1. Sigamos señalando con toda la firmeza, claridad y a la vez ecuanimidad los incumplimientos del Gobierno haitiano y de la comunidad internacional, especialmente los gobiernos y organismos que prometieron ayudar en el plan de documentación de haitianos migrantes (PIDIH): según declaraciones, de los 200.000 estipulados apenas se benefició a 52.000. Al mismo tiempo, seamos francos al tratar el tema ante los más importantes Estados miembros de la comunidad americana que no cumplieron sus compromisos en la reconstrucción de Haití ni ayudaron en temas puntuales como el ya mencionado. Más bien, siguen utilizando la catástrofe haitiana como plataforma de poder geopolítico y la subsistencia de sus burocracias, mientras aprovechan de desviar la atención de su falta de responsabilidad.
2. Recuperemos liderazgo. En el momento del terremoto de 2010 República Dominicana se alzó como el país más preocupado y colaborador en la catástrofe y a la vez hizo sentir su diligencia para convocar a la comunidad internacional. Eso le otorgó una gran autoridad moral, pues mostró con hechos la responsabilidad del gobierno ante sus vecinos pero también la esencia humana de nuestro Pueblo. Aquella fue una gran oportunidad – hoy en buena medida deteriorada- para resolver muchos temas pendientes. Asumamos que es esa actitud constructiva, propositiva y dando el ejemplo la que permitirá a la República Dominicana recuperar el liderato en las relaciones de la región con Haití, sabiendo que de no hacerlo nadie lo hará y los problemas sólo se agravarán.
3. Transmitamos que actuamos en uso de nuestros derechos y a la vez con consciencia de nuestra responsabilidad histórica en la gestación del problema. Los inmigrantes haitianos no están en República Dominicana porque “se cruzaron de este lado”, o por casualidad. Desde la ocupación norteamericana y bajo la tiranía trujillista fue una práctica sistemática la importación y desplazamiento –incluso forzada y compulsiva- de nacionales haitianos a trabajar en los ingenios azucareros de capital norteamericano y luego del tirano. Fue la ley explicada en 1931 por Francisco Henríquez y Carvajal: “tierras baratas en Santo Domingo, mano de obra barata en Haití”. Luego, en los setenta y ochenta, los sucesivos gobiernos de diferentes partidos auspiciaban contratos –violatorios de la ley- para seguir importando mano de obra barata, que algunas personalidades dominicanas denunciaron como “mano de obra esclava”. A partir del golpe de Estado de 1991 y con más fuerza después del terremoto de 2010, la crisis generalizada y la destrucción de las bases de subsistencia en Haití explicaron un éxodo masivo que ha llegado a países tan lejanos como Brasil y, como es lógico, ha tenido como destino primario República Dominicana –en muchos casos como “puente” hacia Puerto Rico, Estados Unidos… En la llegada masiva (se estima que alrededor del 30% de la inmigración actual ha llegado después del terremoto) ha sido determinante la ausencia de institucionalidad migratoria y fronteriza del Estado dominicano, la participación de funcionarios civiles y militares en el tráfico de personas y el contrabando de bienes, y la participación abierta de una parte del empresariado -especialmente el de la construcción- que así como ocurría en los ingenios azucareros, ve en el trabajador haitiano una fuente impresionante de ganancias mediante la sobreexplotación con salarios de hambre, no importa su grado de inseguridad, de vulnerabilidad ni la violación de las leyes migratoria, laboral ni de seguridad social.
4. Hablemos de las cosas que están sobre la mesa. El gobierno haitiano no ha dicho que no quiere recibir a sus connacionales: está pidiendo que se acuerde el protocolo de repatriaciones con mayores precisiones y se cumpla estrictamente. Ellos dicen que el hecho de que al 2 de julio ya hubiesen llegado a la frontera más de 15 mil retornados constituye -en la práctica- una repatriación en masa aunque sea voluntaria, y que en vez de pasar por los 4 (ó 5) puntos acordados, ha estado ocurriendo hasta por 14 puntos fronterizos. Asimismo piden que se programe entre las 8 de la mañana y las 4 ó 6 de la tarde, no a cualquier hora. Y han sido enfáticos que por cuestiones morales pero también de soberanía no pueden recibir en su territorio personas que no sean nacionales haitianos. Pedir que se hagan acuerdos y establezcan garantías en esta materia no tiene que ser visto como “negociar la política migratoria” ni “ceder soberanía”; tampoco basta con prometer que no habrán “deportaciones masivas ni sumarias” que no existen desde fines de 2013: cualquier dominicano o haitiano que conozca la tristemente célebre “camiona” tiene motivos válidos para preocuparse. Insistimos, los dos puntos planteados por el Gobierno haitiano son más que comprensibles, pues también han insistido en que en menos de un mes comienza en Haití el período electoral, con comicios el 9 de agosto, y hay que evitar una situación de crisis que desestabilice la organización de los mismos.
5. Insistamos en el derecho y el deber de organizar la inmigración en territorio dominicano, pero hagámoslo con dignidad y a la vez con realismo. No deteriorar la imagen de las instituciones nacionales no requiere subestimar o dejar de reconocer la extrema gravedad que se ha construido con medidas arbitrarias y vejatorias que ni siquiera son culpa del Poder Ejecutivo. Primero, distingamos entre Plan de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular, que dice relación con la regularización de los inmigrantes (mayoritariamente haitianos= en el país, y la ley 169-14, que tiene que ver directamente con la situación de desnacionalización y/o privación de documentos esenciales que han padecido más de 50 mil dominicanos desde 2007, y con aquellos dominicanos por derecho de nacimiento que no pudieron estar inscritos en los registros de nacimiento. Al respecto, seamos francos y dejemos de lado la tesis de que en el país se han normalizado o regularizado “más de 350 mil personas”, porque –lamentablemente- no es cierto. La verdad es que a la fecha de su cierre ni siquiera el 2% de los 288 mil registrados en el PRE había podido cumplir los requisitos, y que en esto incidieron fallas de diseño e implementación que afectaron las buenas intenciones y propósitos del programa. Sobre los desnacionalizados, un gran número de los 55 mil cuyas actas han sido reconocidas (el llamado grupo A) todavía no pueden recuperar sus documentos ni ejercer sus derechos a plenitud, y ni hablar de que sólo 8775 entre muchos más con derecho a la nacionalidad dominicana (el llamado grupo B) optaron por un proceso de apenas 180 días de plazo que los obligará –tal vez, si tienen éxito- a naturalizarse y con ello van tener menos derechos que otros dominicanos, estableciendo así clases o categorías discriminatorias de nacionalidad. Otro tema y del que no se habla, igual o peor de catastrófico, es el de todos los niños y niñas nacidos entre 2007 y 2010 (probablemente 50 mil o 60 mil) de padres en condición migratoria irregular que según la Constitución vigente les correspondía la nacionalidad dominicana, y se les ha negado mediante normas inconstitucionales de 2005 y 2007; para ellos no existe al día hoy ninguna solución. En tal sentido, es verdad que al día de hoy no hay casos de apatridia registrados en República Dominicana, pero las estimaciones más elementales pueden identificar que ha habido una apatridia de facto no oficializada y una apatridia potencial y numerosa. Como sea, un único caso ya sería escandaloso, y se requieren garantías mucho mayores que la voluntad presidencial, porque estamos hablando de normas y sentencias impuestas e inapelables, como la del Tribunal Constitucional.
6. Bajemos el tono del discurso. Por ejemplo, si el Canciller haitiano dice que en República Dominicana hay muchos más estudiantes universitarios que los “diez mil” contados en la UASD (y que ya se sabe que no son tantos) y afirma que muchos de ellos también asisten y pagan en universidades privadas (en primer lugar UTESA) eso no tiene que ser interpretado y traducido como que él “miente” negando la existencia de compatriotas suyos estudiando en la UASD. Esto, a su vez, tiene que ver con la perjudicial tendencia a, cada vez que hay un foro sobre el tema, mostrar la inmigración como un “costo” o una “carga” enumerando uno a uno los servicios y beneficios sociales que inmigrantes haitianos –regulares o irregulares- usan y “consumen” aquí. Esta forma de tratar el asunto es perjudicial por odiosa, ofensiva e injustificada, porque ni entre Estados ni personas es correcto aparecer “echando en cara” lo que se hace por otro, menos si se trata de derechos fundamentales de toda persona y cualquier parte del mundo, y porque en ningún foro internacional el Gobierno haitiano ha dicho que esos servicios no se presten o que esos beneficios no existen. Y también es perjudicial por imprecisa y sesgada, porque los inmigrantes haitianos no están en República Dominicana sencillamente “consumiendo”: si bien es verdad que el gasto en educación y salud públicas del cual se benefician ronda los 100 millones de dólares al año, esto es alrededor de un 2.8% del presupuesto total de Educación y Salud del país, y al mismo tiempo –según la propia ENI 2012 que se ha usado como fuente en los debates- esa inmigración aporta el 5.4% del PIB nacional, es decir más de 3000 millones de dólares cada año, además de ser Haití el único mercado con el cual la economía dominicana tiene superávit, con ventas que superan los 1000 millones de dólares a esa país y un crecimiento del 30% en las exportaciones a ese país.
7. Demos un mensaje claro a la comunidad internacional, al Gobierno haitiano y a quienes adentro del país quieren soluciones verdaderas, razonables, efectivas y justas: concluyamos el diseño y empecemos a implementar la Política Nacional de Derechos Humanos, establezcamos una nueva y verdadera Política Migratoria y Fronteriza, institucionalizando, tecnificando, depurando, reorganizando y recuperando el control estatal en estas materias. Además, pongamos de nuevo en orden nuestra relación con el sistema interamericano de derechos humanos, rehabilitando la competencia de la Corte Interamericana ante el Estado dominicano, competencia invalidada en una de las más torpes y cavernarias decisiones de las últimas décadas.
8. No resolvamos afuera lo que debe ser resuelto adentro. El país debe dialogar sobre los efectos terribles de años sin aplicar la Ley de Migración, de las sentencias de la SCJ 2005, de la resolución de 2007 de la JCE y la sentencia TC 168-13, escuchando en primer lugar a los afectados. Hay que ser capaces de restaurar confianzas y desterrar la división entre “malos” y “buenos” dominicanos. No es sólo el problema sino también la forma de tratarlo y abordarlo lo que nos ha expuesto y causado alarma en el mundo. Lo que es un tema dominicano no tiene que ser llevado a las relaciones bilaterales ni multilaterales con nadie. Es más, puede suceder que se haga, incluso que venga la OEA y cualquier otro organismo, pero sin reconocer seriamente el problema en toda su profundidad y gravedad, en primer lugar con las víctimas, y sin discutir las fallas de origen, diseño e implementación, no vamos a salir de una solución a lo sumo institucional para llegar a una respuesta plenamente humana y justa.