Cuando supe de la Sentencia 168-13 y sobre todo, cuando conocí de su carácter retroactivo al año 1929, indicado en su página 47, me escandalicé tratando de entender el alcance de tal medida. Más allá de que “En Derecho, la retroactividad es la aplicación de normas o actos jurídicos a hechos pasados o previos a la Ley y debido al principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre los derechos y obligaciones, por regla general no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a su sanción” , aplicar precisamente el fallo de esa sentencia a más de tres generaciones de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana –hablamos de más de 80 años-, me parecía de lo más tremendo, y nada tan grave ocurre solo porque sí ni gratuitamente. Alguna motivación muy fuerte debía subyacer, ¿un Poder, ¡obvio que sí!? ¿Una agenda? Definitivamente, pero cuál.
Nuestro país no es racista, pero sí que hay racismo en él. Son aspectos distintos y lo sé. Pero en los últimos años, tal parece que la meta es esa, convertirnos en racistas. El trabajo de la prensa y más de dos o tres hechos nada aislados luchan con ahínco por lograr este cometido. Pero esa no es la agenda, aunque así parezca, es una ficha del tablero completo; en todo caso, hacer de nosotros una masa humana odiosa hacia el haitiano, es como la fresa en el helado, el adorno que permite que la torta luzca como se desea; meta resultado perseguido por todo un aparataje expresado en titulares de prensa, noticias inventadas, justicia muda –yo no me olvido de Tulile, que justo este mes cumple un año más de asesinado y nada pasó-. En fin, que me seguía preguntando por los reales propósitos para tan desgraciada medida y su azarosa aplicación. Nunca me creí el cuento de organizar el tema migratorio. Aquí no existe voluntad política para lograr eso.
Más que claro tengo que el odio mueve mucho y hace mucho ruido, sobre todo cuando se instala en los colectivos humanos como lo han hecho los actores ¿invisibles? de ambos lados, coludidos con una prensa que se lava las manos, con una historia de invasión mal contada -hablo de aquella de 22 años, cuando solo éramos “la parte española”, no de la que gravita en la imaginación distorsionada de algunos compatriotas-.
Elucubrando llegué a encontrar una respuesta que cuadraba con todo. Respuesta que luego confirmé de labios de la politóloga Rosario Espinal, cuando en una entrevista afirmó que todo se trata de quitar poder a una descendencia que luego podría tener influencias en asuntos de la vida nacional, atentando, por tanto, contra la tan manoseada soberanía. Vaya usted a saber qué se hace con una soberanía que no es tal, en medio de tanta corrupción, inequidad e impunidad. Una soberanía que además es portátil y se traslada de un ámbito a otro según convenga. Pero, como siempre digo, ese sería otro tema que no abordaré, por ahora.
No ha sido una ni dos las veces que el país se inflama de orgullo cuando la prensa, en alguna de sus plataformas, anuncia, sin recurrir a términos peyorativos, ni nada parecido sino que todo lo contrario, que algún dominicano o dominicana está siendo objeto de reconocimiento por su labor en algún rincón de la tierra, sobre todo en Estados Unidos de América, que es hacia donde los nuestros más han migrado, o cuando alguno ha resultado electo o concursado, o apenas tomado en cuenta para tal o cual cargo público fuera de Dominicana.
Con lo dicho antes, no puedo menos que recordar las siguientes líneas de un artículo publicado por el periódico Hoy, en su versión digital el 30 de marzo de 2014, cito: “¿Puede la República Dominicana extender la nacionalidad dominicana hasta 458,233 haitianos residentes ilegales, cifra que representa el 87.3% de la población inmigrante que habita el país?
Debido a razones estratégicas de supervivencia como nación, la respuesta es NO. El sentido común indica que se debe impedir la creación de un poderoso grupo nacional extranjero interno, capaz de gravitar decisivamente sobre el destino dominicano.”. El articulista, sea por conveniente ignorancia o por una opinión harto sesgada, confunde al lector al mezclar dos temas: el migratorio y la situación de los desnacionalizados, generada por la retroactividad de la sentencia antes citada, aun cuando ambos temas están unidos por un mismo eje que les atraviesa: el caos migratorio del que se han lucrado los Estados haitiano y dominicano, por décadas.
¡Eureka! ¡Eh ahí la amenaza a nuestra bandera!, habrán dicho algunos con cara de espanto. ¿Que un dominicano descendiente de haitiano o haitiana pueda optar por alguna posición pública, que logre posiciones de relevancia en la vida nacional? ¡Jamás! No importando las calidades de estos nacionales, ni las capacidades técnicas e intelectuales que pudieran poner de manifiesto en cualquier escenario público o privado, tampoco importan los aportes y beneficios que pudiera entregar a la nación, su nación. ¡Ya tenemos un grupo de arios que lo hacen muy bien!
¡La sentencia y su aplicación retroactiva es un rotundo NO!, pero destinado solo a un grupo bastante específico. Bastó y era solo necesario que fueran descendientes de haitianos o haitianas para tejer un cerco legal que impidiera el paso a ese poder a cualquiera de ellos, así sea violando nuestra Constitución, aunque se pisaran derechos refrendados por el Estado dominicano en el Acuerdo Internacional de Declaración Universal de Derechos Humanos, y claro, aunque se deshonre la gran deuda moral que tiene el país con cientos de seres humanos traídos aquí solo para lucrar y lucrar, por años y años, a ambos países y familias ricas y poderosas.
¡Ah, pero verdad! Que arreglaron el problema con el Plan Nacional de Regularización y Naturalización. Yo no entiendo cómo se naturaliza a un natural; le di mil vueltas y nunca pude comprender tal engaño. La sentencia ya era un error y terminó pariendo otro. El plan, con todas sus falencias y una que otra fortaleza, sobre todo para migrantes de otras nacionalidades que estaban aquí en franco desorden migratorio, no fue informado a tiempo ni publicitado precisamente entre la población que más la necesitaba, de ahí que muchos no pudieran compilar a tiempo toda la documentación. Su difusión en televisión, radio y prensa escrita solo empezó a hacerse profusamente cuando apenas faltaban cerca de tres meses para agotarse el plazo de entrega. Luego se alegaron algunos problemas técnicos, según informó la Junta Central Electoral, en la persona del propio Roberto Rosario, sobre quien cayeron mil maldiciones, cuando este solo estaba ejecutando órdenes de las que, por cierto, nunca se desentendió, porque una persona siempre podrá decir ¡NO! o ¡SÍ!, según le guie la conciencia, de tenerla, claro.
Para rematar, hay abogados que esgrimen con altura el hecho de que la Constitución haitiana establece que todo descendiente de padre o madre haitianos es haitiano no importando dónde haya nacido. Pero no estamos en Haití, no podemos apelar a su Constitución. ¿Puede el Estado dominicano, puedo yo, puede usted, aplicar la Constitución haitiana en República Dominicana? Todos los afectados nacieron aquí, somos el país que conocen, su tierra, su lengua y sus costumbres. Puede el Estado dominicano decirles: “Mira, te quito la nacionalidad, naciste aquí, pero ahora decidimos que no eres más dominicano; pero no te preocupes, siempre puedes irte al país de uno de tus padres; vete para Haití, y solicita allá la nacionalidad.” Y claro, ese dominicano, esa dominicana, que está en todo el derecho de no optar por la nacionalidad haitiana, -y que nadie puede, bajo ningún alegato legal, obligarlo a hacerlo-, ser irá tranquilo, así no más. No hay forma de justificar tal atropello.
Lo ocurrido con la sentencia y su retroactividad no puede justificarse, no importa por dónde usted lo mire; o quizá, solo quizá, digo yo, si de buenas a primeras, los más de 900 mil norteamericanos hijos de descendientes dominicanos que no estaban precisamente en condición de legales al momento de sus hijos nacer, el Estado norteamericano les cantara el mismo párrafo de arriba, sugiriendo el mismo consuelo: “siempre pueden optar por la nacionalidad dominicana, pero norteamericanos no son más.”, puede ser que entonces algunos empiecen a ver la gravedad de lo que ha ocurrido aquí con los desnacionalizados.
La Sentencia 168-13 ya es violatoria de la Constitución, es mi opinión y la de algunos abogados constitucionalistas. Si el Estado dominicano hubiera tenido la voluntad política de arreglar el caos migratorio que vino a explotar en la cara del pobrecito de Medina, bien podían aplicarla desde el año 2010 en adelante, pero a ese traje se le vio el refajo de poder con olor a racismo y ambición cuando terminó, de un plumazo, desapareciendo a más de 3 generaciones de dominicanos, así nomás.
Nos vemos en la siguiente…