La mayoría de los comentarios que he leído y escuchado en la prensa nacional sobre el control parlamentario del grupo radical islamista Hamás en la Franja de Gaza, está matizado por los prejuicios. Los más notorios sugieren que Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado entrar “en tratativas” con el grupo fundamentalista debido sólo a la negativa de Hamás a reconocer a Israel como nación. Y que esas objeciones son la única amenaza al control de la Autoridad Nacional Palestina por esa facción victoriosa.
La verdad es que ha sido Al Fatah, el negado a formar parte de un gobierno encabezado por Hamás. Tal decisión está basada en la negativa de este grupo a renunciar a las armas y a su propósito de destruir al estado judío. Las elecciones parlamentarias en las que Hamás alcanzó el control pusieron de relieve las grandes divisiones internas entre los palestinos. La derrota de Al Fatah el grupo que lideró la Autoridad Palestina (ANP) por décadas, fundado por su líder histórico Yassir Arafat, no estuvo fundamentada en el rechazo a las negociaciones con el país hebreo, sino en la corrupción que erosionó por años la administración palestina.
Es injusto atribuir a un supuesto rechazo del Estado palestino, la amenaza de las naciones europeas y Estados Unidos de suspender la ayuda exterior que han ofrecido por años a la ANP. Con toda y la enorme riqueza árabe proveniente del petróleo, la ANP se ha mantenido gracias a los aportes de la ayuda financiera llegada desde la Unión Europea y Estados Unidos. Es conocido, por ejemplo, que la UE pagaba los salarios de los servidores públicos palestinos en la Franja de Gaza y la margen occidental del Río Jordán, estimados en unos 150,000, y que parte de esos gastos se sufragaban también con las recaudaciones de impuestos que en esas zonas hacían y hacen los israelíes en ausencia de una eficiente administración tributaria palestina.