En esta reflexión trataremos un tema que debiera avergonzarnos a todos los habitantes de esta media isla, porque nos hemos acostumbrados a ver como algo común o natural un hecho que es totalmente ilegal, y que transgrede nuestro derecho constitucional a la privacidad. Las odiosas interceptaciones telefónicas, que se produce cuando un tercero escucha una conversación telefónica privada, y que también lo puede hacer a comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto enviados por dispositivos móviles o por computadores conectados a redes Wifi.
Esa habitual práctica ha existido siempre en nuestra patria, desde que llegó el servicio telefónico el 1 de abril de 1886, a través de la Compañía Domingo Electric Company, propiedad del ciudadano norteamericano, Preston C. Nason, como verán estás ilegales acciones tienen más de 100 años pero, en los últimos 50 años como expresó en su artículo de opinión en mayo del años 2019 el connotado abogado Francisco Álvarez (Pancho), citó: “Sabemos que desde el sector privado siempre ha existido un lucrativo negocio, ilegal y sucio, de interceptaciones que se venden para fines inconfesables, sin que ninguna autoridad haya querido ponerle fin a esta práctica, a pesar de que todo el mundo conoce a las personas que se dedican a esta actividad”.
Como bien explicó el jurisconsulto, las escuchas telefónicas y copiar los mensajes de textos de correos o WhatsApp, es un servicio que se le ofrece a cualquiera que tenga con que pagarlo, y son varios personajes que se dedican desde hace tiempo a esta ilegal actividad, teniendo por clientes a todo tipo de personas, militares, políticos y empresarios pero, lo más sorprendente es que han trabajado los hackers locales que se dedican al espionaje telefónico, hasta para el propio gobierno.
El almirante retirado de la Armada, Sigfrido Pared Pérez, quien estuvo al frente del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), expresó en una alocución que las interceptaciones privadas se habían disminuido, porque los equipos para realizarlas eran muy costosos, cosa que en países como el nuestro es un argumento risible, porque aunque somos un país pobre, gastamos y nos actualizamos en términos tecnológicos como un país rico, por lo cual eso no es traba alguna para que se sigan realizando, porque los que pagan por ese ilegal servicio no escatiman recursos ni regatean precios para tener vigilados a los ciudadanos de su interés.
Aquí graba todo el mundo y de todos los litorales políticos, es una perniciosa costumbre, que ha hecho que cada gobernante de turno cuando llegue al Palacio Nacional tenga su interceptor favorito, más lo que le ofrecen los servicios de seguridad del Estado, por lo cual todo lo que se habla o se escribe corre el riesgo de ser conocido por el gobierno, por la oposición y si es empresario por la competencia, toda la ciudadanía tiene conocimiento de estas actividades ilícitas, lo ven hasta normal, es por esto, que descargan nuevas aplicaciones, como Telegram o Signal, entre otras, para tratar de cuidar lo que decimos o escribimos por el permanente temor de que se nos viole nuestro derecho a la intimidad.
Se ha vuelto costumbre y hasta una regla, que las reuniones en donde se traten temas delicados, se les pida a los asistentes poner su celular en modo avión o simplemente no entrar con ellos en donde se va a producir el encuentro, porque se tiene el convencimiento que los avances tecnológicos también están aquí, y aunque nuestros celulares estén apagados, se cree que este puede como quiera interceptar o grabar lo hablado en la misma.
Las interceptaciones telefónicas tienen una naturaleza excepcionalísima, pues violan derechos fundamentales consagrados en el artículo 44 de nuestra Carta Magna, que protege el principio de la inviolabilidad del secreto “de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio”, solo se puede interceptar por autorización de un juez o de una autoridad competente de conformidad con la ley y solo deben disponerse estás autorizaciones cuando se relacionen con procesos a ventilarse en justicia.
La interceptación desde el sector público en algún momento inclusive, ha sido cuestionada como cuando autorizaron pinchar el teléfono en el anterior gobierno de la magistrada Miriam German Brito, hoy Procuradora General de la República, lo que evidenció que hasta los mismos miembros de la judicatura son víctimas de las malsanas escuchas telefónicas.
Por más resoluciones del INDOTEL, reglamentos para esos fines emitidos por la Suprema Corte de Justicia y sentencias del Tribunal Constitucional existan todas hasta el día de hoy, son letras muertas, porque tan ilegal actividad sigue desarrollándose en el país “tan campante como Johnny Walker”.
Siendo sinceros, esa práctica no solo se realiza en nuestra nación, está también en otros países, no, tal vez, con el desparpajo con el que se hace aquí pero, de igual forma, ilegal como en el caso de Colombia que tiene en las cuerdas al expresidente Álvaro Uribe, cuando en su gestión de 8 años desde la policía política, llamado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se espió a políticos, militares, periodistas, jueces, sindicalistas, académicos, etc.
En Colombia las interceptaciones telefónicas les llaman chuzadas, así mismo se titula el libro de una impresionante investigación de un reportero colombiano, llamado Julián F. Martínez, donde con datos y una rigurosa documentación, prueba que hubo ocho años de espionaje permanente por parte de la seguridad del Estado a todos los que desearon.
Los dominicanos estamos tan acostumbrados a que nos espíen que hemos asumido con una aceptación pasmosa que se nos viole nuestra privacidad sin hacer nada para evitarla, ya que ni siquiera nos quejamos por ser víctima de esta práctica ancestral, “como la práctica, hace al maestro”, ahora como si no fuera poco esa perniciosa e ilegal acción, nuestros ciudadanos se dedican ahora a grabar desde sus dispositivos móviles las conversaciones, actividades de vecinos y todo lo que le pasa a su alrededor, produciendo con ello tal nivel de desconfianza que les piden en reuniones donde se van a tratar temas delicados que los participantes tienen que dejar afuera de la mismas sus celulares, ¡¡¡este es el colmo, hasta dónde hemos llegado!!!
Es que hemos perdido desde hace mucho en esta media isla la capacidad de asombro, porque aquí todas las inconductas las imitamos, y las prácticas permanentes las convertimos en habituales, generando una sociedad amoral, donde “na’ e’ na’” y “todo está bien”, porque aclimatados a este usual hábito, nos creemos que esta nociva praxis será para siempre, y lo único que nos queda es adaptarnos a vivir con ella pero, lo cierto es que somos muchos los ciudadanos que estamos ¡hastiados que nos espíen!
Que algo debemos de hacer para despertar la conciencia nacional, para detener esta ilegal práctica, exigiendo ahora que existe un Ministerio Público independiente, que sean sometidos a la justicia todos los que se dediquen a esa lucrativa actividad, a fin de que algún día retomemos el camino del respeto a los derechos ciudadanos.
Sabemos que estamos ante un mundo al parecer, donde lo privado no existe, y cualquiera está expuesto a que su vida personal llegue a las redes sociales y que conocidos hackers estén espiando para naciones a líderes y estadistas de otros países a través de escuchas telefónicas e interferencias de los cables submarinos de conexiones a internet y mensajes de textos, como el escándalo que se ha producido por el espionaje a varios jefes de gobierno europeos, entre ellos a la canciller alemana, Angela Merkel.
Defendamos nuestra privacidad, el derecho constitucional que protege nuestra intimidad, demostremos que estamos cansados de cuidarnos de todo lo que hablamos por teléfono y de los que escribimos en nuestros correos electrónicos o por el muy utilizado WhatsApp, el presidente Abinader tiene la oportunidad de casarse con la gloria y tomar la iniciativa de acabar con esa práctica perjudicial que mantiene en vilo a toda la población, que se cuida por razones políticas, económicas, preferencias sexuales y múltiples alegatos o motivos.
Si no paramos esa detestable e ilegal práctica y construimos mecanismos de respeto a los derechos de la gente a no ser espiados, estamos auspiciando que la palabra privacidad con el tiempo tienda a desaparecer, ya que nada será privado.