“En Brasil, hasta el pasado es incierto” es una expresión que delata con picardía la falta de previsibilidad en esa eterna nación del futuro.
Hace dos semanas, el juez Edson Fachin, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, inesperadamente anuló las sentencias condenatorias por corrupción al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre muchas otras tácticas, la defensa del exmandatario insistía desde hace casi cinco años que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar las acusaciones contra Lula, alegando que la llamada Operación Lava Jato (Lavado Rápido) debería restringirse a actos de corrupción en la estatal Petrobras. Cinco años después es cuando un solitario juez finalmente acoge esos argumentos de incompetencia jurisdiccional que, en toda lógica, debió ser el primer asunto a fallar.
Las sentencias por corrupción pasiva y lavado de activos contra Lula en Curitiba han sido ratificadas a unanimidad por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre, iniciando en enero de 2018 con el caso del apartamento en la playa de Guarujá, incluso con aumento de la pena. La primera sentencia fue ratificada en tercera instancia por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) en Brasilia, rechazando todos (más de 400) los recursos presentados por la defensa de Lula: el más reciente y definitivo fallo se produjo apenas en febrero próximo pasado. En su voto en esa ocasión, el juez relator del proceso, Félix Fischer, hace una dura crítica al exceso de recursos de la defensa intentando anular la sentencia del Lava Jato.
Los tribunales colegiados que revisaron las sentencias de Sergio Moro no aceptaron el argumento de la alegada falta de competencia jurisdiccional del tribunal de Curitiba para juzgar el caso del apartamento de Guarujá. Entonces no se trata de anular solo la condena de un tribunal unipersonal de primera instancia, sino de declarar la incompetencia del sistema judicial en sus diferentes niveles, por haber sido incapaz de detectar la falta de jurisdicción del tribunal de Curitiba sobre estos casos en casi cinco años.
Ahora deberá conocerse el inesperado fallo unipersonal del relator del Lava Jato en el STF, Edson Fachin, por el pleno de los once jueces del tribunal constitucional. De mantenerse el fallo de Fachin anulando las condenas por actos de corrupción contra Lula por haberse juzgado esos casos en Curitiba en lugar de Brasilia, se evidenciaría una garrafal falla en el sistema judicial brasileño. ¿Cinco años de procesos en todas las instancias, malgastadas miles de horas del aparato judicial, para determinar que las imputaciones de corrupción contra Lula debieron conocerse en tribunales de Brasilia, no Curitiba, y además ahora tener que repetir esos procesos? Un sistema que requiere cinco años para determinar la competencia jurisdiccional de un tribunal para conocer de crímenes contra el Estado tiene una falla estructural que requiere de urgente atención. Eso se llama un sistema incompetente, una justicia fallida.
Al deliberar, el Supremo Tribunal Federal deberá reflexionar sobre lo que significa un sistema judicial incapaz de detectar la falta de competencia jurisdiccional de un tribunal durante cinco años del proceso recorriendo todas las instancias judiciales, y abocarse a una profunda reforma sistémica. Naturalmente, esto es en caso de ratificar el fallo del juez Edson Fachin.
Pero la nación tiene que ir más allá de la posible falla en el sistema judicial para profundizar en la turbulenta lucha partidista escenificada en torno al procesamiento judicial de Lula por actos de corrupción. Gran parte del problema en Brasil ha sido el afán de Lula de ocupar la Presidencia de nuevo, después de agotado dos periodos constitucionales. Sus partidarios alegan que los procesos judiciales son una conspiración para hacer a Lula inelegible por la ley brasileña de la “Ficha Limpia”, que impide a una persona condenada en segunda instancia postularse a cargos electivos. Como resultado de la aplicación de esa ley, a última hora Lula no pudo postularse en las elecciones de 2018, facilitando a Bolsonaro ganar las elecciones, con la tragedia que eso ha significado para Brasil.
Con la anulación de las condenas del tribunal de Curitiba por incompetencia jurisdiccional, Lula podría postularse en las elecciones presidenciales de 2022. En lugar de fortalecer el partido institucionalmente, la eterna aspiración personal de un caudillo a la presidencia impide el desarrollo de nuevos dirigentes con potencial presidencial. Lo que esto nos sugiere es la conveniencia, para la salud de los partidos políticos y de la república, de prohibir a pasados presidentes seguir aspirando a la presidencia. El principio de hasta dos periodos consecutivos y nunca más eliminaría la tentación de perseguir políticamente a pasados presidentes para inhabilitarlos electoralmente, al tiempo de debilitar el alegato de que su enjuiciamiento se trata de persecución política. Hay que eliminar la lucha judicial por inhabilitar a pasados presidentes, y la manera más efectiva de hacerlo es establecer el principio de hasta dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más. No se debe vivir en la constante incertidumbre de si un pasado presidente podrá postularse a la presidencia de nuevo, o no.