta “felicitando” hipócritamente a Danilo Medina cuando anuncia con valentía que enfrentará el agravio  cometido.  El interés nacional justifica, que se esté o no en un proceso electoral, quienes han hecho un daño como este a la nación, de no ser llevados a los tribunales, al menos, sean puestos permanentemente en evidencia para evitar que tengan la oportunidad de repetir sus acciones.

¡A la gente que hizo esto no se le puede dar la oportunidad de volver gobernar este país! ¡Hay que politizar el caso de la Barrick Gold para que esto no suceda!